La situación de la Corte Suprema

La incierta situación que vive la Corte Suprema desde hace más de un año está llegando al extremo de paralizar definiciones sobre asuntos de trascendencia mayor, con repercusiones en la gestión del Estado y de los intereses generales. Entre esas cuestiones postergadas figuran la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que impiden la revisión de juicios a militares; la extracción compulsiva de sangre a hijos de desaparecidos y la redolarización de los depósitos bancarios. Por otra parte, la renuncia del juez Julio Nazareno dejó al tribunal supremo con un número par de integrantes, lo cual provoca empates en sus acordadas, como acaba de ocurrir con una excarcelación, para lo que se requirió la designación de un conjuez. La inédita, por prolongada, situación se inició por causa de la errónea solicitud del Poder Ejecutivo al Congreso para encarar el juicio político colectivo de los miembros del tribunal, empeño que el propio oficialismo abandonó poco después ante el temor de un fallo adverso sobre dolarización. Ese panorama de sospechas recíprocas entre ambos poderes se mantuvo, mientras la Corte siguió demorando el mismo asunto a modo de defensa política de la denominada mayoría automática.
El cambio en el Gobierno nacional aceleró nuevamente la definición, al instar el presidente Néstor Kirchner al Congreso, mediante un mensaje público, al enjuiciamiento político de los jueces cuestionados. El procedimiento estuvo lejos de guardar la corrección del principio de separación de los poderes, por más que la sociedad recibiese con muestras de satisfacción esa decisión. En primer término porque es público y notorio que esa mayoría del tribunal supremo avaló sin retaceos durante más de un lustro decisiones del poder político con evidente supeditación, dejando mal parado al sistema judicial. Tan legítimo sentimiento público no habilita, por cierto, las persistentes intromisiones del ministro de Justicia ni las indiscreciones prejuiciosas de miembros de la comisión de Juicio Político de Diputados que, al instruir los sumarios, anticipan sus conclusiones, descalificando así las decisiones. Con esos comportamientos se ha demostrado una vez más el escaso valor y significado que gran parte de nuestra dirigencia política asigna a los formalismos institucionales que definen la condición del sistema democrático.
En compensación relativa de ese estilo censurable, la decisión presidencial de conformar un sistema de selección de jueces para la Corte que, sin apartarse del constitucional, asegure la calidad profesional y personal de los mismos, ha constituido un acierto bienvenido entre la ciudadanía. La rápida propuesta del jurista Eugenio Zaffaroni por parte del Presidente pudo haber sido, empero, más adecuada al fin perseguido, si al mismo tiempo hubiera nominado a otro jurista con diferente pensamiento académico, evitándose así un debate donde el tono descalificador de ciertas opiniones menoscaba al criterio selectivo. Ciertamente que Zaffaroni poco tiene que ver como defensor de una línea liviana en el derecho penal, con los restantes miembros de la Corte, pero ello no lo inhabilita para el juicio plural del tribunal. A pesar de que en la actualidad y desde que se desató la crisis que castiga a la República, los delitos se han multiplicado inéditamente y tanto el poder central como la provincia de Buenos Aires han resuelto -Congreso y Legislatura mediantes- agravar las condiciones de la represión. El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), institución prestigiosa del ámbito judicial, ha marcado esa contradicción, aunque dejando constancia de los antecedentes académicos del jurista promovido. Debe esperarse que la decisión final complete con su acierto el propósito de recuperar para la Corte Suprema no sólo la independencia, sino también la calidad de sus decisiones.