Asfalto para todos, transparencia para nadie

Por Álvaro José Aurane 15 Octubre 2011
"Contra la tendencia del Poder Ejecutivo a degenerar en poder tiránico son medios que la ciencia ofrece como eficaces la demarcación precisa y terminante de sus atribuciones; su reducción y limitación sólo al poder político, con prohibición de estatuir por sí mismo en lo que es del dominio de la Legislatura y de los Tribunales, y su abstención en todo lo que corresponde a la administración municipal". Alberdi, Derecho Público Provincial, citado por Rodolfo Burgos en "Juan Bautista Alberdi. Apología y crítica de su pensamiento".

"Creo que habrá Alperovich por cuatro años más, nada más", dijo el gobernador durante la noche del 28 de agosto, tras lograr la recontra-reelección. Pero el 15 de septiembre, a su regreso de Israel, dijo otra cosa cuando le consultaron sobre la posibilidad de una nueva reforma constitucional: "Vamos a evaluar todo, pero con la próxima Legislatura".

Al día siguiente, no anduvo con vueltas. "Creo que hay cosas que hay que cambiar (en la Constitución). Pero no estoy de acuerdo con la reelección indefinida; sí, capaz, con alguna oportunidad más". Lo ratificó el 5 de octubre. "No estoy para nada de acuerdo con la reelección indefinida para el gobernador. Para cargos legislativos no sé. Pero en el caso de que sucediera, pido un mandato más para poder gobernar bien estos cuatro años, porque en política hace falta mantener el poder para poder gobernar".

Sin embargo, 48 horas más tardes se desdijo. "La Constitución no se toca. Creo que a todos estos rumores sobre los cambios en la ley de acoples y de la propia reforma de la Constitución hay que ponerlos en el congelador, no se hará absolutamente nada. No se toca. No es que lo digo ahora hasta que pase la elección nacional. Eso hoy no está en la agenda de la gente". Esa convicción por una Carta Magna intocable le duró lo que un fin de semana largo. Y el 11 comenzó a enmendarse a sí mismo. "Si gobernamos correctamente, si trabajamos firmes y andamos bien... la gente verá después (la posibilidad de una reforma)", desconcertó.

Así que la última semana tuvo al funcionariado al borde del ataque de nervios. Toda clase de conjeturas se escucharon respecto de los barquinazos verbales del titular del Poder Ejecutivo. Que no va a haber reforma, porque es ahora o nunca, ya que se avizoran turbulencias financieras y mal humor de los votantes. Que una encuesta dice que el 45% acepta otra modificación constitucional, pero el 55% no. Que el gobernador tuvo una suerte de revelación espiritual e institucional y no quiere más enmiendas. Que la Nación le dijo "frená". Que hay un poco de todo eso.

Pero también que todo eso es un puñado de sandeces. Que nadie puede creer que el gobernante que ya consiguió dos reelecciones con más del 70% de los votos puede tener una encuesta que lo desfavorezca a 15 días de la última victoria. Que la Nación no puede darle órdenes respecto de su propia supervivencia política. Que nunca desistió de la reforma. Que quiere que comisionados rurales, ediles, intendentes y legisladores dejen "las huellas" pidiendo ellos la reforma. Que pretende eso no porque él rehuya pagar costos políticos sino por pura y conocida mezquindad: ya los mandó a matarse electoralmente con el acople. Y siguen las conjeturas... Hasta ahora.

La Legislatura, con su sesión de ayer, acaba de clarificar qué hay detrás de las idas y vueltas del gobernador deshojador de margaritas. En realidad, lo que el alperovichismo quiere es que se hable de cualquier cosa menos de lo que está haciendo con la plata del pueblo.

Lo peor del universo

La Cámara aprobó que mucho dinero que la Nación mandará a los municipios y a las comunas sea gastado por el Ejecutivo, fuera del Presupuesto y del control del Tribunal de Cuentas.

Se trata de los recursos del Fondo Federal Solidario: el "Fondo Soja". Creado por la Presidenta en septiembre de 2009 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 206, su esencia consiste en que el 30% de la plata que la Casa Rosada obtiene de las retenciones a la exportación de la soja se reparte entre las provincias; y que las provincias deben distribuir al menos el 30% de lo que reciben entre sus municipalidades (y en el caso tucumano, también comunas). Para ello, "deberán establecer un régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas correspondientes, en proporción semejante a lo que les destina de la Coparticipación Federal de Impuestos".

Tal como lo consignó el miércoles pasado el columnista Marcelo Aguaysol, se estima que el Fondo Soja para Tucumán alcanzará los $ 414 millones, aunque si el precio de la soja sigue cayendo la cifra también menguará. Por eso, la Legislatura decidió comenzar por destinar a municipios y comunas $ 100 millones. Pero lejos de "establecer un régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas correspondientes", creó un plan donde el que ejecutará esos recursos será el gobernador. "Artículo 3º.- Dispónese que el Poder Ejecutivo podrá ejecutar el programa: 1) A partir de sus organismos técnicos competentes; y 2) Por convenio con Municipios y Comunas".

Pero hay más. "Artículo 5º.- Los fondos que se asignen a los municipios y comunas (...) serán canalizados y rendidos a través de los fondos fiduciarios de municipios y comunas rurales".

Es curioso: según los contadores fiscales, el peor lugar del universo público donde puede enviarse dinero hoy es el Fondo Fiduciario Municipal. Así lo testimonia el Tribunal de Cuentas en el informe de la Cuenta de Inversión 2010, o sea, de lo que el Gobierno hizo con la plata de los tucumanos el año pasado. "Se reitera lo ya vertido en informes anteriores: el Fondo Fiduciario Municipal, no obstante la independencia de su figura, corresponde estar incluido en el Presupuesto General de la Provincia". Que no forme parte del Presupuesto provincial significa dos cosas: no está sometido al control del Tribunal de Cuentas y no debe presentar probada rendición de cuentas ante ese ente.

O sea, lo aprobado por la Legislatura no se parece en nada a lo que el exige el DNU nacional 206 en su artículo 5º: "...cada una de las Provincias adheridas y los Municipios beneficiarios deberán establecer mecanismos de control que aseguren la transparencia en la utilización de las remesas".

Más casualidades

El Fondo Fiduciario Municipal tenía, en 2010, $ 957 millones: el 70% de los $ 1.397 millones de la deuda de las municipalidades. El pasado 29, la Legislatura avaló una ampliación del Pacto Social para que se siga endeudando a los municipios por la cifra que al gobernador le parezca. Se lo facultó "a incrementar los montos de préstamos asignados? por hasta la suma que corresponda".

Con la plata del Fondo Soja que les tocaba a las municipalidades y a las comunas, pero que manejará el gobernador (a los efectos prácticos de la norma provincial, también intendente y legislador y edil y comisionado rural), se da la misma imprecisión. La Legislatura no fija más pauta que los $ 100 millones, así que el mandatario puede gastarlos cuando y donde quiera. Y, peor aún, puede usarlos como le plazca. Dice el artículo 4º de la norma avalada por la Cámara: "Las obras dispuestas en la presente ley, en cualquiera de sus formas previstas, podrán realizarse por administración o por terceros. Los organismos ejecutores quedan facultados a contratar en forma directa -previo cotejo de precios- la ejecución de las obras por terceros y/o servicios y bienes necesarios para la ejecución".

Eso sí, es mera coincidencia que esto ocurra tras los costosos comicios. Esos en los que tanto se gastó en dar bolsones. Y en entregar dinero en mano además de mercadería. Y en pagar punteros. Y en contratar taxis, remises, colectivos, combis, motos...

A la democracia pavimentadora, entonces, le interesa decididamente instalar el debate "reforma sí, reforma no". Mejor hablar de cambiar leyes antes que de aplicarlas.

Por cierto, según el artículo 1º del decreto nacional que crea el "Fondo Soja", municipios y comunas deben usar los dineros en "obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial, en ámbitos urbanos o rurales". Pero la Legislatura les quitó hasta el derecho de elegir el destino de la inversión. ¿En qué se gastarán los $ 100 millones? En asfalto. Es más, el nombre del plan es un primor: "Pavimento para Todos". Amén.

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