Pese a que ya fue consagrado como intendente electo de la capital, Antonio Domingo Bussi no está tranquilo. En su escritorio está el diploma que le entregó la Junta Electoral Provincial, pero en su mente sobrevuelan las trabas que deberá enfrentar todavía.
En efecto, tiene un juicio oral pendiente por peculado a causa del presunto cobro de $5 millones en gastos reservados, cuando fue gobernador entre 1995-1999. En tribunales, sólo resta que se fije la fecha de las audiencias porque ese tipo de partidas están prohibidas por la Constitución provincial.
"Son triquiñuelas políticas, artimañas de los vencidos, de los que se saben a priori derrotados, que eligen los atajos, pero que no alteran el objetivo ni el fin de ninguna manera porque más alla de pretender la atención pública, esfuman esfuerzos que podrían sumarlos al sacrificio común que hoy demanda la provincia y su capital", afirmó.
En un diálogo con LA GACETA, tras recibir su certificado de jefe municipal electo, Bussi le restó importancia al caso. "Podrían buscar mejores causas y ocupaciones. Esto de invertir dinero en cuestiones cuyos resultados se conocen podría tener un mejor fin que es el bien común. Sumarse, no restar, y no tirar del saco para atrás -explicó- buscando en el pasado, olvidando un presente que nos desafía para que tengamos todos un futuro mejor".
Siempre fue igual
Los problemas para Bussi también salen de la esfera local. La semana pasada, el juez español Baltasar Garzón requirió a las autoridades del Gobierno nacional que extraditen a militares argentinos, entre ellos el propio Bussi, por violaciones a los derechos humanos durante el proceso. "Para mí siempre ha sido igual, tanto en la vida militar como en la política; siempre se me han presentado adversidades pero las he ido venciendo con conductas que podría exhibir con orgullo y transferírselas a aquellos que pierden su tiempo en buscar un desprestigio", señaló.
En efecto, tiene un juicio oral pendiente por peculado a causa del presunto cobro de $5 millones en gastos reservados, cuando fue gobernador entre 1995-1999. En tribunales, sólo resta que se fije la fecha de las audiencias porque ese tipo de partidas están prohibidas por la Constitución provincial.
"Son triquiñuelas políticas, artimañas de los vencidos, de los que se saben a priori derrotados, que eligen los atajos, pero que no alteran el objetivo ni el fin de ninguna manera porque más alla de pretender la atención pública, esfuman esfuerzos que podrían sumarlos al sacrificio común que hoy demanda la provincia y su capital", afirmó.
En un diálogo con LA GACETA, tras recibir su certificado de jefe municipal electo, Bussi le restó importancia al caso. "Podrían buscar mejores causas y ocupaciones. Esto de invertir dinero en cuestiones cuyos resultados se conocen podría tener un mejor fin que es el bien común. Sumarse, no restar, y no tirar del saco para atrás -explicó- buscando en el pasado, olvidando un presente que nos desafía para que tengamos todos un futuro mejor".
Siempre fue igual
Los problemas para Bussi también salen de la esfera local. La semana pasada, el juez español Baltasar Garzón requirió a las autoridades del Gobierno nacional que extraditen a militares argentinos, entre ellos el propio Bussi, por violaciones a los derechos humanos durante el proceso. "Para mí siempre ha sido igual, tanto en la vida militar como en la política; siempre se me han presentado adversidades pero las he ido venciendo con conductas que podría exhibir con orgullo y transferírselas a aquellos que pierden su tiempo en buscar un desprestigio", señaló.







