15 Julio 2003 Seguir en 
El problema de la recolección de la basura urbana es, hoy por hoy, el más candente de los que enfrenta la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. La basura no se levanta por falta de pago de la tarea. Como lo hemos informado, la empresa concesionaria aduce que no puede abonar los sueldos a su personal por la deuda que la Municipalidad tiene con ella. Deuda cuyo monto, además, dista de hallarse establecido, ya que mientras la empresa habla de 30 millones, la Comuna sostiene que es mucho menor: se espera que fije la cifra la auditoría que se ha dispuesto.
Pero, más allá de estas últimas cuestiones, la realidad que exhibe nuestra capital es de una alarmante suciedad. Los desperdicios están esparcidos por la calle y, mientras el público hace rodeos para esquivarlos, los perros vagabundos los revuelven en busca de alimento. Como es obvio, todo esto configura, en primer lugar, un poderoso foco generador de riesgo sanitario. No puede tener otra consecuencia el hecho de que, en una ciudad con una población de más de medio millón de habitantes cese súbitamente la recolección de los desperdicios domiciliarios.
Al mismo tiempo, es de apuntar que nos encontramos en plena temporada turística, es decir, en la época en que Tucumán aspira a ofrecer su mejor aspecto a los viajeros, dado que su presencia resulta muy importante para dinamizar nuestra decaída economía. Ni qué decir que, con este cuadro de la basura diseminada, lejos de mostrar el mejor rostro a los visitantes les exhibimos el peor. Es frecuente verlos actualmente tomar fotografías de las calles llenas de desperdicios, lo que difundirá una triste imagen de nuestra ciudad.
Parece sobreabundante decir que una urbe con la dimensión que tiene la nuestra no puede continuar un minuto más con el servicio recolector suspendido. Así, el tema debe desenredarse de inmediato y, antes de que al mes siguiente estalle de nuevo, urge llegar a una solución que sea definitiva. Porque un tema con esa trascendencia sanitaria y social no es de los que admitan dilatarse, de modo alguno, en el tiempo. Pensamos que no pueden existir opiniones distintas sobre el particular, y es de esperar que la nueva intendenta instale, como absoluta prioridad de su gestión -que abarcará menos de cuatro meses- poner término a este asunto.
Porque más allá de "apagar el fuego" en la coyuntura, el problema de la recolección de residuos en San Miguel de Tucumán es algo que debe zanjarse de manera definitiva. Entre los servicios que una ciudad civilizada tiene que prestar imprescindiblemente a sus pobladores este es uno de los elementales, por las implicancias de toda índole que tiene. No es posible, entonces, que el municipio mantenga impagas deudas millonarias con una prestadora, ni que a ello se agreguen disensiones profundas acerca de la cifra.
Urge que la auditoria que se está practicando arroje resultados lo más pronto posible, de manera que quede claro el monto de la acreencia de la empresa. Fijado este, corresponderá un diálogo para acordar una refinanciación de dicho pasivo, y para acordar también las condiciones de la prestación que, según alega la Municipalidad, no se estarían cumpliendo de acuerdo con las estipulaciones del contrato existente.
Pero lo que interesa, repetimos, es que la cuestión tenga una salida concluyente. Muchas veces hemos afirmado, y es oportuno reiterarlo, que el Estado debe dejar de arrastrar situaciones en el tiempo a fuerza de parches y de medidas coyunturales. Los problemas han de definirse en sus reales características, y ha de operarse sobre esa base real. Obrar de otro modo no es más que postergar algo que fatalmente vendrá a plantearse de nuevo poco después, y generalmente con peores características.
Pero, más allá de estas últimas cuestiones, la realidad que exhibe nuestra capital es de una alarmante suciedad. Los desperdicios están esparcidos por la calle y, mientras el público hace rodeos para esquivarlos, los perros vagabundos los revuelven en busca de alimento. Como es obvio, todo esto configura, en primer lugar, un poderoso foco generador de riesgo sanitario. No puede tener otra consecuencia el hecho de que, en una ciudad con una población de más de medio millón de habitantes cese súbitamente la recolección de los desperdicios domiciliarios.
Al mismo tiempo, es de apuntar que nos encontramos en plena temporada turística, es decir, en la época en que Tucumán aspira a ofrecer su mejor aspecto a los viajeros, dado que su presencia resulta muy importante para dinamizar nuestra decaída economía. Ni qué decir que, con este cuadro de la basura diseminada, lejos de mostrar el mejor rostro a los visitantes les exhibimos el peor. Es frecuente verlos actualmente tomar fotografías de las calles llenas de desperdicios, lo que difundirá una triste imagen de nuestra ciudad.
Parece sobreabundante decir que una urbe con la dimensión que tiene la nuestra no puede continuar un minuto más con el servicio recolector suspendido. Así, el tema debe desenredarse de inmediato y, antes de que al mes siguiente estalle de nuevo, urge llegar a una solución que sea definitiva. Porque un tema con esa trascendencia sanitaria y social no es de los que admitan dilatarse, de modo alguno, en el tiempo. Pensamos que no pueden existir opiniones distintas sobre el particular, y es de esperar que la nueva intendenta instale, como absoluta prioridad de su gestión -que abarcará menos de cuatro meses- poner término a este asunto.
Porque más allá de "apagar el fuego" en la coyuntura, el problema de la recolección de residuos en San Miguel de Tucumán es algo que debe zanjarse de manera definitiva. Entre los servicios que una ciudad civilizada tiene que prestar imprescindiblemente a sus pobladores este es uno de los elementales, por las implicancias de toda índole que tiene. No es posible, entonces, que el municipio mantenga impagas deudas millonarias con una prestadora, ni que a ello se agreguen disensiones profundas acerca de la cifra.
Urge que la auditoria que se está practicando arroje resultados lo más pronto posible, de manera que quede claro el monto de la acreencia de la empresa. Fijado este, corresponderá un diálogo para acordar una refinanciación de dicho pasivo, y para acordar también las condiciones de la prestación que, según alega la Municipalidad, no se estarían cumpliendo de acuerdo con las estipulaciones del contrato existente.
Pero lo que interesa, repetimos, es que la cuestión tenga una salida concluyente. Muchas veces hemos afirmado, y es oportuno reiterarlo, que el Estado debe dejar de arrastrar situaciones en el tiempo a fuerza de parches y de medidas coyunturales. Los problemas han de definirse en sus reales características, y ha de operarse sobre esa base real. Obrar de otro modo no es más que postergar algo que fatalmente vendrá a plantearse de nuevo poco después, y generalmente con peores características.







