Por Álvaro José Aurane
29 Octubre 2011
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Armand-Jean du Plessis, mejor conocido por su título de Cardenal de Richelieu, es un arquetipo de la centralización del poder. Fue durante casi dos décadas primer ministro de Luis XIII de Francia, en el siglo XVII: dejó el cargo porque se murió. Y a la vez que hombre clave para consolidar la monarquía, fue un cultor de la censura y el espionaje. En la literatura, Alejandro Dumas inmortalizó su mala fama en Los tres mosqueteros. Más tarde, una versión tan extendida como falaz instaló su nombre en la política. Erróneamente, se pretende que en su tumba (profanada durante la Revolución Francesa) su epitafio reza: "todo el bien que hizo, lo hizo mal; todo el mal que hizo, lo hizo bien".
Es verdad: el cliché es toda una tentación para describir gobiernos subtropicales. Y es no menos cierto que el alperovichismo cumple hoy ocho años de ejercer un modelo de concentración de poder pedestre pero incesante. Sin embargo, también es real que, luego de dos gestiones consecutivas, el oficialismo muestra logros valiosos: hay muchas cosas buenas que hizo bien. Se las puede sintetizar en un concepto: la recuperación de funciones vitales del Estado. Un hecho que, aunque no tiene nombre rimbombante, es trascendental. Esto refiere, por un lado, a la reactivación de la obra pública de bajo impacto pero amplio alcance social (fundamentalmente, pavimento y cordón cuneta). Y tiene que ver, por otro, con el rescate de servicios esenciales, como la salud y la educación pública, que han vuelto a ser opción para vastos sectores de la población.
Por supuesto, hay bemoles. En primer lugar, es la Argentina en general la que está levantándose, y las inversiones de la Nación en infraestructura (viviendas, rutas, hospitales y escuelas) han contribuido a que el Gobierno local pueda mostrar, con plata ajena, bienes para los tucumanos. En segundo término, en América latina, de las crisis siempre se sale peor que cómo se entró.
Aún así, para demostrar que el alperovichismo tiene bastante para anotar en su haber alcanza con un ejercicio simple: comparar la situación social y económica actual con la del mirandismo.
El problema es que, de la misma manera, el alperovichismo también ha hecho muchas cosas mal. Y no se trata de fracasos en políticas públicas, como se da en seguridad, sino de una cuestión mucho más profunda. Puede resumirse también en un concepto: la gestión de la obra y de los servicios públicos jamás se comportó como el Gobierno de un legítimo Estado de Derecho. Es decir, la república no se puede recuperar del alperovichismo.
Los requisitos básicos de todo sistema republicano de gobierno atestiguan que todo ese mal que se hizo fue concretado de la peor manera posible.
Seis aplazos
El primer requisito de la república es la soberanía popular, ante el cual la Casa de Gobierno, no contenta con el festival de candidatos testimoniales que se hicieron votar para nunca asumir, vuelve a presentar el caso del vicegobernador en abuso de licencia. Resulta que Juan Manzur, compañero de fórmula de José Alperovich, no va a asumir para aquello que los tucumanos lo escogieron (presidir la Legislatura). Por el contrario, seguirá desempeñándose decorativamente como ministro de Salud de la Nación, "porque la Presidenta lo pide". ¿Lo que los tucumanos votaron no importa?
La segunda pauta es la división de poderes. En Tucumán no se consigue. La Legislatura ya ni siquiera reviste la condición de escribanía de Casa de Gobierno: como los Decretos de Necesidad y Urgencia quedan firmes si la Cámara no los trata, no hace falta el sello parlamentario para que el Poder Ejecutivo obtenga las normas que quiera. Y en el Poder Judicial sólo es cuestión de tiempo hasta que la Corte se convierta en un club de amigos y ex funcionarios del Gobierno.
El tercer valor republicano es la igualdad. Bastará decir que el gobernador (sólo él y nadie más que él) es el único tucumano, de entre 1,5 millón de comprovincianos, que puede y podrá gobernar la provincia por tres mandatos consecutivos. Y si cumple con su ya declarado antojo, será el único en aspirar a cuatro períodos seguidos. Por cierto, el cuarto ítem es la periodicidad de los cargos.
El quinto es la responsabilidad por la función pública. En dos palabras: "hacerse cargo". ¿De qué? De haber cumplido con el mandato popular de administrar los fondos públicos persiguiendo el bien común y el interés público. En otras dos palabras, "rendir cuentas". Al respecto, el informe del Tribunal de Cuentas acerca de lo que el Gobierno hizo con la plata de los tucumanos el año pasado (Cuenta de Inversión 2010) dice que no se puede saber si toda la plata que mandó la Nación es toda la que debía enviar. Que del dinero que si llegó, no puede establecerse la naturaleza del recurso y, por ende, tampoco el objeto del gasto. Esto se debe a que las partidas no son exhibidas individualmente sino de manera global. Y que de la plata que sí llegó y se gastó, no se sabe bien cuánto queda. Los saldos presupuestarios de la Administración Central y los Poderes del Estado, justo en el nivel de la partida donde se imputa el gasto, "no reflejan razonablemente la situación de la ejecución del presupuesto, de acuerdo con la normativa vigente".
Resta la publicidad de los actos de Gobierno. Todo lo contrario a que el Gobierno de los dos jets ejecutivos (esos que la gente no se da cuenta de que en realidad son aviones sanitarios) decidiera que, para ahorrar, ya no está obligado a publicar en los medios los llamados a licitaciones públicas.
El uno y los otros
El oficialismo no abre debate sobre la aniquilación de las formas de recto Gobierno (ni de la cada vez más opaca transparencia en el uso de los fondos públicos, ni de la demolición de los organismos de control). Por el contrario, opta por las estadísticas: cada vez saca más votos, gana todas las elecciones, se impone en todas las circunscripciones. Y está bien que apele a ese argumento, porque la institucionalidad arrasada y el éxito electoral no son elementos incongruentes en la lógica de poder de este Gobierno. Por el contrario, esas dos cuestiones exhiben de manera palmaria el objetivo mayor del alperovichismo: no quiere ser el mejor, sino que quiere ser el único.
Para ser la mejor opción hay que cumplir requisitos, como los que impone la república. Para ser la única opción, en cambio, sólo hay que someter a las otras. Como el triunfo no da la razón al Gobierno (los votos no hacen desaparecer los pagos autorizados a fundaciones fantasmas ni los sobreprecios en obras públicas), se gobierna para que, enfrente, no haya quien denuncie.
Esa lógica impregna la acción del oficialismo. En materia administrativa, se ve en la derogación de hecho de licitación pública. En el reino de la contratación directa, el gobernador es el único que decide quién provee de bienes y servicios al Estado. Y al que no le guste, que se mude de provincia.
En materia política, la cuestión se traduce en una letanía ciudadana: "no hay oposición". En rigor, lo que no hay es alternativa de poder. Y es así porque la oposición lo ha permitido. Por caso, el Acuerdo Cívico y Social, en general, consiguió seis legisladores, que están divididos en cuatro bloques. Y la UCR, en particular, logró cuatro escaños, hoy repartidos en dos bancadas. Después, a no llorar como pequeños lo que no se supo defender con grandeza.
El revestimiento
Pero lo inquietante del alperovichismo en estos ocho años (que según la Carta Magna, en realidad, son cuatro) es que su conducta de demolición institucional también ha sido interna. El oficialismo vernáculo es un modelo de acumulación de poder, pero no de construcción de poder: ni siquiera han sido capaces de construir una fuerza política propia. Lo prueba el Régimen de Acoples. Un sistema de alquiler de partidos bastardos que terminó vilipendiando, inclusive, al propio PJ en la capital: en San Miguel de Tucumán, el Frente para la Victoria no salió victorioso ni remotamente.
Es más, la nueva reforma constitucional que anhelan, pero de la que tratan de no hablar, es el síntoma público de un Gobierno que, después de ocho años, no pudo armar un "delfín": un sucesor.
Esta es la esencia de la democracia pavimentadora: el asfalto no es construcción sino revestimiento de superficies. El alperovichismo todo aplasta bajo los pies del gobernador: ahí, ni la hierba crece. Luego, no importa que haya candidatos testimoniales. Ni que el gabinete sea así o asá. Ni que hoy digan "reforma no" y mañana "no sé si este es mi último mandato". Ni que en la misma semana expresen "no está bien que el oficialismo se lleve todo" mientras, en la mesa de autoridades parlamentarias, a la oposición le dan nada. Ni que los mensajes del mandatario a la Legislatura sean inventarios de obras y obritas, en vez de planes de gobierno y diagnósticos estructurales sobre Tucumán. Y nada de eso importa porque el único que importa es el gobernador.
El juramento pavimentador es "todos para uno". Y punto.
Es verdad: el cliché es toda una tentación para describir gobiernos subtropicales. Y es no menos cierto que el alperovichismo cumple hoy ocho años de ejercer un modelo de concentración de poder pedestre pero incesante. Sin embargo, también es real que, luego de dos gestiones consecutivas, el oficialismo muestra logros valiosos: hay muchas cosas buenas que hizo bien. Se las puede sintetizar en un concepto: la recuperación de funciones vitales del Estado. Un hecho que, aunque no tiene nombre rimbombante, es trascendental. Esto refiere, por un lado, a la reactivación de la obra pública de bajo impacto pero amplio alcance social (fundamentalmente, pavimento y cordón cuneta). Y tiene que ver, por otro, con el rescate de servicios esenciales, como la salud y la educación pública, que han vuelto a ser opción para vastos sectores de la población.
Por supuesto, hay bemoles. En primer lugar, es la Argentina en general la que está levantándose, y las inversiones de la Nación en infraestructura (viviendas, rutas, hospitales y escuelas) han contribuido a que el Gobierno local pueda mostrar, con plata ajena, bienes para los tucumanos. En segundo término, en América latina, de las crisis siempre se sale peor que cómo se entró.
Aún así, para demostrar que el alperovichismo tiene bastante para anotar en su haber alcanza con un ejercicio simple: comparar la situación social y económica actual con la del mirandismo.
El problema es que, de la misma manera, el alperovichismo también ha hecho muchas cosas mal. Y no se trata de fracasos en políticas públicas, como se da en seguridad, sino de una cuestión mucho más profunda. Puede resumirse también en un concepto: la gestión de la obra y de los servicios públicos jamás se comportó como el Gobierno de un legítimo Estado de Derecho. Es decir, la república no se puede recuperar del alperovichismo.
Los requisitos básicos de todo sistema republicano de gobierno atestiguan que todo ese mal que se hizo fue concretado de la peor manera posible.
Seis aplazos
El primer requisito de la república es la soberanía popular, ante el cual la Casa de Gobierno, no contenta con el festival de candidatos testimoniales que se hicieron votar para nunca asumir, vuelve a presentar el caso del vicegobernador en abuso de licencia. Resulta que Juan Manzur, compañero de fórmula de José Alperovich, no va a asumir para aquello que los tucumanos lo escogieron (presidir la Legislatura). Por el contrario, seguirá desempeñándose decorativamente como ministro de Salud de la Nación, "porque la Presidenta lo pide". ¿Lo que los tucumanos votaron no importa?
La segunda pauta es la división de poderes. En Tucumán no se consigue. La Legislatura ya ni siquiera reviste la condición de escribanía de Casa de Gobierno: como los Decretos de Necesidad y Urgencia quedan firmes si la Cámara no los trata, no hace falta el sello parlamentario para que el Poder Ejecutivo obtenga las normas que quiera. Y en el Poder Judicial sólo es cuestión de tiempo hasta que la Corte se convierta en un club de amigos y ex funcionarios del Gobierno.
El tercer valor republicano es la igualdad. Bastará decir que el gobernador (sólo él y nadie más que él) es el único tucumano, de entre 1,5 millón de comprovincianos, que puede y podrá gobernar la provincia por tres mandatos consecutivos. Y si cumple con su ya declarado antojo, será el único en aspirar a cuatro períodos seguidos. Por cierto, el cuarto ítem es la periodicidad de los cargos.
El quinto es la responsabilidad por la función pública. En dos palabras: "hacerse cargo". ¿De qué? De haber cumplido con el mandato popular de administrar los fondos públicos persiguiendo el bien común y el interés público. En otras dos palabras, "rendir cuentas". Al respecto, el informe del Tribunal de Cuentas acerca de lo que el Gobierno hizo con la plata de los tucumanos el año pasado (Cuenta de Inversión 2010) dice que no se puede saber si toda la plata que mandó la Nación es toda la que debía enviar. Que del dinero que si llegó, no puede establecerse la naturaleza del recurso y, por ende, tampoco el objeto del gasto. Esto se debe a que las partidas no son exhibidas individualmente sino de manera global. Y que de la plata que sí llegó y se gastó, no se sabe bien cuánto queda. Los saldos presupuestarios de la Administración Central y los Poderes del Estado, justo en el nivel de la partida donde se imputa el gasto, "no reflejan razonablemente la situación de la ejecución del presupuesto, de acuerdo con la normativa vigente".
Resta la publicidad de los actos de Gobierno. Todo lo contrario a que el Gobierno de los dos jets ejecutivos (esos que la gente no se da cuenta de que en realidad son aviones sanitarios) decidiera que, para ahorrar, ya no está obligado a publicar en los medios los llamados a licitaciones públicas.
El uno y los otros
El oficialismo no abre debate sobre la aniquilación de las formas de recto Gobierno (ni de la cada vez más opaca transparencia en el uso de los fondos públicos, ni de la demolición de los organismos de control). Por el contrario, opta por las estadísticas: cada vez saca más votos, gana todas las elecciones, se impone en todas las circunscripciones. Y está bien que apele a ese argumento, porque la institucionalidad arrasada y el éxito electoral no son elementos incongruentes en la lógica de poder de este Gobierno. Por el contrario, esas dos cuestiones exhiben de manera palmaria el objetivo mayor del alperovichismo: no quiere ser el mejor, sino que quiere ser el único.
Para ser la mejor opción hay que cumplir requisitos, como los que impone la república. Para ser la única opción, en cambio, sólo hay que someter a las otras. Como el triunfo no da la razón al Gobierno (los votos no hacen desaparecer los pagos autorizados a fundaciones fantasmas ni los sobreprecios en obras públicas), se gobierna para que, enfrente, no haya quien denuncie.
Esa lógica impregna la acción del oficialismo. En materia administrativa, se ve en la derogación de hecho de licitación pública. En el reino de la contratación directa, el gobernador es el único que decide quién provee de bienes y servicios al Estado. Y al que no le guste, que se mude de provincia.
En materia política, la cuestión se traduce en una letanía ciudadana: "no hay oposición". En rigor, lo que no hay es alternativa de poder. Y es así porque la oposición lo ha permitido. Por caso, el Acuerdo Cívico y Social, en general, consiguió seis legisladores, que están divididos en cuatro bloques. Y la UCR, en particular, logró cuatro escaños, hoy repartidos en dos bancadas. Después, a no llorar como pequeños lo que no se supo defender con grandeza.
El revestimiento
Pero lo inquietante del alperovichismo en estos ocho años (que según la Carta Magna, en realidad, son cuatro) es que su conducta de demolición institucional también ha sido interna. El oficialismo vernáculo es un modelo de acumulación de poder, pero no de construcción de poder: ni siquiera han sido capaces de construir una fuerza política propia. Lo prueba el Régimen de Acoples. Un sistema de alquiler de partidos bastardos que terminó vilipendiando, inclusive, al propio PJ en la capital: en San Miguel de Tucumán, el Frente para la Victoria no salió victorioso ni remotamente.
Es más, la nueva reforma constitucional que anhelan, pero de la que tratan de no hablar, es el síntoma público de un Gobierno que, después de ocho años, no pudo armar un "delfín": un sucesor.
Esta es la esencia de la democracia pavimentadora: el asfalto no es construcción sino revestimiento de superficies. El alperovichismo todo aplasta bajo los pies del gobernador: ahí, ni la hierba crece. Luego, no importa que haya candidatos testimoniales. Ni que el gabinete sea así o asá. Ni que hoy digan "reforma no" y mañana "no sé si este es mi último mandato". Ni que en la misma semana expresen "no está bien que el oficialismo se lleve todo" mientras, en la mesa de autoridades parlamentarias, a la oposición le dan nada. Ni que los mensajes del mandatario a la Legislatura sean inventarios de obras y obritas, en vez de planes de gobierno y diagnósticos estructurales sobre Tucumán. Y nada de eso importa porque el único que importa es el gobernador.
El juramento pavimentador es "todos para uno". Y punto.
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