BUENOS AIRES.-La amenaza de una recaída en la recesión ha llevado al gobierno a elevar los mínimos salariales y jubilatorios, confiando en que la decisión se trasladará al consumo. Al menos, ese es el recurso de la cartera económica ante la evidencia de que la devaluación no provocó un significativo aumento sostenido de las exportaciones, ahora afectadas por las dificultades de Brasil. Esa situación, más la declinación bursátil que ha elevado la caída del Merval hasta setenta puntos en un mes, y los índices de deflación, son los datos que los analistas están calificando como referencias de una economía al borde de la recesión. Las cuestiones económicas recuperan así el predominio en el interés públicos que tuvieron hasta la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, cuando fueron desplazadas en buena medida por las políticas. Con ese contexto, el Presidente viajó a Europa sin definir cuál será la solución al problema suscitado por el pedido de arrestos de militares del juez español Baltasar Garzón, lo que coloca cada vez más lejos las posibilidades de extradición, convertidas ahora en frases oficiosas con doble sentido, aunque suficientes para alentar la polémica.
El Congreso
Los intentos de sondear en el Congreso la suerte que podría correr algún proyecto de derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, cuya discusión constitucional está detenida en la Corte Suprema, tan sólo han aportado un extendido deseo de eludir el tema, tanto entre el oficialismo como en la oposición. Ese sería un camino para los más -como se dice ahora- ?garantistas?, pero ni siquiera entre estos se advierte voluntad suficiente para enredar al Parlamento en una cuestión que la sociedad no comparte; mucho menos en tiempo preelectoral. La política argentina ofrece a veces originalidades tan llamativas como la posición del ex jefe del Ejército, Martín Balza, quien desde que el tema de la represión militar y las extradiciones se puso en debate, se muestra públicamente partidario de que haya justicia extraterritorial, calificando duramente a sus camaradas responsables. Balza se cobra así los agravios de que ha sido objeto tras la autocrítica de su gestión, y que incluyeron la expulsión del Círculo Militar.
La implacable denuncia de Luis Barrionuevo contra el gobierno por la intervención del Pami, ha dejado otro hito en la interna que conmueve al peronismo, colocando a la CGT legal en situación de tener que definirse. El sindicalista más rechazado por el oficialismo integra el consejo directivo de la central, -desde el cual anunció el planteamiento judicial de amparos- cuyos miembros, a más de un mes de la asunción del gobierno, no han sido recibidos por el Presidente, algo que no ocurrió con el sindicalismo disidente y las organizaciones de piqueteros. ?El riesgo mayor es ahora que si la CGT se queja por su desplazamiento de hecho, Kirchner resuelva poner fin al sistema de organización gremial vigente?, señaló a este Panorama un significativo integrante de la central obrera. (De nuestra Sucursal)
