Se mantiene paralizada la actividad legislativa

No hay previsiones para una sesión de la Cámara. Al oficialismo le interesaría abordar las reformas del Código Procesal Penal y de la Ley de Contravenciones Policiales.

IMAGEN QUE NO SE OBSERVA CON FRECUENCIA. Los legisladores siguen sin ir al recinto de sesiones para deliberar sobre proyectos de leyes.
IMAGEN QUE NO SE OBSERVA CON FRECUENCIA. Los legisladores siguen sin ir al recinto de sesiones para deliberar sobre proyectos de leyes.
Por Redacción Política 21 Julio 2003
El final del mandato de los legisladores acumula un paquete de temas políticos y económicos de alto voltaje. Sobre algunos existe la firme decisión de dejar su tratamiento para la próxima Cámara, mientras que otros serían resueltos por las actuales bancadas.
La agenda de tratamiento de los temas pendientes será decidida por el peronismo, que conduce esta Cámara y será mayoría absoluta en la próxima. El PJ resolverá el orden de los debates, y cuáles asuntos quedarán para el período venidero.
La Legislatura está en un virtual receso. Fuentes parlamentarias confesaron que no está previsto ningún movimiento en esta semana, ni siquiera trabajos en comisión. Pero, desde la Presidencia, se convocó a los legisladores para que estén atentos a cualquier convocatoria en los últimos días de este mes, sin adelantar el temario tentativo.
Uno de los asuntos más controvertidos es la Ley de Lemas vigente. Públicamente, existe el criterio casi unánime de la necesidad de modificar el texto, e imponer más exigencias a los sublemas para presentar candidatos como modo de reducir la explosiva oferta electoral. Sin embargo, el tema será resuelto por los futuros legisladores, según confirmó a LA GACETA el presidente subrogante de la Legislatura, Juan Antonio Ruiz Olivares. "Han manifestado su decisión de modificar la ley, e incluso se han comprometido a hacerlo, por lo que corresponde dejarles el debate", señaló.
Este criterio no es compartido por el radical José Ascárate, quien volvió a presentar su propuesta de nueva Ley de Lemas, que había caducado. El opositor reclamó que se sancionen los cambios en esta Cámara. Igual criterio tiene la republicana Nancy Albero, también autora de un proyecto de modificación.
Desde el Poder Ejecutivo, la prioridad en el debate la tienen las reformas del Código Procesal Penal y de la Ley de Contravenciones Policiales, caballito de batalla del ministro de Gobierno y precandidato a diputado nacional, Manuel Pedernera. Las iniciativas tienden a castigar los cortes de calles y ocupación de plazas, aunque sea durante manifestaciones públicas. Quienes lo hagan, podrían ser detenidos. Los proyectos están en la comisión de Legislación General, que preside Claudia Herrera.
Tras la iniciativa se vislumbra el temor del Gobierno de un fin de gestión convulsivo, contra el cual pretenden tener herramientas que le permitan un mayor poder represivo. Por este carácter, las ideas dividen a los bloques, y su tratamiento está trabado. Ni siquiera los legisladores mirandistas están convencidos de otorgar estas normas al PE.

Poder Judicial
Las vacantes en la Justicia también son fuente de frecuente tensión entre las bancadas. El pliego de Alejandro Noguera como fiscal de la V Nominación está listo para llegar al recinto, con el compromiso de legisladores mirandistas, y pese a la resistencia de otros dirigentes del propio peronismo.
En tanto, el Consejo Asesor de la Magistratura avanza en los trámites para elegir ternas en media docena de cargos sin cobertura, que deberían ser elevados al Poder Ejecutivo antes de mediados de setiembre. La idea sería cubrir todos los cargos vacíos antes de que se concrete el cambio de legisladores.

El Presupuesto 2003 está pendiente

La lista de asuntos económicos que deben ser todavía tratados en la Legislatura está encabezada por el Presupuesto 2003, cuyo tratamiento en serio comenzará a fines de este mes. "Ni se lo puso sobre la mesa", confesó un legislador oficialista. La idea es sancionarlo durante agosto.
Los actuales legisladores deberían recibir el Presupuesto 2004. La Constitución provincial dispone que el Poder Ejecutivo debe elevarlo a la Cámara hasta el 15 de setiembre. Pero la violación de este plazo no impone ningún castigo. De hecho, se esperaría a que José Alperovich defina las líneas centrales de su primer año como gobernador para elaborar la propuesta general de gastos y recursos públicos.
En las próximas semanas ingresaría el proyecto de saneamiento de las deudas de los municipios del interior, que debe ser absorbida por la Provincia para lograr su refinanciamiento por parte de la Nación. Este tema será monitoreado personalmente por el futuro gobernador José Alperovich.

Reclamo unánime
Tres intendentes electos son legisladores hoy (Camilo Khoder, Osvaldo Morelli y José Orellana) y muchos otros tienen fluidos contactos con miembros de la Cámara. El pedido de que se sancione una ley en ese sentido fue unánime. De ese modo, los próximos jefes municipales asumirán sin deuda pública y con sus finanzas saneadas, en un virtual lifting de los erarios.
El último gran asunto pendiente en este rubro es la nueva privatización del servicio de agua y cloacas.
Los pliegos de la licitación están en la comisión de Obras y Servicios Públicos, que conduce el jerecista Julio Díaz Lozano, pero no habría acuerdo entre los bloques para sancionar un nuevo marco legal en lo que resta de esta gestión.

Planteos puntuales
Más allá de la agenda oficial, distintos legisladores intentarán sancionar en el tiempo restante de mandato lo que no pudieron aprobar hasta ahora. En ese sentido, el socialista Rodolfo Succar insistirá con la necesidad de tener una legislación sobre Salud Reproductiva en la provincia, y tratará de forzar su debate en el recinto.
La posibilidad de reabrir los talleres ferroviarios de Tafí Viejo desactivaría las propuestas presentadas por el peronista Orellana para su provincialización y para la entrega de subsidios a sus ex empleados.
En cambio, el futuro intendente de Famaillá relanzará su idea de que se designe a los docentes suplentes que hayan estado al frente de las aulas por cinco años. Si no lo consigue, se comprometió a que su hermano Enrique Orellana, sucesor en la banca, vuelva a presentar la iniciativa.

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