La Corte favoreció a Bussi con un fallo

Ayer la situación comenzó a despejarse para Antonio Bussi, al menos en uno de los tres frentes judiciales que tiene abiertos. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia declaró inadmisible la acción de amparo deducida por los organismos de derechos humanos contra la postulación a intendente de la capital del presidente de Fuerza Republicana (FR). Este, en consecuencia, quedó virtualmente consagrado jefe municipal electo y recibirá el diploma cuando la Junta Electoral consagre a las futuras autoridades, el 21 del corriente. De todos modos, los denunciantes interpondrán un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación.
La resolución fue adoptada por René Mario Goane, Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato. Se excusaron Antonio Gandur y Héctor Eduardo Area Maidana. El primero porque, en su carácter de presidente de la Junta Electoral, firmó la resolución que dio pie al amparo de los organismos de derechos humanos (estos aducen que Bussi, por su actuación en el proceso militar, carece de idoneidad moral para ocupar un cargo público). El segundo porque fue secretario de Gobierno de la administración provincial de FR (1995-1999).
El argumento excluyente del alto tribunal fue que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y las otras asociaciones denunciantes no tienen un interés concreto -no sufrieron un perjuicio- que los legitime para impugnar la postulación del militar retirado. Con este criterio, fijado como doctrina legal, la Corte casó y corrigió el fallo del 5 de junio pasado de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que le ordenó a la Junta Electoral que sustancie la impugnación contra Bussi. Este fallo, precisamente, fue recurrido por FR, lo que dio lugar a la intervención del alto tribunal.

Sólo el voto
La Corte interpretó que los denunciantes no se encontraban afectados en sus derechos de ciudadanos y de electores, y que las normas provinciales sólo los facultan a denunciar faltas o delitos electorales o a plantear tachas, pero no a impugnar a un candidato, como pretendía el amparo.
"Los demandantes carecen de legitimidad para impugnar candidatos ante la Junta Electoral y, por consiguiente, para interponer este amparo. En su condición de electores y ciudadanos cuentan con el sufragio para sancionar por medio de él a quienes consideren carentes de idoneidad para ocupar un cargo electivo. La única posibilidad que tienen de impedir que un postulante resulte electo es el uso libre del sufragio", concluyeron los vocales.
En FR recibieron el fallo con alegría. "Es un gol más. Se había urdido una maniobra judicial para impedir el acceso de Bussi a la intendencia pero, de a poco, se va despejando el camino.
Sabemos que seguirán poniendo obstáculos, pero nosotros estamos más preocupados por la ciudad. Lo importante es que el pueblo se pronunció por la esperanza de encontrar otra vez la obra pública, la seguridad y el orden que necesita", afirmó Ricardo Bussi.
El próximo escollo de Bussi consiste en que se elevó a juicio oral -sólo falta fijar la fecha de la audiencia- la causa en la que se lo investiga por el presunto pago de gastos reservados durante su gestión como gobernador.