Sebastián "garrón" Romero está acusado de matar a Silvia Castillo de Roselló en un intento de robo en diciembre de 2009. Durante dos meses, fue intensamente buscado en operativos en Tucumán y Salta. Finalmente, fue arrestado en marzo de 2010, y desde entonces se encuentra alojado en la cárcel de Villa Urquiza. Todavía la causa no fue elevada a juicio, porque deben resolverse las apelaciones presentadas por los abogados de las partes. En seis meses, Romero debería recuperar su libertad, ya que la ley establece que una persona puede estar con prisión preventiva un máximo de dos años (un plazo que debería ser lógico para que se realice la investigación y el juicio oral). ¿Puede un testigo, que no sabe si lo llamarán a declarar en un juicio oral, recordar dentro de dos años lo que pasó dos años atrás? Probablemente sí. Seguramente no con exactitud. Lo mismo pasa con los objetos que son peritados para buscar pistas claves en la pesquisa: difícilmente arrojen la misma contundencia si se intenta reproducirlos unos años después. Además, basta presenciar varios juicios orales para comprobar que las pruebas que se tienen en cuenta a la hora de dictar sentencia, son las recolectadas durante los dos o tres primeros meses de investigación. ¿Qué pasa entre esos primeros meses de instrucción y los cuatro o cinco años (mínimo) que demora en comenzar el juicio oral? Papeles. Puros papeles de planteos que podrían resolverse en una audiencia de un par de horas, sin necesidad de vulnerar el derecho a defensa de los acusados. Mientras tanto, de un lado, "Garrón" aguarda que definan su futuro. Si es inocente, habrá pasado dos años tras las rejas, injustamente. Del otro lado, un esposo y tres hijos esperan que la Justicia les diga si encontraron al asesino de Silvia Castillo. Y es un caso más, entre tantos...
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