El gobernador electo José Alperovich prometió sorpresas para después del 29 de octubre. No hay dudas de que algunos de sus anuncios trasuntan la voluntad aparente de dar vuelta una página en la historia política comarcana.
La expresión de que se liquidará la corrupción administrativa y de que los deshonestos serán denunciados ante la Justicia innova el discurso que el oficialismo desplegó en los últimos cuatro años. A un enjambre de legisladores y concejales electos por la capital, el sucesor de Julio Miranda le anticipó que habrá mano dura con los protagonistas de actos irregulares.
La oposición lee con lupa cada frase que pronuncia Alperovich y espera contrastarla con las decisiones concretas que tome cuando tenga en sus manos las riendas del aparato estatal. Desconfía y se prepara para descubrir las eventuales contradicciones.Está fuera de discusión que la palabra del presidente Kirchner influye en el lenguaje de Alperovich. La impronta que deja la Casa Rosada con algunos actos de gobierno -como la intervención al Pami, por ejemplo- golpeó fuerte en el tablero político. Fue un gesto que reveló la intención de erradicar el gasto público hecho sin ajuste a las leyes.
La puesta en práctica de políticas similares en Tucumán entraña el desafío de deshacer una compleja telaraña de intereses y de elites partidarias y burocráticas acostumbradas a otros manejos en el Gobierno, en las municipalidades y comunas rurales.
De la energía que ponga en acción dependerá que Alperovich cumpla con su proposición. Quienes descreen de la futura administración provincial, dicen que se debilitará el impulso reformador cuando cambien las condiciones políticas provinciales. Incluso, atan su duración a la fuerza que tenga Kirchner para mantener el rumbo elegido en materia de la lucha anticorrupción. De cualquier manera, el problema está planteado por la iniciativa del gobernador electo por el Frente Fundacional.
No menos complicada aparece la propuesta de derogar la Ley de Lemas, que Alperovich ratificó el martes pasado. La proliferación de 1.100 sublemas de candidatos a legisladores y concejales favoreció la acción del oficialismo en las elecciones del 29 de junio pasado.
Esa masa de dirigentes peronistas identificados con Miranda cooperó para el triunfo del binomio Alperovich-Fernando Juri. Y quienes llegan ahora a las bancas en la Legislatura por ese sistema electoral conocen que es un mecanismo de poder eficiente. En la guerra de selección de las especies que significó la lucha de los sublemas -no sólo en el Frente Fundacional-, triunfaron los cuadros partidarios que dispusieron de más recursos políticos y financieros.
A los vencedores en esa liza salvaje -usufructuarios de las ventajas de la Ley de Lemas- les resbalan las críticas que vienen del otro lado de la política. Para la fortificación del sistema de partidos es indispensable un replanteo de raíz del esquema que rige. En consecuencia, los que deben votar la anulación de la legislación que tanto escandalizó a la opinión pública, son precisamente sus más directos beneficiarios. La trama de solidaridades que se construyó en los últimos cuatro años difícilmente acepte el desplome de los sublemas.
El estado de indignación que genera la sobreabundancia de boletas de candidatos en los cuartos oscuros se desvanece a medida que se aleja el recuerdo de las elecciones. Así sucedió tras los comicios provinciales de 1995 y de 1999. El paso del tiempo anestesió el malestar.
La experiencia podría repetirse tras el 29 de octubre si el gobernador electo no sigue adelante con el proyecto de extirpar los lemas. Las actitudes de la ciudadanía y de la oposición serán claves para cambiar el régimen objetado.
