Por Redacción Política
25 Julio 2003
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El pasado volvió a complicarle el presente a Antonio Domingo Bussi. Anoche el juez federal de feria de Tucumán, Jorge Parache, aún no había recibido ningún exhorto de su par porteño Rodolfo Canicoba Corral. Este ordenó la detención de 45 altos militares y un civil -entre ellos el titular de Fuerza Republicana-, cuya extradición reclama el juez español Baltasar Garzón, por violaciones a los derechos humanos (genocidio) durante el Proceso Militar.
El exhorto (rogatoria que un juez recibe de un magistrado de otra circunscripción territorial para que cumpla una medida dispuesta por el segundo) sería clave para concretar la detención ordenada por Canicoba Corral en el caso de que Bussi regrese a Tucumán. Anoche, fuentes del Congreso Nacional confirmaron a LA GACETA que el militar retirado está en Capital Federal.
Si Bussi continúa en la Capital Federal no hace falta ningún exhorto para que se cumpla la orden dispuesta (sí, si regresa a Tucumán o, por ejemplo, se va a Entre Ríos, de donde es oriundo). El dirigente republicano Pablo Calvetti reconoció que mantuvo contactos telefónicos con el ex gobernador, pero dijo que desconoce su paradero. "Está tranquilo con su conciencia. Además, sabe que sólo podrán tocarlo si se pisotean la Constitución nacional y la soberanía argentina", afirmó.
Decisión de Pampuro
Si Parache recibe el exhorto sólo le quedará hacer cumplir la orden, según las normas procesales vigentes. Cualquier discusión judicial deberá hacérsela ante Canicoba Corral, según confió una alta fuente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
A diferencia de lo que sucede habitualmemte, a la detención no la concretará la Policía Federal, sino el propio Ejército (a esa arma pertenece Bussi).
Anoche, el ministro de Defensa, José Pampuro, decretó que las Fuerzas Armadas instrumenten las medidas necesarias para cumplir con la resolución dispuesta por Canicoba Corral. Las distintas guarniciones castrenses -esto variará, según el requerido sea del Ejército, de la Armada o de la Fuerza Aérea- deberán alojarlos en las diferentes unidades. En el caso de que Bussi regrese a Tucumán, Parache le girará la orden a la máxima autoridad del Ejército en la provincia, coronel Enrique Stell.
Buena voluntad
Existirían demoras en la tramitación de los exhortos -para los casos de los militares que no están en Capital Federal- por meros detalles. Canicoba Corral le solicitó a la jueza federal con competencia electoral número uno de la Capital Federal, María Servini de Cubría, los domicilios de los militares requeridos por Garzón. Esta información es fundamental para saber cuáles son los casos en los que corresponde librar exhortos y cuáles no.
A lo largo de la agitada jornada, el magistrado que ordenó las históricas detenciones confiaba en que los requeridos por el español Garzón cooperarán y se entregarán voluntariamente.
Massera se halla en grave estado
BUENOS AIRES.- Muchos de los militares buscados por la Justicia son ahora ancianos o sufren problemas de salud; incluso hay dos que permanecen bajo arresto domiciliario. Se trata de Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, quien fue declarado por los médicos en estado vegetativo.
La movida del juez español Baltasar Garzón se inscribe en el juicio al proceso militar que se tramita en la Audiencia Nacional de España desde 1996, causa por la cual están procesados y presos en ese país los marinos Ricardo Miguel Cavallo y Adolfo Scilingo.
Además, Garzón libró una orden de superembargo preventivo por un valor de 2.600 millones de euros sobre los bienes de todos los imputados, para que respondan por su responsabilidad civil al reclamo de las familias de las víctimas.
Las comisiones rogatorias de Garzón llegaron ayer a Interpol y, según fuentes judiciales, en lugar de dar cumplimiento automático Interpol las remitió al juzgado federal de turno, esta vez a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, con la participación además del secretario Miguel Ambrosio y del fiscal Guillermo Marijuan.
El juez Canicoba Corral explicó ayer, en tribunales, que el pedido de detención es un trámite previo al pedido formal de extradición. El magistrado agregó que se trata de una medida "casi automática", a la vez que consideró que "impartida la orden internacional de detención vigente, y una vez constatada, se procede al arresto".
Luego de la denominada "audiencia de conocimiento" en la que se los informa de su situación procesal, los imputados irían detenidos a unidades militares y de la Gendarmería.
CLAVES DE LA CAUSA
¿QUE LE RESTA POR HACER AL JUEZ GARZON?.- A partir de hoy el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, tendrá 30 días de plazo para hacer llegar a la Argentina los fundamentos y demás elementos del pedido de extradición. Sobre ellos sí se cernirá el decreto 1581/01, aún vigente, suscripto por Fernando de la Rúa cuando era presidente de la Nación, que prohíbe que los ciudadanos argentinos sean extraditados por crímenes cometidos en el país. El presidente Néstor Kirchner dio a entender que quiere derogarlo, pero aún no lo hizo.
¿CUALES SON LOS PASOS QUE SIGUEN?.- Los ex militares sobre los que se liberó la orden de captura deberán entregarse. Se descarta que plantearán medidas de eximición de prisión, pero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ya adelantó que la excarcelación no es aplicable en juicios de extradición.
¿BUSSI PUEDE SER DETENIDO SIENDO INTENDENTE ELECTO?.- Sí. Actualmente no ocupar ningún cargo público, electivo o de designación, que lo invista de inmunidad, fueros o privilegios constitucionales. "Los intendentes, además, no tienen fueros", señaló el juez Canicoba Corral, con lo cual, aun habiendo asumido, podría se arrestado.
¿CUAL ES LA POSICION DEL GOBIERNO NACIONAL?.- El Gobierno, a través del ministro de Defensa, José Pampuro, ordenó a las autoridades de las Fuerzas Armadas que instrumenten las medidas necesarias para cumplir con la resolución del juez federal Canicoba Corral.
El exhorto (rogatoria que un juez recibe de un magistrado de otra circunscripción territorial para que cumpla una medida dispuesta por el segundo) sería clave para concretar la detención ordenada por Canicoba Corral en el caso de que Bussi regrese a Tucumán. Anoche, fuentes del Congreso Nacional confirmaron a LA GACETA que el militar retirado está en Capital Federal.
Si Bussi continúa en la Capital Federal no hace falta ningún exhorto para que se cumpla la orden dispuesta (sí, si regresa a Tucumán o, por ejemplo, se va a Entre Ríos, de donde es oriundo). El dirigente republicano Pablo Calvetti reconoció que mantuvo contactos telefónicos con el ex gobernador, pero dijo que desconoce su paradero. "Está tranquilo con su conciencia. Además, sabe que sólo podrán tocarlo si se pisotean la Constitución nacional y la soberanía argentina", afirmó.
Decisión de Pampuro
Si Parache recibe el exhorto sólo le quedará hacer cumplir la orden, según las normas procesales vigentes. Cualquier discusión judicial deberá hacérsela ante Canicoba Corral, según confió una alta fuente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
A diferencia de lo que sucede habitualmemte, a la detención no la concretará la Policía Federal, sino el propio Ejército (a esa arma pertenece Bussi).
Anoche, el ministro de Defensa, José Pampuro, decretó que las Fuerzas Armadas instrumenten las medidas necesarias para cumplir con la resolución dispuesta por Canicoba Corral. Las distintas guarniciones castrenses -esto variará, según el requerido sea del Ejército, de la Armada o de la Fuerza Aérea- deberán alojarlos en las diferentes unidades. En el caso de que Bussi regrese a Tucumán, Parache le girará la orden a la máxima autoridad del Ejército en la provincia, coronel Enrique Stell.
Buena voluntad
Existirían demoras en la tramitación de los exhortos -para los casos de los militares que no están en Capital Federal- por meros detalles. Canicoba Corral le solicitó a la jueza federal con competencia electoral número uno de la Capital Federal, María Servini de Cubría, los domicilios de los militares requeridos por Garzón. Esta información es fundamental para saber cuáles son los casos en los que corresponde librar exhortos y cuáles no.
A lo largo de la agitada jornada, el magistrado que ordenó las históricas detenciones confiaba en que los requeridos por el español Garzón cooperarán y se entregarán voluntariamente.
Massera se halla en grave estado
BUENOS AIRES.- Muchos de los militares buscados por la Justicia son ahora ancianos o sufren problemas de salud; incluso hay dos que permanecen bajo arresto domiciliario. Se trata de Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, quien fue declarado por los médicos en estado vegetativo.
La movida del juez español Baltasar Garzón se inscribe en el juicio al proceso militar que se tramita en la Audiencia Nacional de España desde 1996, causa por la cual están procesados y presos en ese país los marinos Ricardo Miguel Cavallo y Adolfo Scilingo.
Además, Garzón libró una orden de superembargo preventivo por un valor de 2.600 millones de euros sobre los bienes de todos los imputados, para que respondan por su responsabilidad civil al reclamo de las familias de las víctimas.
Las comisiones rogatorias de Garzón llegaron ayer a Interpol y, según fuentes judiciales, en lugar de dar cumplimiento automático Interpol las remitió al juzgado federal de turno, esta vez a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, con la participación además del secretario Miguel Ambrosio y del fiscal Guillermo Marijuan.
El juez Canicoba Corral explicó ayer, en tribunales, que el pedido de detención es un trámite previo al pedido formal de extradición. El magistrado agregó que se trata de una medida "casi automática", a la vez que consideró que "impartida la orden internacional de detención vigente, y una vez constatada, se procede al arresto".
Luego de la denominada "audiencia de conocimiento" en la que se los informa de su situación procesal, los imputados irían detenidos a unidades militares y de la Gendarmería.
CLAVES DE LA CAUSA
¿QUE LE RESTA POR HACER AL JUEZ GARZON?.- A partir de hoy el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, tendrá 30 días de plazo para hacer llegar a la Argentina los fundamentos y demás elementos del pedido de extradición. Sobre ellos sí se cernirá el decreto 1581/01, aún vigente, suscripto por Fernando de la Rúa cuando era presidente de la Nación, que prohíbe que los ciudadanos argentinos sean extraditados por crímenes cometidos en el país. El presidente Néstor Kirchner dio a entender que quiere derogarlo, pero aún no lo hizo.
¿CUALES SON LOS PASOS QUE SIGUEN?.- Los ex militares sobre los que se liberó la orden de captura deberán entregarse. Se descarta que plantearán medidas de eximición de prisión, pero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ya adelantó que la excarcelación no es aplicable en juicios de extradición.
¿BUSSI PUEDE SER DETENIDO SIENDO INTENDENTE ELECTO?.- Sí. Actualmente no ocupar ningún cargo público, electivo o de designación, que lo invista de inmunidad, fueros o privilegios constitucionales. "Los intendentes, además, no tienen fueros", señaló el juez Canicoba Corral, con lo cual, aun habiendo asumido, podría se arrestado.
¿CUAL ES LA POSICION DEL GOBIERNO NACIONAL?.- El Gobierno, a través del ministro de Defensa, José Pampuro, ordenó a las autoridades de las Fuerzas Armadas que instrumenten las medidas necesarias para cumplir con la resolución del juez federal Canicoba Corral.
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