Por Redacción Política
12 Julio 2003
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La intendenta Marta de Ezcurra dio nuevas muestras de firmeza, al cesantear al dirigente sindical Osvaldo "Cacho" Acosta. El gremialista había dicho, días atrás, que ardería Troya si se tocaban las recategorizaciones. Luego de disponer la suspensión de los ascensos y de dejar sin efecto los nombramientos hechos por su antecesor, Antonio Alvarez, la jefa municipal decidió el despido del gremialista.
"Acosta estaba designado en un ente inexistente con rango de secretario, y cobraba más que un concejal", señaló De Ezcurra. Al ser un funcionario designado por un intendente anterior debió presentar su renuncia. "Como no lo hizo, lo dejé cesante", acotó.
La intendenta dijo que Acosta hizo apología del delito y que ella se ajustó a derecho al asumir la resolución de dejarlo fuera de la planta municipal. ¿Es un llamado de atención para el resto?, se le consultó. "No, porque me estaría convirtiendo en una patotera como ellos", contestó.
"Me preguntan por Acosta como si fuera Bin Laden", ironizó la intendenta después de recibir repetidas consultas de la prensa.Acosta, quien fue hasta ayer secretario general de la Unidad de Control Previsional, se defendió de la acusación y dijo que la repartición en la que trabajaba fue creada por ley nacional, a la cual la Municipalidad se adhirió por medio de una ordenanza. "No es una dirección sino una oficina que depende del intendente", señaló Acosta, quien ocupa ese cargo desde hace 12 años, con un sueldo de $ 1.800.
El dirigente no es parte de la directiva del gremio, sino que representa a un grupo de delegados "autoconvocados". Respecto de su separación del cargo, indicó que buscará el resguardo legal con un abogado laboralista. "Me tienen que pagar una indemnización, que es de un sueldo por año de antigüedad (tiene 30 en la Municipalidad), más el preaviso", especificó.
En movimiento
En tanto, el engranaje municipal empieza a desperezarse. De Ezcurra -quien ayer se reunió nuevamente con el ministro de Gobierno provincial, Manuel Pedernera- dijo que, de a poco, la actividad en la Municipalidad se va normalizando.
"Ya hay varias reparticiones en marcha, y se prepara un operativo grande para erradicar los basurales y trabajar en obras públicas", señaló.
Ayer se entregó una ambulancia totalmente equipada a la Asistencia Pública -que estaba lista para ser retirada desde hace varios meses- y se avanzó en un convenio con la Provincia para proveer de insumos al sistema de salud municipal.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aníbal Pegoraro, dijo que se está elaborando, un plan con asistencia de la Provincia, para hacer un bacheo generalizado y enripiar unas 230 cuadras, sobre todo en accesos a barrios. Las arterias prioritarias para las tareas de pavimentación son las calles Jujuy, al sur de Magallanes, y Viamonte, al norte de avenida Belgrano.
Además, se prevé retomar tareas atrasadas, como el perfilado de calles, la limpieza de canales y la iluminación de barrios, precisó el funcionario, quien agregó que este fin de semana ya trabajarán algunas cuadrillas, pese al paro de los empleados.
El área de salud es una "catástrofe"
El Ministerio de Salud Pública de la Provincia asistirá con insumos a los Centros de Atención Comunitaria (Cacs) y a la Asistencia Pública, que conforman el sistema municipal de salud.
El ministro Enrique Zamudio recibió un informe, cuyos resultados calificó como "catastróficos". "La atención estaba paralizada, y hay gente que tiene los salarios al día pero no trabaja por falta de insumos", señaló.
En la reunión que mantuvo ayer con la intendenta Marta de Ezcurra, el ministro se comprometió a otorgar un subsidio para la provisión de insumos.
Zamudio dijo que -en forma conjunta con el área programática Centro del Siprosa- se realizará un "mapeo" de la situación de los Cacs. "Se verá el estado de los edificios y si hay superposición de áreas de influencia, para unificarlos con los Caps en el caso de que haga falta", indicó.
Eso, en los hechos, significa que la Provincia se hará cargo del sistema de salud municipal.
Denuncia penal para Alvarez
La denuncia penal contra el ex intendente Antonio Alvarez será presentada en la Fiscalía Anticorrupción luego de la feria judicial. Este receso invernal será aprovechado por los concejales que estudian la causa, encabezados por Osvaldo Nieva, para reunir los elementos de prueba que permitan acusar al legislador electo de mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El eje de la presentación será el manejo de los recursos municipales, con la toma de créditos nuevos y refinanciaciones de anteriores préstamos que no habrían pasado por el Concejo. Pero también se podrían incluir las designaciones de personal municipal, tanto en planta permanente como contratados, sin la obligatoria previsión presupuestaria.
Entre ellos figurarían punteros de Alvarez. También habrían aparecido -entre los papeles del municipio- pagos efectuados a imprentas que realizaron los afiches de varios candidatos del PJ.
"Acosta estaba designado en un ente inexistente con rango de secretario, y cobraba más que un concejal", señaló De Ezcurra. Al ser un funcionario designado por un intendente anterior debió presentar su renuncia. "Como no lo hizo, lo dejé cesante", acotó.
La intendenta dijo que Acosta hizo apología del delito y que ella se ajustó a derecho al asumir la resolución de dejarlo fuera de la planta municipal. ¿Es un llamado de atención para el resto?, se le consultó. "No, porque me estaría convirtiendo en una patotera como ellos", contestó.
"Me preguntan por Acosta como si fuera Bin Laden", ironizó la intendenta después de recibir repetidas consultas de la prensa.Acosta, quien fue hasta ayer secretario general de la Unidad de Control Previsional, se defendió de la acusación y dijo que la repartición en la que trabajaba fue creada por ley nacional, a la cual la Municipalidad se adhirió por medio de una ordenanza. "No es una dirección sino una oficina que depende del intendente", señaló Acosta, quien ocupa ese cargo desde hace 12 años, con un sueldo de $ 1.800.
El dirigente no es parte de la directiva del gremio, sino que representa a un grupo de delegados "autoconvocados". Respecto de su separación del cargo, indicó que buscará el resguardo legal con un abogado laboralista. "Me tienen que pagar una indemnización, que es de un sueldo por año de antigüedad (tiene 30 en la Municipalidad), más el preaviso", especificó.
En movimiento
En tanto, el engranaje municipal empieza a desperezarse. De Ezcurra -quien ayer se reunió nuevamente con el ministro de Gobierno provincial, Manuel Pedernera- dijo que, de a poco, la actividad en la Municipalidad se va normalizando.
"Ya hay varias reparticiones en marcha, y se prepara un operativo grande para erradicar los basurales y trabajar en obras públicas", señaló.
Ayer se entregó una ambulancia totalmente equipada a la Asistencia Pública -que estaba lista para ser retirada desde hace varios meses- y se avanzó en un convenio con la Provincia para proveer de insumos al sistema de salud municipal.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aníbal Pegoraro, dijo que se está elaborando, un plan con asistencia de la Provincia, para hacer un bacheo generalizado y enripiar unas 230 cuadras, sobre todo en accesos a barrios. Las arterias prioritarias para las tareas de pavimentación son las calles Jujuy, al sur de Magallanes, y Viamonte, al norte de avenida Belgrano.
Además, se prevé retomar tareas atrasadas, como el perfilado de calles, la limpieza de canales y la iluminación de barrios, precisó el funcionario, quien agregó que este fin de semana ya trabajarán algunas cuadrillas, pese al paro de los empleados.
El Ministerio de Salud Pública de la Provincia asistirá con insumos a los Centros de Atención Comunitaria (Cacs) y a la Asistencia Pública, que conforman el sistema municipal de salud.
El ministro Enrique Zamudio recibió un informe, cuyos resultados calificó como "catastróficos". "La atención estaba paralizada, y hay gente que tiene los salarios al día pero no trabaja por falta de insumos", señaló.
En la reunión que mantuvo ayer con la intendenta Marta de Ezcurra, el ministro se comprometió a otorgar un subsidio para la provisión de insumos.
Zamudio dijo que -en forma conjunta con el área programática Centro del Siprosa- se realizará un "mapeo" de la situación de los Cacs. "Se verá el estado de los edificios y si hay superposición de áreas de influencia, para unificarlos con los Caps en el caso de que haga falta", indicó.
Eso, en los hechos, significa que la Provincia se hará cargo del sistema de salud municipal.
Denuncia penal para Alvarez
La denuncia penal contra el ex intendente Antonio Alvarez será presentada en la Fiscalía Anticorrupción luego de la feria judicial. Este receso invernal será aprovechado por los concejales que estudian la causa, encabezados por Osvaldo Nieva, para reunir los elementos de prueba que permitan acusar al legislador electo de mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El eje de la presentación será el manejo de los recursos municipales, con la toma de créditos nuevos y refinanciaciones de anteriores préstamos que no habrían pasado por el Concejo. Pero también se podrían incluir las designaciones de personal municipal, tanto en planta permanente como contratados, sin la obligatoria previsión presupuestaria.
Entre ellos figurarían punteros de Alvarez. También habrían aparecido -entre los papeles del municipio- pagos efectuados a imprentas que realizaron los afiches de varios candidatos del PJ.
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