Antonio Bussi se entregó a las siete de hoy en la sede del Estado Mayor del Ejército, en la Capital Federal

Antonio Domingo Bussi se entregó a las siete de hoy en la sede del Estado Mayor del Ejército, en la Capital Federal, a causa de la orden de detención dictada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por la solicitud de extradición requerida por el magistrado español Baltasar Garzón, aunció el hijo del militar.
"Como hombre respetuoso de la Justicia, mi padre se puso a disposición de las autoridades competentes esta mañana. El juez dispuso que la entrega debía hacerse, en el caso de él, ante el comandante del Ejército, pero como este se encuentra en Estados Unidos, lo hizo ante el Estado Mayor", aseveró Ricardo Bussi.
El diputado nacional de Fuerza Republicana (FR) agregó a la radio tucumana Mitre que su padre "volvió a demostrar cuán respetuoso es de la Justicia, puesto que en 1998 fue el único gobernador que se sometió a un juicio político" por haber negado en una declaración jurada una cuenta bancaria en Suiza.
"Con su gesto, mi padre dijo: 'aquí estoy, dispongan de mí, como buen soldado del Ejército y ciudadano respetuoso de las leyes'. Fue el primero (está con su esposa, Josefina Bigolio) y entiendo que otros habrían decidido no presentarse (a la Justicia)", precisó el diputado nacional desde la Capital Federal.Bussi (h) anticipó que durante el período que dure el juicio de extradición que llevará adelante Canicoba Corral -debe citarlo a una audiencia para explicarle los motivos del pedido de Garzón- el ex gobernador de Tucumán (1995-1999) solicitará un arresto domiciliario en la Capital Federal.
"Pediremos el arresto domiciliario, beneficio que se concede a los mayores de 70 años, y él tiene 77. En tal caso, para evitar convulsiones y confrontaciones estériles en Tucumán, lo mejor sería que esa medida se cumpla en Buenos Aires y así se lo solicitaremos al juez", manifestó el legislador nacional.
Pese a que el ex comandante de la V Brigada de Infantería, con asiento en Tucumán entre 1977-1978, se puso a disposición de las autoridades, el diputado nacional lamentó que la disposición de canicoba Corral "no tenga en cuenta las leyes sancionadas por el Congreso y el decreto 1581".
En tiempos de la dictadura militar, Bussi instaló un impresionante aparato represivo en Tucumán que incluyó la desaparición de miles de personas, la "deportación" de desocupados tucumanos a otras provincias y la construcción de grandes y largos muros que "tapaban" a los barrios carenciados a los turistas.
"El decreto del gobierno de Fernando de la Rúa (que impide que los acusados de violaciones a los derechos humanos puedan ser xtraditados) tuvo como mentores a Ricardo Gil Laavedra y a Jorge de la Rúa, dos prestigiosos abogados de los que no se puede sospechar de que estén impregnados de connotaciones ideológica. La norma reivindica el principio de la territorialidad de la jurisdicción argentina", dijo.
Bussi (h) insistió en que el decreto, que impide las extradiciones por delitos cometidos en el país, deja en claro que "la Argentina es un país soberano, que funciona con instituciones plenas".
El diputado conjeturó que el presidente Néstor Kirchner, seguramente, derogará el decreto 1.581, con lo que "seguirá mirándose las cosas desde el espejo retrovisor del pasado y no se avanzará con el parabrisas hacia adelante y hacia el futuro".
El ex gobernador e intendente electo de la capital tucumana se entregó al Ejército luego de que Canicoba Corral ordenó la detención de 45 militares y un civil por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
Canicoba Corral respondió al pedido de extradición formulado por el magistrado ibérico Baltasar Garzón, quien pretende que los militares sean juzgados en aquel país, puesto que entre los desaparecidos (435 corresponden solamente a Tucumán) se encuentran muchos españoles o descendientes de esa nacionalidad.
Fuentes judiciales explicaron a Télam que los militares a los que se les solicitó la detención pueden entregarse ante una depencia de la Justicia Federal, de las Fuerzas Armadas o en una comisaría. (Télam)