30 Noviembre 2011
El ministro de Salud, Pablo Yedlin, comenzó a acostumbrarse a las buenas noticias que le llegan desde los tribunales. Esta vez, el ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, avaló la actuación de la fiscala María de las Mercedes Carrizo y decidió no reabrir la causa penal por irregularidades cometidas en la contratación de la Fundación Salud (Funsal).
En abril, la fiscala Carrizo había dispuesto la clausura del expediente en el que se investigaba la contratación anómala de Funsal para que dicte cursos odontológicos por $ 800.000, en 2009. En los fundamentos de la disposición, la funcionaria había considerado que el ministro Yedlin y los funcionarios del Siprosa Alberto Sabaj y Daniel Álvarez Garmendia ya habían sido sancionados administrativamente por el Tribunal de Cuentas (TC) en 2010, y que no podían ser investigados dos veces por el mismo hecho. Yedlin, Sabaj y Álvarez Garmendia debieron pagar una multa equivalente a cinco sueldos por las anomalías que detectó el ente de control en ese expediente.
"Sin facultades"
En su resolución, el jefe de los fiscales consideró que no tenía competencia para resolver el pedido de reapertura presentado por los abogados denunciantes Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR). Para llegar a esa conclusión, advirtió que no podía entrometerse, como ministro fiscal, en el criterio adoptado por la fiscala Carrizo en las pesquisas.
De Mitri aseguró que como titular del Ministerio Público puede impartir instrucciones de carácter general "convenientes al servicio y al ejercicio de sus funciones". Sin embargo, aclaró que esas medidas sólo pueden fijar pautas procesales y necesidades del departamento judicial. "Esas instrucciones no constituyen disposiciones de superintendencia, sino reglas de actuación procesal que deben ser dictadas siempre en miras a la eficacia del ejercicio de la función, pero sin afectar el criterio de decisión del funcionario actuante", fundamentó el ministro fiscal. "El límite se halla en lo que podríamos denominar criterio profesional", reforzó el magistrado judicial en el escrito.
Al momento de disponer el archivo de la causa, la fiscala Carrizo sólo había realizado actuaciones complementarias, ya que Yedlin goza de privilegios constitucionales (fueros). Aquella vez, la funcionaria adujo que a lo largo de varios meses de investigación no halló elementos probatorios suficientes para continuar con la causa penal. Más aún, concluyó que no se produjo daño al erario público. "De la investigación penal llevada a cabo no se han colectado elementos de juicio que ameriten continuar con la instancia de la presente causa, más aún teniendo en cuenta que no se advierte por parte de los denunciados conductas ilícitas, que en forma directa o indirecta hayan afectado patrimonialmente bienes del estado provincial", aseguró.
Ayer, De Mitri la respaldó y denegó la reapertura del expediente. "Claramente, la cuestión planteada excede la competencia de este Ministerio a los fines de poder modificar el criterio de la fiscala (...) De lo contrario, este Ministerio supliría la actividad de los señores fiscales", sentenció el ministro fiscal.
Sin respuestas
La denuncia se hizo en febrero de 2010, luego de que LA GACETA diera cuenta de que un pago de $ 800.000 había sido anulado por el TC.
La fiscala sólo citó a declarar a funcionarios del Siprosa y a los fundadores de Funsal, aunque no a Héctor Silva Olivares, su titular.
La última actuación en la fiscalía se produjo en agosto de 2010, cuando fueron citados algunos miembros de Funsal. La causa se archivó en abril.
El ministro fiscal avaló el criterio de la fiscala y consideró que no puede entrometerse en los "criterios profesionales" con los que trabajó.
En 2010, el ministro Pablo Yedlin fue multado con cinco sueldos por el Tribunal de Cuentas, debido a las irregularidades detectadas.
En abril, la fiscala Carrizo había dispuesto la clausura del expediente en el que se investigaba la contratación anómala de Funsal para que dicte cursos odontológicos por $ 800.000, en 2009. En los fundamentos de la disposición, la funcionaria había considerado que el ministro Yedlin y los funcionarios del Siprosa Alberto Sabaj y Daniel Álvarez Garmendia ya habían sido sancionados administrativamente por el Tribunal de Cuentas (TC) en 2010, y que no podían ser investigados dos veces por el mismo hecho. Yedlin, Sabaj y Álvarez Garmendia debieron pagar una multa equivalente a cinco sueldos por las anomalías que detectó el ente de control en ese expediente.
"Sin facultades"
En su resolución, el jefe de los fiscales consideró que no tenía competencia para resolver el pedido de reapertura presentado por los abogados denunciantes Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR). Para llegar a esa conclusión, advirtió que no podía entrometerse, como ministro fiscal, en el criterio adoptado por la fiscala Carrizo en las pesquisas.
De Mitri aseguró que como titular del Ministerio Público puede impartir instrucciones de carácter general "convenientes al servicio y al ejercicio de sus funciones". Sin embargo, aclaró que esas medidas sólo pueden fijar pautas procesales y necesidades del departamento judicial. "Esas instrucciones no constituyen disposiciones de superintendencia, sino reglas de actuación procesal que deben ser dictadas siempre en miras a la eficacia del ejercicio de la función, pero sin afectar el criterio de decisión del funcionario actuante", fundamentó el ministro fiscal. "El límite se halla en lo que podríamos denominar criterio profesional", reforzó el magistrado judicial en el escrito.
Al momento de disponer el archivo de la causa, la fiscala Carrizo sólo había realizado actuaciones complementarias, ya que Yedlin goza de privilegios constitucionales (fueros). Aquella vez, la funcionaria adujo que a lo largo de varios meses de investigación no halló elementos probatorios suficientes para continuar con la causa penal. Más aún, concluyó que no se produjo daño al erario público. "De la investigación penal llevada a cabo no se han colectado elementos de juicio que ameriten continuar con la instancia de la presente causa, más aún teniendo en cuenta que no se advierte por parte de los denunciados conductas ilícitas, que en forma directa o indirecta hayan afectado patrimonialmente bienes del estado provincial", aseguró.
Ayer, De Mitri la respaldó y denegó la reapertura del expediente. "Claramente, la cuestión planteada excede la competencia de este Ministerio a los fines de poder modificar el criterio de la fiscala (...) De lo contrario, este Ministerio supliría la actividad de los señores fiscales", sentenció el ministro fiscal.
Sin respuestas
La denuncia se hizo en febrero de 2010, luego de que LA GACETA diera cuenta de que un pago de $ 800.000 había sido anulado por el TC.
La fiscala sólo citó a declarar a funcionarios del Siprosa y a los fundadores de Funsal, aunque no a Héctor Silva Olivares, su titular.
La última actuación en la fiscalía se produjo en agosto de 2010, cuando fueron citados algunos miembros de Funsal. La causa se archivó en abril.
El ministro fiscal avaló el criterio de la fiscala y consideró que no puede entrometerse en los "criterios profesionales" con los que trabajó.
En 2010, el ministro Pablo Yedlin fue multado con cinco sueldos por el Tribunal de Cuentas, debido a las irregularidades detectadas.
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