Para los conductores apurados que bajan desde el cerro y se detienen en el semáforo de Casal, Luciano no es más que un mendigo adolescente parado en la platabanda, al que le faltan el brazo y la pierna derechos, porque se los cortó el tren "hace mucho tiempo". Murmura que tiene 16 años. Y que no espera nada de la vida.
La escena se traslada a Banda del Río Salí, donde María Angélica y Marcelo Ortega lloran todavía la muerte de su hijo Eduardo, que tenía 11 años cuando un adolescente de 17 le perforó los intestinos de un balazo "por casualidad", mientras el chico miraba un partido de fútbol. Sorprende la bronca mansa de esos padres que acaban de perder a un hijo. Una semana después, la misma escena se repetirá con los padres de Exequiel Jerez, de 15 años, asesinado también en el barrio El Palomar, aunque no ya por un adolescente, sino por un tal "Huesín", de 23 años. Esta vez, sí, hay una marcha pidiendo justicia. Y la encabeza un niño, Hernán, el hermano menor del chico asesinado. Recién con esos asesinatos "al hilo", el Gobierno decide poner presencia policial en El Palomar. No es la primera vez que el Gobierno actúa por reacción ante los casos de inseguridad. Ya lo hizo en el Barrio Echeverría, un mes atrás, tras el homicidio de un vecino.
También hace un mes, el legislador Rodolfo Succar denunció que en el Instituto Goretti las menores detenidas en ese establecimiento dormían hacinadas, compartiendo colchón, y mal alimentadas, mezcladas las que llegaron por aborto provocado con las acusadas por hurto y con las que ya cargan un prontuario por robo a mano armada y por tenencia de drogas duras.
Detrás de la historia de cada una de esas chicas -que ellas repiten sin la menor carga dramática, como si ya estuvieran de vuelta de todo- se adivina la vida "pesada". La responsable del Goretti asegura que algunas de esas adolescentes han intentado fugarse más de una vez, con la ayuda exterior que les ofrecen sus cómplices (hermanos, primos o novios, en algunos casos, como el ya famoso "Brasita"). Llegados a este punto, la estadística sostiene a las biografías: según el secretario de Gobierno, Luis Acosta, el 90% de los encausados es reincidente. Y el 50% de los internos ha tenido o tiene un pariente en la cárcel. Acosta sabe que la delincuencia no es una cuestión genética, y advierte que "hay que atender a la prevención, a la educación cultural y laboral para quebrar el esquema mental de los internos, donde marginalidad y delincuencia son habituales en su vida y en su historia personal". También sabe que esa es la gran deuda del Gobierno provincial, al que él pertenece.
El viernes, la visita del ministro de Educación, Daniel Filmus, le dio la razón a Acosta, y recordó lo que las pruebas de calidad educativa corroboran: que los chicos del NOA -con los del NEA- son los más rezagados de la Argentina en materia educativa.
Sin embargo, en el Goretti, donde hasta hace menos de un mes dormían hacinadas las chicas, había una escuela armada, con maestras designadas (a las que les paga el Estado) pero que no funcionaba desde hace medio año. La estructura, según la responsable del establecimiento, era "demasiado grande" para apenas una decena de reclusas inmanejables que, argumenta, en todo caso "no son su responsabilidad, sino de la Policía".
Mientras tanto, Luciano sigue parado en el semáforo de Casal, y los médicos del hospital de Niños no pueden con su asombro de tantos chicos heridos o asesinados con arma blanca o de fuego que les llegan al establecimiento. Y la crónica policial sigue engordándose con los "Brasitas", "Huesines" y demás alias que ya están convirtiendo a Tucumán en una suerte de Fuerte Apache en pequeña escala, que espera que las acciones en materia de seguridad se correspondan con los discursos de quienes deben ejecutarlas.
