"Cuando la gente dice que la justicia lenta no es justicia, tiene razón", lanzó hace un año el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y expresó el sentir de muchos argentinos, que ven cómo las sentencias de los jueces demoran años en llegar. En Tucumán, según informaron fuentes judiciales, desde que comienza la investigación de un delito hasta que se realiza el juicio oral transcurren, en promedio, cinco años.
"Tenemos que atacar la burocracia del sistema y simplificarlo. Cuando se sancionó en 1991 el Código Procesal Penal que instauró los juicios orales y creó las fiscalías de Instrucción, fue un avance enorme. Pero seguimos teniendo mora judicial, con un procedimiento y una estructura propios del viejo sistema", manifestó el presidente de la Cámara Penal de Tucumán, Pedro Roldán Vázquez.
Precisamente, al cumplirse 20 años desde que cambió el proceso penal en la provincia, la Cámara Penal organizó una serie de conferencias para tratar de impulsar una reforma que permita mejorar el servicio de justicia. Uno de los disertantes fue el procesalista Alberto Binder, que propició la necesidad de avanzar hacia una mayor oralidad.
"Actualmente rige la lógica del trámite. Ingresa un caso, se lo delega en un instructor o empleado de la fiscalía, que redacta los escritos sin estrategias ni hipótesis. Así se van amontonando los expedientes, y se genera una sensación de que cada fiscalía está bajo un torrente de casos y que no pueden hacer nada", describió Binder.
El especialista dijo que basta con ingresar a las fiscalías de cualquier Poder Judicial del país, y se pueden ver los expedientes acumulados en los escritorios y estantes. "Ves a los empleados trabajando sin una organización clara. Los fiscales quieren hacer una medida, redactan un oficio y lo envían. A los tres meses, al no llegar nada, la reiteran. Todo es así, moroso. Y mientras vos tengas los expedientes 'moviéndose' en trámite aparente, tramitando, está todo bien. Pero la realidad es que no se tramita nada", comentó Binder.
"Cuando se hizo el código en 1991, fue el primero en Argentina que dividió la función entre el fiscal y el juez de Instrucción. Ese código fue seguido después por todas las provincias. El fiscal no puede dictar una prisión preventiva, porque es prácticamente una pena anticipada; lo tiene que hacer un juez. Una persona que está acusada es inocente hasta que se haya demostrado lo contrario. El límite de dos años para la prisión preventiva nos obliga a tener una resolución rápida. Si hay un inocente preso, estamos destruyendo a esa persona. La razón de ser del Estado es proteger al individuo", dijo Roldán Vázquez.
El camarista precisó que la mora judicial permite que crezca la desconfianza hacia los jueces. "Cómo puede una persona pensar que no hay corrupción, si ve que alguien que está preso durante tres años, recupera la libertad sin juicio. Se pregunta '¿Cuánto pagó?'. Y recuperó la libertad porque lo manda la ley. Pero lo que está mal es que pase ese tiempo sin que se realice el juicio", afirmó.
En promedio, cada una de las seis salas que integran la Cámara Penal realiza, por año, unos 40 juicios orales. A ellos hay que sumarles las sentencias que se dictan en los juicios abreviados. Este año, los casos que están siendo juzgados ocurrieron, en su mayoría, en 2006 y 2007, aunque hay algunos que sucedieron hace unos 10 años. "Hay muchas situaciones que deterioran el sistema democrático de la Justicia. Por eso es una cuestión trascendental mejorar el proceso penal", dijo el camarista.
Entre las reformas propuestas, se analiza incorporar nuevos mecanismos para resolver conflictos. "¿Cómo puede ser que no tengamos una oficina de atención a la víctima, para ver qué le pasa, qué necesita? La Justicia no es para proveer seguridad, sino para que vaya preso el que tiene que ir preso. Quema un tipo que está detenido cuando no tiene que estarlo, como quema un prófugo. Nuestra función es resolver conflictos entre las personas, y si la sentencia no es creíble, el conflicto no se soluciona", dijo el camarista.