La Corte define la impugnación a Bussi

Antonio Bussi respiró aliviado cuando la Junta Electoral concluyó que se había impuesto en la lucha por la intendencia de la capital. Sin embargo, hay nubarrones en el futuro del titular de Fuerza Republicana (FR), en donde minimizan los problemas. Sostienen que están más preocupados por las primeras medidas que adoptarían el 29 de octubre, fecha de asunción de las autoridades.
El primer problema es que, pese a haber ganado, Bussi fue inscripto como candidato provisorio y condicional. Hoy la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que empieza la feria invernal, resolverá el recurso de inconstitucionalidad deducido por FR en contra del fallo de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Esta le ordenó a la Junta Electoral que sustancie la impugnación planteada por los organismos de derechos humanos, que sostienen que el militar retirado carece de autoridad moral para ejercer un cargo público. La decisión es clave para saber si las objeciones deberán ser discutidas o no.
El segundo problema radica en que la sala IV de la Cámara Penal confirmó la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a Bussi y a tres de sus ex ministros (Alberto Germanó, Franco Fogliata y Ramón Arnedo), por el supuesto cobro de gastos reservados por unos $ 5 millones. Asumir como intendente no lo libraría del proceso oral, porque ese cargo no genera ninguna inmunidad.

Polémico decreto
El tercer inconveniente es el pedido de extradición y detención del juez español Baltasar Garzón contra 46 militares argentinos -entre ellos Bussi- por violaciones a los derechos humanos durante el proceso. Por estas horas, en el gobierno de Néstor Kirchner estudian la derogación del decreto 1.581 -lo firmó Fernando de la Rúa-, que bloquea automáticamente cualquier solicitud.
En caso de que caiga el decreto, la Cancillería española le giraría el pedido de Garzón a la Argentina. Esta, a su vez, remitiría los planteos a jueces competentes. Los magistrados deberían estudiar cada caso y determinar si la solicitud es procedente a la luz de la normativa argentina (incluye las leyes de Obediencia Debida y Punto Final). Por vía recursiva, los casos podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bussi puede salir del país, pero según expertos consultados corre el mismo riesgo que Augusto Pinochet, quien fue detenido en Inglaterra.
"Como la gente, estamos más preocupados por dar soluciones al municipio. Además, en la Corte Nacional prima el criterio de mantener la vigencia de las leyes de amnistía, como sucede en casi todos los países", dijo Ricardo Bussi.