19 Julio 2003 Seguir en 
Brasilia.- La crisis que generó la propuesta de reforma previsional del gobierno, por la que los empleados públicos ingresan hoy en su décimo día de huelga, podría profundizarse con la adhesión a la medida de la Central Unica de Trabajadores (CUT), organización fundada por Luiz Inácio Lula da Silva, el actual mandatario brasileño. El titular de la CUT, la principal central obrera de Brasil, Luiz Marinho, afirmó que la reforma es altamente perjudicial, principalmente para los trabajadores de bajos salarios. "Así las cosas, si Lula, que siempre miró hacia los más excluidos, no lo cambia, la huelga general será inevitable", dijo Marinho.
Asimismo, los partidos aliados al gobierno en el Congreso se quejaron por el incumplimiento de los acuerdos previos, modificados por concesión a los sectores con remuneraciones más altas, que lograron que las jubilaciones respeten el 100% del valor del último sueldo. El Tribunal Supremo de Brasil amenazó con declarar inconstitucional la reforma si se ven afectados los derechos adquiridos de los magistrados. Sin embargo, el ministro de Previsión, Ricardo Berzoini, no se mostró ayer muy preocupado por las críticas. "Cuando una propuesta desagrada a los que tienen jubilaciones de privilegio y a los de ingresos más bajos significa que es buena", argumentó. La iniciativa original del gobierno federal suponía una reducción del déficit estatal de unos U$S 18.000 millones anuales, monto que se verá minimizado con las modificaciones exigidas por los estatales de salarios más altos, aceptadas por el equipo económico.
Inversión productiva
Mientras la crisis sigue su curso, Lula se dispone a soltar las amarras de la economía y a poner en marcha un ambicioso programa de desarrollo con inversiones por U$S 140.000 millones en cuatro años. En una reunión celebrada el jueves con los ministros del área económica y los presidentes de los bancos estatales, Lula inició la planificación del programa en el que se dará prioridad a las obras de infraestructura. El ministro de Hacienda, Antonio Palocci, informó que no habrá nuevos recursos y que el plan se llevará a cabo con fondos presupuestarios que hasta ahora habían permanecido retenidos en cumplimiento de las metas del FMI, pero que ahora pueden ser liberados debido a la holgura obtenida en las cuentas públicas en el primer semestre. (Reuter/Télam)
Asimismo, los partidos aliados al gobierno en el Congreso se quejaron por el incumplimiento de los acuerdos previos, modificados por concesión a los sectores con remuneraciones más altas, que lograron que las jubilaciones respeten el 100% del valor del último sueldo. El Tribunal Supremo de Brasil amenazó con declarar inconstitucional la reforma si se ven afectados los derechos adquiridos de los magistrados. Sin embargo, el ministro de Previsión, Ricardo Berzoini, no se mostró ayer muy preocupado por las críticas. "Cuando una propuesta desagrada a los que tienen jubilaciones de privilegio y a los de ingresos más bajos significa que es buena", argumentó. La iniciativa original del gobierno federal suponía una reducción del déficit estatal de unos U$S 18.000 millones anuales, monto que se verá minimizado con las modificaciones exigidas por los estatales de salarios más altos, aceptadas por el equipo económico.
Inversión productiva
Mientras la crisis sigue su curso, Lula se dispone a soltar las amarras de la economía y a poner en marcha un ambicioso programa de desarrollo con inversiones por U$S 140.000 millones en cuatro años. En una reunión celebrada el jueves con los ministros del área económica y los presidentes de los bancos estatales, Lula inició la planificación del programa en el que se dará prioridad a las obras de infraestructura. El ministro de Hacienda, Antonio Palocci, informó que no habrá nuevos recursos y que el plan se llevará a cabo con fondos presupuestarios que hasta ahora habían permanecido retenidos en cumplimiento de las metas del FMI, pero que ahora pueden ser liberados debido a la holgura obtenida en las cuentas públicas en el primer semestre. (Reuter/Télam)







