Los decretos enfrentan a la gestión que llega con la que se va

Los roces de la transición ya comenzaron a sacar chispas. Y la Legislatura parece ser el taller de fragua en el cual se dirimirán las primeras exigencias de la administración que llega, y las últimas resistencias de la gestión que se despide. La cuestión en la que ya se avizoran los primeros encontronazos tiene que ver con la Ley 6.686, que reglamenta la aplicación de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo.
Fuentes cercanas al gobernador electo, José Alperovich, aseguraron ayer a LA GACETA que se busca que esa norma sea modificada por esta gestión, para darle mayor capacidad de acción al mandatario. Pero desde Casa de Gobierno se negó que se esté pensando en pedir tal flexibilización a la Legislatura. Y en la Cámara, directamente se descartó que los actuales parlamentarios vayan a ocuparse de ese tema.

Las limitaciones
Proyecto del ex legislador Tiburcio López Guzmán, sancionado el 27 de abril de 1993, el texto legal establece que los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Gobierno deben ser comunicados en un plazo de cinco días hábiles a la Cámara, la cual debe ratificarlos, a más tardar, 20 días hábiles después.
Pasado ese lapso, el silencio parlamentario determinará la caducidad del instrumento. Otra limitación estipulada en la 6.686 es la que impide al gobernador legislar, por esta vía excepcional, en materia penal, tributaria o electoral, y en lo referido a la conformación de los órganos del Estado.
En otras provincias, como en Salta, los decretos del Poder Ejecutivo tienen vigencia hasta que son expresamente derogados por el Poder Legislativo, facultad de la que quiere gozar Alperovich. De hecho, ese era el sistema que regía en Tucumán hasta el 93.
"Francamente, no creo que esta Cámara vaya a ocuparse de esa cuestión. Por el contrario, creo que es el próximo cuerpo el que debería hacerlo", manifestó el vicegobernador Sisto Terán.El presidente de la Legislatura reconoció que también opina que debe modificarse la Ley 6.686. "En Tucumán hay un rico historial de decretos que dicta el Gobierno para modificar los anteriores que cayeron por falta de tratamiento legislativo; y de leyes que ratifican la validez de instrumentos que caducaron. Pero este es un tema delicado. Diría que es tan importante como la Ley de Lemas. Hay acuerdo general en que debe ser perfeccionada, pero de ahí a lograr los consensos para concretar eso hay una distancia sideral", puntualizó Terán.

El espíritu de la norma
Originalmente, el proyecto presentado por López Guzmán (hoy asesor del Poder Ejecutivo) durante la gobernación de Ramón Ortega establecía que la Cámara debía ratificar los decretos, después de comunicados, en un plazo de 10 días hábiles; caso contrario, perdían validez. Pero en el debate parlamentario, el entonces también legislador José Carbonell propuso duplicar ese plazo, iniciativa que prosperó.
"Este modelo fue tomado de la Constitución de Italia y busca evitar la concentración de facultades en uno solo de los poderes del Estado. Consecuentemente, busca fortalecer la seguridad jurídica", especificó el autor.