El temor de hablar contra el Gobierno

Por Fernando García Soto 14 Noviembre 2011
El representante de una conocida marca de automotores respondía consultas de LA GACETA sobre las características de un vehículo en particular que presentaron la semana pasada en Tucumán, cuando decantó una pregunta de rigor en estos casos: ¿y cómo ven ustedes la marcha de la economía argentina, en especial lo referido a los controles que el Gobierno ejerce sobre la demanda de dólares? "No, sobre esos temas desconozco; no puedo responder". Fin de la entrevista.

Es usual que en la Argentina de hoy los empresarios se cuiden de expresar puntos de vista contrarios a las políticas oficiales, por más que haya medidas que surgen de decisiones gubernamentales que pudieran no favorecerlos. Un especialista que a menudo es consultado por nuestro diario sobre temas vinculados con la evolución del precio de la soja -y el impacto que las políticas gubernamentales tienen en el desarrollo de este cultivo-, asegura que, tras cada artículo periodístico en el que su nombre es mencionado, recibe la "visita" de inspectores de la AFIP. Trasladada una situación de este tipo al ámbito local, agentes de la Dirección General de Rentas (DGR) suelen elegir como blancos predilectos de controles "imprevistos" a aquellos dirigentes empresarios que se ocupan de cuestionar políticas públicas o que denuncian algún tipo de irregularidades. A estos hombres de negocios "díscolos" también les caen inspecciones de la Secretaría de Trabajo cuando sus dichos resultan molestos para las autoridades.

En Tucumán, incluso, hay propietarios de ingenios azucareros que se imaginan que funciona un entramado de intrigas en su contra, con alcance incluso en la Justicia Federal, que hasta ahora ejerció una fuerte presión para que las fábricas azucareras y citrícolas se pusieran al día con sus compromisos de inversiones para el cuidado del medio ambiente.

La coacción como método de controlar voluntades no es nueva en la Argentina, ni mucho menos en la actual gestión de Gobierno. Son conocidas las bravuconadas del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para doblegar a sus adversarios políticos, como aquel episodio en que este funcionario se colocó guantes de box durante una asamblea del directorio de Papel Prensa, entre muchas otras intervenciones de este tipo que lo tuvieron como protagonista.

Está claro que Moreno no puede salir a atropellar a todo aquel que se opone al Gobierno o que piensa y expresa que alguna medida oficial no es la adecuada. Para esa tarea velada, que no puede ser exhibida como acto público, está la AFIP y sus controles.

Por estos días, la cuestión económica se superpuso a los temas políticos, que parecen haber entrado en una especie de paréntesis luego de que concluyeran los diversos momentos electorales que hubo todo el año, en particular la elección nacional. Para frenar la sangría de dólares del sistema financiero, la gestión de Cristina Fernández impuso férreos controles que distorsionan el mercado cambiario, y que ponen de mal humor a empresarios y operadores. Hoy, los inversores miran con recelo la marcha de la economía, en parte porque hay temas sin resolver que despertaron la avidez por el dólar, y porque el Gobierno decidió intervenir en la situación con restricciones en lugar de aplicar soluciones de fondo, que inyecten confianza en el sistema. La evolución al alza del dólar paralelo, o "blue", es señal inequívoca de que al merado no se lo convence con prepotencias. En este escenario, hablar, cuestionar o rechazar las medidas oficiales, puede ser sinónimo de dolor de cabeza para quienes se atreven a quejarse.

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