En la madrugada del día siguiente que lo consagró gobernador, José Alperovich decía que no cogobernaría con Julio Miranda. Allí nomás, el mandatario electo lanzó otra frase que define cómo será su gestión a partir de fines de octubre: "poder absoluto". Por eso no debe extrañar a nadie que el actual senador quiera concentrar las decisiones que se tomarán respecto del manejo de los fondos provinciales.
Alperovich adelantó, días pasados, que la Secretaría de Hacienda estará bajo su órbita directa. Esa área del Poder Ejecutivo maneja casi la mitad del presupuesto de la Provincia (alrededor de $ 450 millones) y distribuye los recursos hacia todas las reparticiones, entre otras, los 19 municipios tucumanos. Allí está la clave de su mensaje. La concentración del poder apunta a una drástica reducción de la ayuda que el Gobierno destina para el pago de los sueldos en el interior y en la capital. Si hay una buena gestión municipal, la asistencia se mantendrá en 2004, pero sólo por la mitad de lo pactado este año. El resto dependerá exclusivamente de la recaudación tributaria de cada jurisdicción.
Durante la administración alperovichista también se profundizará la presión fiscal contra los morosos y contra los evasores. La Dirección General de Rentas va camino hacia su autarquía para tomar medidas efectivas, más que efectistas, para combatir los históricos flagelos del sistema impositivo. Durante el primer año de mandato, Alperovich intentará recuperar gran parte de los $ 89 millones anuales que pierde de cobrar la Provincia por la inconducta fiscal de casi 200.000 contribuyentes. Para esa etapa, el gobernador electo reclutará viejos sabuesos de la Dirección General Impositiva (DGI) con el fin de que efectúen la tarea dura de control y cobro a los deudores.
La reconversión laboral
En el nuevo ciclo de gobierno, el Ministerio de Economía se centraría en las cuestiones de obras públicas y de producción, dos áreas que también tendrán autonomía de vuelo propia en la dinámica que se imprimirá al organigrama del Estado.
El diseño de políticas en la materia está a cargo de un asesor que Alperovich tiene en el Senado. Se trata del experto porteño Pablo Tonelli, quien ya mantuvo varias reuniones con los actuales funcionarios y con reconocidos dirigentes del sector privado, buscando consensos para la aplicación de los programas.
En los equipos de asesores técnicos del mandatario electo ya hablan de una reconversión laboral integral en Tucumán, en la que los cientos de miles de beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados podrán conservar la ayuda financiera de $ 150 mensual y acrecentarla con el aporte del sector privado. No es casualidad que los agricultores se hayan quejado de que el asistencialismo estatal ha fomentado la resistencia de los desempleados a lograr una tarea específica.
En los meses previos a la entrega del poder, Miranda acordaría con el Ministerio de Trabajo de la Nación la incorporación de esos beneficiarios a planes de obras públicas. El cambio de la cultura laboral comenzaría con unos 20.000 desocupados. Esa cifra surgió del informe que el propio Miranda elevó a la cartera de Trabajo y que responde, fundamentalmente, a programas mal otorgados. Con esa medida, se pretende generar un efecto cadena por el que el propio beneficiario del plan se inscriba en aquellos programas de trabajos públicos, a sabiendas de que perderá la asistencia social en caso de que se resista a tomar un empleo.
Alperovich tiene los programas trazados, pero aún no sabe cómo aplicarlos. Deberá manejarse con cuidado porque, con sus acciones, tocará dos sectores poderosos: las empresas que mueven la economía local y los desocupados, que volverán a copar la plaza Independencia si es que les tocan el subsidio.
