El Gobierno tucumano no asimiló las palabras de monseñor Héctor Villalba en el Tedéum del 9 de Julio, cuando resaltó los alarmantes niveles de deserción escolar, de trabajo infantil; la falta de escuelas y las constantes huelgas docentes en nuestro medio. La educación debe ser una política de Estado para cambiar la inconducta, la inmoralidad y la astucia en una sociedad que necesita ser curada, dijo el arzobispo. Las reacciones fueron tibias. El gobernador Julio Miranda fue esquivo. "La palabra de la Iglesia no se discute", dijo. Nadie asumió la responsabilidad y todo se diluyó, en parte porque ya había comenzado el receso escolar y en parte porque la sociedad parece preocuparse por la educación sólo cuando hay paros docentes.
Sin embargo, el obispo marcó punto por punto el mapa errático de lo que fue la política educativa de este gobierno: primero se desfinanció la EGB 3 rural, con lo cual se redujo la posibilidad de que los niños del campo lleguen a los diez años de educación básica obligatoria; luego se trató de reducir la EGB 3 en la escuela pública y se dictó un decreto (el 390) que partió en dos el sistema educativo tucumano. La excusa fue la falta de financiamiento para aplicar la Ley Federal de Educación. Y el proyecto no se trasladó al sistema privado por la oposición de la Iglesia. Pero nunca dejó de dolerle al oficialismo el tema de los subsidios a los colegios y el pago a los maestros privados. Por eso la última embestida fue la del ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, cuando trató de evitar el pago del aumento de $ 40 a los docentes de Sadop. Otra vez, la excusa fue el problema económico.
Dichos y hechos
En ningún momento, en estos cuatro años, se debatió cuál debía ser la política educativa. El gobernador electo, José Alperovich, dijo que "a la educación no hay que vivirla como un gasto, sino que se trata de una inversión", y que así será considerada durante su gestión. Pero él fue el impulsor del desfinanciamiento de la EGB 3 rural. Y Julio Saguir, quien está armando el esquema de la política educativa de Alperovich, era el ministro en el momento del quiebre del sistema y la cara visible del decreto 390. ¿Cambiarán ambos su manera de ver las cosas hasta el punto de que el problema económico deje de ser el motor de lo que se haga en educación? ¿Advierten que mientras todos elogian la iniciativa del presidente Néstor Kirchner para tener 180 días de clase, acá la ministra de Educación reconoce que esa meta no se podrá alcanzar este año?
Mientras quieren cortar los subsidios al sector privado (que con aportes por $ 35 millones anuales es más efectivo que el estatal), se gasta $ 240 millones anuales en educación pública (el 25 % del presupuesto) y a pesar de ello falta el 60% del mobiliario escolar, no hay EGB 3 ni colegios secundarios para los chicos del campo y de la periferia, y hay 33.000 cargos docentes pero sólo 22.000 maestros. Ni siquiera se pudo garantizar la asistencia financiera para los comedores escolares. Y apenas alcanza el dinero para pagar sueldos; nunca hay para capacitación docente. El sistema educativo público es el que padecen los pobres a quienes aludió el obispo en su homilía, cuando habló de una educación con igualdad de oportunidades y cuando dijo que el desarrollo social y la dignidad no podían alcanzarse sin educación.
Eso vino a escuchar ayer el ministro de Educación nacional, Daniel Filmus, en su visita a Villalba. Filmus dijo, en coincidencia con el obispo, que hay que educar para el desarrollo y no esperar el desarrollo para recién educar. ¿Podrá toda la estructura clientelista de este Gobierno -que se repetirá en caras y en cargos en la próxima administración- cambiar su forma de ver las cosas? Toda la historia previa dice que no.
