El Gobierno y su partido

Los gobiernos democráticos se organizan y tienen respaldo en partidos políticos, pero ello no implica un condicionamiento a sus respectivas organizaciones. Nuestro país ha vivido en los recientes años las consecuencias de una confusión de esos ámbitos y, lo que ha sido más grave, el traslado de las internas partidarias a los poderes del Estado. La crisis que provocó el colapso del gobierno de la Alianza fue un elocuente testimonio de esa circunstancia, donde la ruptura de la coalición y la quiebra posterior del radicalismo contribuyeron decisivamente a la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa. El período de incertidumbre institucional que siguió al vacío de poder, por hallarse vacante la vicepresidencia de la Nación, fue otro capítulo de esa infortunada confusión del gobierno y el partido que, en el caso del justicialismo, asumió un carácter diferente aunque no menos gravoso para los intereses del país. En breves días, dos presidentes transitorios, más los delegados intermedios del Congreso que debieron cubrir interinatos, dejaron en evidencia las profundas divisiones que el oficialismo no ha logrado superar todavía. Debilitado por sus propios correligionarios, Eduardo Duhalde no pudo completar el mandato de De la Rúa, viéndose obligado a reducirlo ante la certeza de que el justicialismo no estaba en condiciones de sostenerlo.
El responsable de la transición dedicó de inmediato gran parte de sus energías a confrontar con el ex presidente Carlos Menem, a cargo de la conducción partidaria. El enfrentamiento consistió en desconocer el régimen de elecciones internas abiertas dispuesto semanas antes, apelando a un sistema de lemas irregular que llevó al justicialismo a las urnas con tres fórmulas presidenciales. El retiro ulterior de Menem del ballottage habría de colocar al país en otro difícil trance que la buena voluntad de la ciudadanía democrática ha superado, confiriendo a Néstor Kirchner el respaldo que las urnas no le habían dado. La situación institucionalmente desordenada provocada por la reducción del mandato presidencial perturbó la marcha del nuevo gobierno al enfrentarlo con las expectativas electorales de renovación parlamentaria, entre las que el Presidente de la Nación debe compartir las complejas obligaciones de su gestión pública con la consolidación del poder partidario.
Esa difícil tarea del doctor Kirchner lo ha llevado a promover candidaturas ajenas a su partido, especialmente en el distrito porteño, donde la mayoría del justicialismo ha optado por una alternativa diferente y también extraña a sus propias filas. En otros distritos el Presidente está tratando de armar un poder marginado del partido oficialista, mientras se agitan los debates internos en el oficialismo político y sindical. No poco desconcierto provocan las graves imputaciones con que se acusa a gobiernos anteriores del peronismo como causantes de la profunda crisis económica y social que soporta el país, sin que por ello se trasladen esas denuncias a las decisiones del partido. El estilo peculiar de convivencia interna que el peronismo puso en evidencia desde su fundación, seguramente no alcanza para absorber sin graves consecuencias una disputa interna como la que derivó en la reciente incertidumbre institucional del país. La misma debería resolverse exclusivamente en el seno partidario y mediante los propios resortes orgánicos, evitando que la administración nacional, que es la de toda la sociedad, quede envuelta en ella. La responsabilidad de la mayor estructura política de nuestra vida democrática exige comprometerse con la buena marcha del gobierno, reflexionando sobre el protagonismo negativo que ejerció como parte fundamental de la crisis. La autocrítica, como ejercicio permanente de cultura política, es otro deber que el partido oficialista adeuda a la sociedad.