Alvarez contrajo más deuda poco antes de ser echado del municipio

Veinte días antes de ser expulsado de la intendencia, Antonio Alvarez incrementó la deuda municipal en $ 250.000. El legislador electo acordó con la firma Gestión & Negocios la refinanciación de un préstamo contraído el año pasado, y un nuevo mutuo, adeudando en total casi medio millón de pesos.
Este convenio no fue conocido por el Concejo Deliberante hasta que se concretó la asunción de Marta de Ezcurra como nueva intendenta. Por el municipio firmaron el convenio el entonces secretario de Economía, Vicente Manuel Nicastro, y por la empresa, la apoderada María Teresa Joya Sánchez. Alvarez lo convalidó mediante el decreto 844, del 13 de junio (dos semanas antes de los comicios que lo consagraron legislador) que no prevé su remisión al Concejo.
En cambio, en el decreto de Alvarez se indica que el crédito está contemplado en la autorización general emitida por el Concejo a través de la ordenanza 3.151, de 2.001, para obtener recursos por hasta $ 20 millones.
Del mutuo oneroso de $ 250.000, ingresaron al erario $ 220.000, mediante el cheque del Banco Francés Nº 92.989. La diferencia fue retenida para el pago de las comisiones (2.5%), sellado, gastos y honorarios de escribanía, con la obligación de la firma de rendir cuentas de las erogaciones efectuadas.
El total de la deuda (entre lo refinanciado y lo nuevo) asciende a $ 498.000, que debe ser cancelado en 10 cuotas mensuales, sucesivas e iguales. El primer pago debe concretarse el 31 de agosto. El municipio deberá pagar como interés el fijado por el Banco de la Nación Argentina; pero si esa tasa anual es inferior en un 15% a la que cobran en promedio los principales bancos de la plaza, se utilizará esta para el cálculo.

Cesión de tasas
Para cancelar la deuda, Alvarez cedió "todas las acciones y derechos creditorios correspondientes a los importes y recursos provenientes de la cobranza o recaudaciones de tasas y tributos municipales que realiza diariamente la Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán". Esta forma de pago había sido acordada en el convenio original del año pasado.
Como garantía, el municipio entregó 850.000 dólares en títulos públicos (bonos municipales e Independencia III), que podrán ser vendidos por la acreedora si no se le paga la deuda.
En el convenio se establece, como único requisito para su validez, la ratificación por decreto del intendente, sin mencionar tampoco en su texto la participación del Concejo. Alvarez justificó el crédito en la necesidad de "incrementar la capacidad de respuesta financiera del municipio, para satisfacer obligaciones corrientes y lograr el cumplimiento de sus objetivos en la busca del bien común y del interés general".