Otro testimonio de inseguridad

Los numerosos desarmaderos de automóviles robados de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares del país cercanos a grandes núcleos urbanos, están constituyendo la más reciente novedad de la vasta saga de corrupción y delito que azota al país. Se trata, por cierto, de una vieja historia cuya relativa dimensión hizo posible ignorarla en beneficio de sus complicidades, hasta que la crisis y su consecuente devaluación monetaria la multiplicó, presionada por la demanda. Las leyes de la economía se asociaron así a las pautas del latrocinio y el elevado valor de los repuestos estimuló a las bandas a satisfacer los requerimientos mediante el robo y desguace de los vehículos, que pasaron a comercializarse delictivamente en la gigantesca cadena de negocios legales.
Días atrás, la Policía Bonaerense secuestró 400 automóviles en 21 allanamientos, la mayoría de los cuales se hallaba en proceso de desguace en distintos puntos del conurbano y de la costa. El detalle y la magnitud de esos procedimientos fueron de tal dimensión y notoriedad, que resultaría fantasioso suponer que dichos desarmaderos habían sido organizados e instalados de la noche a la mañana.
Según informes oficiales, en la sustracción de autos durante 2002 se produjo el 40% de los homicidios dolosos. Esa evidencia decidió a las autoridades bonaerenses a atacar el origen del negocio criminal que han llegado a constituir los desarmaderos, debiendo reconocer que hubo tolerancia, donde se ocultó corrupción y connivencia de jefes policiales e intendentes, sin excluir posible financiamiento político y enriquecimiento de funcionarios. Sin esas complicidades no habrían sido factibles las actividades de las bandas a cielo abierto y el trasiego comercial de insumos por cadenas de negocios que los vendían sin mayores controles. Las cifras de tales operaciones son extraordinarias, como el trasiego en las villas de emergencia del distrito federal, Córdoba, Rosario, Mendoza o Paraná. El presidente de la mayor empresa recuperadora de autos ha señalado la existencia de desarmaderos móviles "que se desplazan como una mancha de petróleo en el mar". Esas operaciones delictivas son de una rapidez excepcional, pues de acuerdo con los mismos informes pueden llevarse a cabo a cielo abierto, en no más de veinte minutos y en villas donde temporalmente quedan depositadas las piezas para su distribución.
El problema es otro capítulo de la inseguridad que agobia a vastos sectores del país y su planteamiento se produjo decisivamente mediante acciones directas de grupos sociales cansados de soportar la acción del delito; un fenómeno que hasta la crisis era desconocido entre nosotros y que se ha incorporado a los hábitos colectivos ante el colapso del principio de autoridad institucional y la corrupción consecuente que afecta a los sistemas de seguridad.
En ese oscuro túnel de la crisis caen también, ciertamente, muchos honestos y fieles cumplidores del deber cuyas remuneraciones están muy lejos de compensar el alto riesgo en que se ha convertido la profesión policial y donde la mayoría, seguramente, lo enfrenta con la dignidad y el valor que las comunidades deben reconocerle. Si la demanda de la sociedad en su legítima defensa hace comprensible las acciones de protesta, ello no debe implicar confrontación alguna que ponga en tela de juicio la relación entre la gente y su policía.
Debe comprenderse que lo que está en crisis es el principio de autoridad política tras largos años de desaciertos de las dirigencias superiores de la República, sin cuya recuperación la seguridad de las personas y de sus derechos seguirá condicionada por la improvisación.