17 Julio 2003 Seguir en 
Nuestra edición de ayer publica una extensa nota en torno de un dato alarmante: en todo el sector del sur de la provincia que se extiende entre Monteros y Huacra solamente funcionan 8 ambulancias de las 24 que tiene asignadas. Más cerca de la ciudad, la situación dista de mejorar. En Famaillá, el vecindario efectuó una marcha de protesta por la muerte de un niño, hace 12 días, que había sido atropellado por un auto y a quien la ambulancia (carente, además, de personal médico y de equipo de primeros auxilios) tardó dos horas en recoger y llevar al hospital. Es decir, se trata de una vida que se perdió casi seguramente por la falta de celeridad y del equipamiento indispensables. Como lo consigna nuestra nota, cabe agregar que en localidades como Taco Ralo, La Madrid y Graneros, alejadas de los centros asistenciales, los enfermos deben ser trasladados en vehículos particulares en casos de urgencia.
El ministro provincial del área reconoció el deterioro del 80 por ciento del parque automotor del Siprosa, y afirmó que el Ejecutivo solicitó oportunamente al Gobierno nacional la provisión de 20 de estos vehículos, que aún no han sido entregados. También se espera para los próximos días, dijo, la entrega de 10 ambulancias que fueron adquiridas con un aporte del Gobierno nacional. Pero la realidad es que, hasta el momento, el déficit tiene características alarmantes, y ya se sabe que en la enfermedad y en los accidentes no existe margen de espera. De allí que mientras se mantenga la situación de carencia puede afirmarse, sin exagerar, que la población se encuentra en una patética situación de desamparo. Como bien lo dijo el ministro de Salud Pública provincial, para que en Tucumán se puedan atender con eficacia las emergencias harían falta 50 ambulancias. Al mismo tiempo, constituye un requisito indispensable, agregó, que dichos vehículos se encuentren debidamente equipados y que funcionen en un sistema de red.
Esta es la realidad del interior de la provincia en la materia. Sería sobreabundante destacar el dramatismo que tiene el hecho de que quien sufra un accidente o una enfermedad grave que requiere urgente traslado se vea confrontado a la posibilidad cierta de perder la vida por la falta del vehículo que lo transporte, o por la demora en su arribo, o por la ausencia del acondicionamiento necesario, en el vehículo, para una debida y eficaz atención durante el trayecto hasta el hospital.
Sin duda no puede admitirse, en una comunidad que se precie de civilizada, una situación de desprotección como la que testimonian estos hechos. Lo peor es que, como puede advertirse, no se trata de fallas planteadas de modo súbito, sino que vienen desde tiempo atrás. Parece evidente que la atención de las carencias en una materia de tan candente importancia como es la salud se han ido postergando irresponsablemente a través de los meses y de los años, hasta llegar a un panorama como el actual. De ninguna manera puede disculparse una negligencia tan grande como la que todo esto evidencia. Sin duda que, de aquí en adelante, deben tomarse las medidas para un drástico y veloz cambio de la presente situación. El ministro afirma que ha dispuesto sumarios con motivo de la demora de la ambulancia de Famaillá y de las denuncias contra la autoridad del hospital. Sería deseable que esos sumarios se realicen con premura y que se dispongan medidas en su consecuencia. Pero, al mismo tiempo, urge activar al máximo, y en carácter de absoluta prioridad, el incremento del parque de los referidos vehículos, tanto a través de la reparación de las unidades como de la incorporación de las nuevas que se hallan en trámite. No puede existir compás de espera alguno en este orden de cosas.
El ministro provincial del área reconoció el deterioro del 80 por ciento del parque automotor del Siprosa, y afirmó que el Ejecutivo solicitó oportunamente al Gobierno nacional la provisión de 20 de estos vehículos, que aún no han sido entregados. También se espera para los próximos días, dijo, la entrega de 10 ambulancias que fueron adquiridas con un aporte del Gobierno nacional. Pero la realidad es que, hasta el momento, el déficit tiene características alarmantes, y ya se sabe que en la enfermedad y en los accidentes no existe margen de espera. De allí que mientras se mantenga la situación de carencia puede afirmarse, sin exagerar, que la población se encuentra en una patética situación de desamparo. Como bien lo dijo el ministro de Salud Pública provincial, para que en Tucumán se puedan atender con eficacia las emergencias harían falta 50 ambulancias. Al mismo tiempo, constituye un requisito indispensable, agregó, que dichos vehículos se encuentren debidamente equipados y que funcionen en un sistema de red.
Esta es la realidad del interior de la provincia en la materia. Sería sobreabundante destacar el dramatismo que tiene el hecho de que quien sufra un accidente o una enfermedad grave que requiere urgente traslado se vea confrontado a la posibilidad cierta de perder la vida por la falta del vehículo que lo transporte, o por la demora en su arribo, o por la ausencia del acondicionamiento necesario, en el vehículo, para una debida y eficaz atención durante el trayecto hasta el hospital.
Sin duda no puede admitirse, en una comunidad que se precie de civilizada, una situación de desprotección como la que testimonian estos hechos. Lo peor es que, como puede advertirse, no se trata de fallas planteadas de modo súbito, sino que vienen desde tiempo atrás. Parece evidente que la atención de las carencias en una materia de tan candente importancia como es la salud se han ido postergando irresponsablemente a través de los meses y de los años, hasta llegar a un panorama como el actual. De ninguna manera puede disculparse una negligencia tan grande como la que todo esto evidencia. Sin duda que, de aquí en adelante, deben tomarse las medidas para un drástico y veloz cambio de la presente situación. El ministro afirma que ha dispuesto sumarios con motivo de la demora de la ambulancia de Famaillá y de las denuncias contra la autoridad del hospital. Sería deseable que esos sumarios se realicen con premura y que se dispongan medidas en su consecuencia. Pero, al mismo tiempo, urge activar al máximo, y en carácter de absoluta prioridad, el incremento del parque de los referidos vehículos, tanto a través de la reparación de las unidades como de la incorporación de las nuevas que se hallan en trámite. No puede existir compás de espera alguno en este orden de cosas.







