Por Redacción Política
25 Julio 2003
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Antonio Bussi podría requerir que el proceso de extradición que solicitó el magistrado español Baltasar Garzón se desarrolle ante los jueces federales de Tucumán y no ante Rodolfo Canicoba Corral, quien dispuso su detención, la de otros 44 militares y la de un civil por violaciones a los derechos humanos.
Si Bussi se entrega en Tucumán o es detenido en esta provincia deberá ser puesto a disposición de Canicoba Corral en la Capital Federal. No obstante, el ex gobernador podría plantear una cuestión de competencia. Las dos vías procesales para hacerlo son la declinatoria (en este caso, ante el propio magistrado porteño) y la inhibitoria (debería requerirle a uno de los jueces federales de Tucumán que se declare competente y que le solicite a Canicoba Corral que se inhiba). No obstante, según las normas procesales vigentes, estas situaciones, de plantearse, no suspenden la ejecución de la orden de detención dictada.
Anoche en Fuerza Republicana estudiaban la estrategia procesal a seguir y aún no habían resuelto quién asumirá la defensa. "Conmigo nadie se comunicó. Pero no puedo hacerlo porque soy constitucionalista, aunque podría recomendarles buenos penalistas", reconoció a LA GACETA desde Tres Arroyos, Buenos Aires, Gregorio Badeni. Este asesoró a FR en otros temas.
TRAMITACION DEL PEDIDO DE EXTRADICION
Más allá de lo que resuelva el juez federal Rodolfo Canicoba Corral (o los otros que intervengan), el Poder Ejecutivo Nacional tendrá la última palabra sobre las extradiciones solicitadas por el magistrado español Baltasar Garzón contra 45 militares argentinos y un civil por violaciones a los derechos humanos.
Cada uno de los pedidos se tramitará en forma separada. Una vez que los requeridos sean detenidos, el magistrado competente (ver "Podrían...") los citará para informales sobre los motivos de tal situación y les dará detalles sobre la solicitud de extradición. Luego, el juez dispondrá la citación a juicio. No obstante, en todo momento, los militares podrán consentir que se los extradite a España para ser juzgados allí.
El procedimiento -duraría seis meses- concluirá con una sentencia sobre la procedencia o no de la extradición, que será apelable ante la Corte Suprema Nacional.
La Ley 24.767 (de Cooperación Internacional en Materia Penal) establece que, más allá de lo que decida la Justicia, el PEN puede denegar la extradición por razones de seguridad, orden público o soberanía. Aún rige el decreto 1.581, firmado por Fernando de la Rúa, que impide la extradición por delitos cometidos en el país. Esta norma, que Néstor Kirchner prometió derogar, no obsta que se dispongan órdenes de detención provisorias, como sucedió ayer.
LOS REPUBLICANOS DEFIENDEN A SU JEFE
CONJETURA.- "Hay un decreto vigente que impide la extradición de ciudadanos argentinos por delitos cometidos en el país. Por ello me parece extraño que un juez pida la detención de los ex militares". La opinión es del legislador electo por FR Ernesto Padilla, quien fue abogado defensor del ex gobernador Antonio Bussi durante el juicio político del 99. Padilla aclaró que no habló con Bussi, pero estimó que el intendente electo podría plantear la eximición de prisión (tiene 77 años), con lo cual le correspondería arresto domiciliario, y ponerse a disposición de la Justicia. "Bussi siempre respondió a los requerimientos de la Justicia y esta no será la excepción", dijo.
"NOS DAN LA RAZON".- "Cuando planteamos la impugnación a la candidatura a intendente de Antonio Bussi sostuvimos que el postulante estaba procesado y con orden de captura internacional, y que por lo tanto, no era idóneo. Ahora la Justicia Universal nos da la razón". La afirmación es de Marta Rondoletto, Virginia Sosa, Luis Rojas y Miguel López, de la organización de derechos humanos Familiares de Desaparecidos, y Laura Figueroa, abogada de la agrupación.
DESMENTIDA.- El canal de cable Todo Noticias le atribuyó a Bussi (h) haber dicho que su padre estaba en Entre Ríos y que se entregaría hoy. Calvetti negó a este diario esa versión.
DEFENSA.- "Para tocar a Antonio Bussi van a tener que pisotear la Constitución. Lo votaron 100.000 personas que vivieron en Tucumán durante la década del 70 y que saben que si no fuera por él la provincia hoy sería Colombia", puntualizó el abogado Pablo Calvetti, asesor del diputado Ricardo Bussi. El parlamentario, por su parte, se rehusó hacer declaraciones a LA GACETA. Su par Roberto Lix Klett consideró que el pedido de detención "es una claudicación de la Justicia argentina y un avasallamiento a la soberanía nacional".
EN LA RED.- Los diarios españoles "El País", "El Mundo" y "ABC" informaron en sus sitios web sobre "el juez federal argentino" que ordenó la detención de "altos cargos de la dictadura". La CNN, por su parte, anunció la noticia como el primer titular de su sección "Américas".
Si Bussi se entrega en Tucumán o es detenido en esta provincia deberá ser puesto a disposición de Canicoba Corral en la Capital Federal. No obstante, el ex gobernador podría plantear una cuestión de competencia. Las dos vías procesales para hacerlo son la declinatoria (en este caso, ante el propio magistrado porteño) y la inhibitoria (debería requerirle a uno de los jueces federales de Tucumán que se declare competente y que le solicite a Canicoba Corral que se inhiba). No obstante, según las normas procesales vigentes, estas situaciones, de plantearse, no suspenden la ejecución de la orden de detención dictada.
Anoche en Fuerza Republicana estudiaban la estrategia procesal a seguir y aún no habían resuelto quién asumirá la defensa. "Conmigo nadie se comunicó. Pero no puedo hacerlo porque soy constitucionalista, aunque podría recomendarles buenos penalistas", reconoció a LA GACETA desde Tres Arroyos, Buenos Aires, Gregorio Badeni. Este asesoró a FR en otros temas.
Más allá de lo que resuelva el juez federal Rodolfo Canicoba Corral (o los otros que intervengan), el Poder Ejecutivo Nacional tendrá la última palabra sobre las extradiciones solicitadas por el magistrado español Baltasar Garzón contra 45 militares argentinos y un civil por violaciones a los derechos humanos.
Cada uno de los pedidos se tramitará en forma separada. Una vez que los requeridos sean detenidos, el magistrado competente (ver "Podrían...") los citará para informales sobre los motivos de tal situación y les dará detalles sobre la solicitud de extradición. Luego, el juez dispondrá la citación a juicio. No obstante, en todo momento, los militares podrán consentir que se los extradite a España para ser juzgados allí.
El procedimiento -duraría seis meses- concluirá con una sentencia sobre la procedencia o no de la extradición, que será apelable ante la Corte Suprema Nacional.
La Ley 24.767 (de Cooperación Internacional en Materia Penal) establece que, más allá de lo que decida la Justicia, el PEN puede denegar la extradición por razones de seguridad, orden público o soberanía. Aún rige el decreto 1.581, firmado por Fernando de la Rúa, que impide la extradición por delitos cometidos en el país. Esta norma, que Néstor Kirchner prometió derogar, no obsta que se dispongan órdenes de detención provisorias, como sucedió ayer.
CONJETURA.- "Hay un decreto vigente que impide la extradición de ciudadanos argentinos por delitos cometidos en el país. Por ello me parece extraño que un juez pida la detención de los ex militares". La opinión es del legislador electo por FR Ernesto Padilla, quien fue abogado defensor del ex gobernador Antonio Bussi durante el juicio político del 99. Padilla aclaró que no habló con Bussi, pero estimó que el intendente electo podría plantear la eximición de prisión (tiene 77 años), con lo cual le correspondería arresto domiciliario, y ponerse a disposición de la Justicia. "Bussi siempre respondió a los requerimientos de la Justicia y esta no será la excepción", dijo.
"NOS DAN LA RAZON".- "Cuando planteamos la impugnación a la candidatura a intendente de Antonio Bussi sostuvimos que el postulante estaba procesado y con orden de captura internacional, y que por lo tanto, no era idóneo. Ahora la Justicia Universal nos da la razón". La afirmación es de Marta Rondoletto, Virginia Sosa, Luis Rojas y Miguel López, de la organización de derechos humanos Familiares de Desaparecidos, y Laura Figueroa, abogada de la agrupación.
DESMENTIDA.- El canal de cable Todo Noticias le atribuyó a Bussi (h) haber dicho que su padre estaba en Entre Ríos y que se entregaría hoy. Calvetti negó a este diario esa versión.
DEFENSA.- "Para tocar a Antonio Bussi van a tener que pisotear la Constitución. Lo votaron 100.000 personas que vivieron en Tucumán durante la década del 70 y que saben que si no fuera por él la provincia hoy sería Colombia", puntualizó el abogado Pablo Calvetti, asesor del diputado Ricardo Bussi. El parlamentario, por su parte, se rehusó hacer declaraciones a LA GACETA. Su par Roberto Lix Klett consideró que el pedido de detención "es una claudicación de la Justicia argentina y un avasallamiento a la soberanía nacional".
EN LA RED.- Los diarios españoles "El País", "El Mundo" y "ABC" informaron en sus sitios web sobre "el juez federal argentino" que ordenó la detención de "altos cargos de la dictadura". La CNN, por su parte, anunció la noticia como el primer titular de su sección "Américas".
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