Amenaza a la estabilidad jurídica

La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de aumentar los salarios mínimos del sector privado de 200 a 300 pesos con el propósito de reactivar el consumo mejorando el poder adquisitivo ha provocado un efecto no querido, por su repercusión directa sobre el coeficiente de variación salarial (CVS) que rige para el ajuste de créditos y alquileres. El aumento progresivo se aplicará hasta fines de año y serán alcanzados los créditos personales hasta $ 12.000, los prendarios hasta $ 30.000 y los hipotecarios para vivienda única de ocupación permanente, inferiores a $250.000. El porcentaje de aumento mensual desde la primera semana de setiembre será del 1,86%, y llegará a 14,9% en el término de ocho meses. Los alquileres afectados para vivienda familiar son los que fueron pactados, sin límite de monto, antes de la pesificación. El índice de variación salarial es publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En el caso de las jubilaciones mínimas, el aumento dispuesto es de veinte pesos, y tanto sus beneficiarios como la totalidad de los asalariados serán alcanzados a los efectos de las actualizaciones de créditos y alquileres en las condiciones señaladas.
Ese resumen operativo de la decisión adoptada sorprende, en la medida que sus consecuencias están lejos de alcanzar la finalidad de estimular el consumo, y en cambio perjudican a vastos sectores de la sociedad. Es decir, trabajadores estatales; irregulares -estimados en 44% de la fuerza laboral-; autónomos o independientes, así como los grupos familiares sin ingresos fijos. Por otra parte, la decisión oficial podría abrir otro frente de conflicto con los bancos como consecuencia del cambio en las reglas de juego.
El panorama descripto impone inevitablemente la idea de que la decisión oficial, adoptada mediante decreto, conlleva un margen sorprendente de improvisación, advertido rápidamente en el debate que siguió a su anuncio en el propio Gobierno, y cuyo desenlace, aparentemente, tardará un tiempo en producirse. Al menos, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, ha señalado que no hay urgencia y que la cuestión "se discutirá en el contexto de temas mucho más amplios". Otro sector gubernamental considera que el sistema del CVS no es inmutable y puede dejarse sin efecto para los alcanzados por la medida.
Desde que el país abandonó el régimen de convertibilidad, y devaluó y pesificó los contratos en dólares sin otros amortiguadores que las fidelidades ideológicas, sus finanzas y su sistema económico cayeron en la incertidumbre de los futuros inmediatos, un fenómeno tan sólo comprensible bajo conflictos bélicos con imprevisibles desenlaces. Por cierto que el sistema de paridad cambiaria que había logrado la estabilidad monetaria tan sólo debió ser un recurso temporal frente al caos, pero con salida regulada.
El modelo adoptado, por lo contrario, fue una suerte de revancha política que llevó al país a su nivel más alto de inseguridad jurídica, cuya forzosa corrección bajo la presión de las leyes económicas se asoció en la esperanza ciudadana a la recuperación del orden institucional. Orden donde el sentido común y la confianza pública conforman una alianza imprescindible.
En este caso ha representado un grave error innovar en materia salarial sin advertir los efectos negativos sobre el coeficiente corrector de créditos y alquileres. Pretender superar esa improvisación ignorando los fines del CVS, instituido por ley, significaría una nuevo atropello a la seguridad jurídica y a la confianza en el país.
En todo caso, el tema debe resolverse en el Congreso y sin dejar de advertir que se encuentra en discusión el crédito del país, como habrá podido observar el presidente de la Nación en su gira europea.