Justifican pagos realizados en 1996

El habilitado de la Secretaría del Interior, Julio César Bevacqua, recurrió el acuerdo del Tribunal de Cuentas, por el cual se le impuso una suspensión en el ejercicio de cargos públicos por el lapso de 10 años y un cargo fiscal para la devolución de casi $ 2 millones al erario.
Bevacqua había sido declarado rebelde por el ente de contralor por no haberse presentado en ninguna instancia del trámite administrativo, pese a varias notificaciones. El funcionario reconoció que la resolución fue tomada sin su intervención. El acuerdo 785 fue unánime, firmado por Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Terraf.
"La publicación, de una manifiesta intencionalidad política, pretende hacerme aparecer como patrimonialmente responsable de una cuantiosa suma de dineros públicos. Los fondos a los que se hace mención fueron siempre manejados por la Oficina de Coordinación General de la Secretaría del Interior, conforme a la documentación existente", señaló el imputado. El organismo informó al secretario del Interior, Sergio Arroyo, que las sanciones no están firmes.
Bevacqua adjuntó a su recurso, "la documentación requerida por el órgano de control como demostración inequívoca de que no existe ningún tipo de perjuicio al erario". Algunos de los expedientes abiertos contra el funcionario se remontan a pagos efectuados en 1996, de los que no había rendiciones de cuentas en la sede del Tribunal.
En el descargo, el habilitado aportó pruebas sobre los nueve expedientes abiertos en su contra y sobre los cuales lo castigó el Tribunal. Según las resoluciones entregadas, todos los recursos reclamados habrían sido entregados a municipios y comunas.