Dicen que no podrá asumir por un juicio

En los organismos de derechos humanos están convencidos de que Antonio Bussi está virtualmente atrapado en un callejón sin salida y, antes que por los pedidos internacionales de extradición, por el juicio oral que deberá hacer frente ante la Justicia provincial. La sala VI de la Cámara Penal hizo lugar al pedido de elevación a juicio de la causa en la que se investiga a Bussi y a tres de sus ex ministros por el presunto cobro de gastos reservados prohibidos por la Constitución tucumana durante la gobernación de Fuerza Republicana (1995-1999).
"El artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipios establece que, en el caso de que se impute al intendente la comisión de un delito, procede su suspensión preventiva de pleno derecho; esto último, siempre que el juez competente concluya que hay semiplena prueba en contra del imputado". Esto aseguraron a LA GACETA los abogados Virginia Duffy y Gabriel Pereira.
Los jóvenes letrados, quienes impugnaron la postulación de Bussi por supuesta inhabilidad moral, agregaron que, en caso de recaer sentencia condenatoria, la destitución procede de pleno derecho. "El se encuentra en la primera hipótesis (suspensión preventiva) porque la elevación a juicio implica que hay semiplena prueba de responsabilidad por supuesto peculado", aseveraron. El segundo problema -indicaron- radica en que el titular de FR, por orden de la Justicia, participó en las elecciones pasadas como candidato oficializado en forma precaria, provisoria y condicionada al proceso de impugnación en marcha. La Corte Suprema provincial debe resolver un recurso de FR en contra de la orden dada a la Junta Electoral para que resuelva la objeción planteada.
"La Corte debe recordar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al Estado que evite que personas responsables de violaciones a los derechos humanos ocupen funciones públicas", concluyeron.