LA PAZ, Bolivia.- La candidata a la Justicia más votada en Bolivia, según datos extraoficiales conocidos ayer por la tarde, es la abogada de flamantes 46 años, Cristina Mamani Aguilar, que se postulaba para el Consejo de la Magistratura, quien obtuvo el 25,5% de los votos positivos emitidos a nivel nacional (unos 450.000 sufragios).
Confluyen en ella dos características importantes que se destacaron en este proceso de votación directa popular: es mujer y es indígena aymara, aspectos relevantes desde la Constitución de 2009 para ocupar un cargo en la primera línea judicial.
Pero estas cifras no dicen nada si no se las pone en contexto. Como en esa categoría sólo el 40 % de la población votó en forma afirmativa (el 15 % lo hizo en blanco y el 45 % restante, anuló la papeleta), esto significa que Mamani fue respaldada por apenas el 10 % de la población total que concurrió a las urnas, porcentaje a todas luces muy bajo.
Es obvio que su futura llegada al cargo conlleva un aval directo de la población mucho mayor que el de haber sido nombrada por 156 parlamentarios, pero está a años luz de lo que esperaba el oficialismo.
Y el de ella es el mejor de todos los casos: en los otros electos, el panorama es más oscuro aún. Los porcentajes de los votos positivos obtenidos van de entre el 15 % al 5 %, lo que representa entre el 7 % y el 2,5 % de la población.
El Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral ya confirmaron la validez de los comicios, aunque el voto negativo (en blanco y nulo) haya superado al positivo, y pese a los reclamos de la oposición de que se revise todo.
Los magistrados asumirán el primer día hábil judicial de 2012, por un período de seis años y no podrán ser reelegidos. Son conscientes de que carecen del respaldo popular que buscó Evo Morales al proponer la votación directa de magistrados superiores; pese a ellos, tendrán el enorme peso de reformar un Poder Judicial visto como corrupto, lento, permeable a los intereses económicos y políticos y extremadamente burocrático. LA GACETA ©
Confluyen en ella dos características importantes que se destacaron en este proceso de votación directa popular: es mujer y es indígena aymara, aspectos relevantes desde la Constitución de 2009 para ocupar un cargo en la primera línea judicial.
Pero estas cifras no dicen nada si no se las pone en contexto. Como en esa categoría sólo el 40 % de la población votó en forma afirmativa (el 15 % lo hizo en blanco y el 45 % restante, anuló la papeleta), esto significa que Mamani fue respaldada por apenas el 10 % de la población total que concurrió a las urnas, porcentaje a todas luces muy bajo.
Es obvio que su futura llegada al cargo conlleva un aval directo de la población mucho mayor que el de haber sido nombrada por 156 parlamentarios, pero está a años luz de lo que esperaba el oficialismo.
Y el de ella es el mejor de todos los casos: en los otros electos, el panorama es más oscuro aún. Los porcentajes de los votos positivos obtenidos van de entre el 15 % al 5 %, lo que representa entre el 7 % y el 2,5 % de la población.
El Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral ya confirmaron la validez de los comicios, aunque el voto negativo (en blanco y nulo) haya superado al positivo, y pese a los reclamos de la oposición de que se revise todo.
Los magistrados asumirán el primer día hábil judicial de 2012, por un período de seis años y no podrán ser reelegidos. Son conscientes de que carecen del respaldo popular que buscó Evo Morales al proponer la votación directa de magistrados superiores; pese a ellos, tendrán el enorme peso de reformar un Poder Judicial visto como corrupto, lento, permeable a los intereses económicos y políticos y extremadamente burocrático. LA GACETA ©
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