El Poder Ejecutivo está asumiendo, en el sentido amplio de la expresión, un problema capital. Con la asunción de Marta de Ezcurra como intendenta, la gestión del gobernador Julio Miranda concretará uno de sus mayores anhelos desde que Raúl Topa abandonó la conducción de la comuna. El Gobierno cristalizó una virtual intervención al municipio, que se traducirá en acciones concretas durante la transición que se abrió hasta el 29 de octubre próximo.
En el plano político-electoral, el gobernador no está dispuesto a hacer lugar a las elecciones complementarias en algunos circuitos, como lo propicia un sector del peronismo corporizado en el secretario general partidario, Antonio Guerrero. En la Casa de Gobierno analizaron los efectos nocivos de este planteo. A tal punto que piensan que, si el escrutinio definitivo dio como ganador al republicano Antonio Bussi por 17 votos frente a su contrincante justicialista, Gerónimo Vargas Aignasse, la diferencia podría ampliarse en los comicios acotados, por tratarse de un electorado adverso al PJ, como lo fue, históricamente, el capitalino. En la sede del Ejecutivo, incluso, se llegó a escuchar frases como: "hay que tener mucha bronca por el peronismo para votar por Bussi".
El razonamiento va más allá de los límites de San Miguel de Tucumán. Los hombres cercanos a Miranda piensan que si se abre esa puerta (elecciones complementarias), se destaparían otras en el resto de los departamentos donde ganó el Frente Fundacional y en los que la oposición política sigue insistiendo en que hubo fraude y anormalidades en las elecciones. "Daría lugar a cuestionamientos innecesarios en estos tiempos", razonaron varios de los integrantes del gabinete provincial.
Néstor Kirchner abrió una vieja discusión. Al decir que le molestaba que Bussi sea intendente, el Presidente azuzó a miles de peronistas que reclaman a la conducción partidaria una pronta acción para desbancar al poder republicano del municipio.
El miércoles, Miranda trató de salir de la encrucijada que le puso el Presidente, al afirmar que a él también le hubiera gustado que el PJ recuperara la Municipalidad de la mano de un joven conductor. Por lo pronto, el oficialismo no le presentará batalla a Bussi. Esperará los efectos de la presión psicológica y popular a la que someterá a Bussi la eventual derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con las consecuentes reacciones jurídicas contra el general retirado.
Desde otro punto de vista, se conjetura que, con Bussi sentado en el despacho de San Martín y Monteagudo, el próximo gobernador no tendrá problemas en reclamarle acciones de ajuste para sanear las cuentas de la comuna. De esas medidas dependería la continuidad o no de la gestión bussista. A José Alperovich le resultaría difícil tomar una medida tan extrema si, en cambio, el intendente fuera peronista. El senador aún no se ganó el corazón justicialista, por su pasado radical.
Por esas razones, el oficialismo gobernante busca revertir su pálida imagen manteniendo una ciudad en paz, con la recolección de residuos normalizada y con un plan de obras públicas que maquillen tantos años de desidia.Para el presente, el Poder Ejecutivo mantendrá la ayuda de $ 2,1 millones para que la intendenta pague mensualmente los sueldos a las categorías más bajas del escalafón. La condición fundamental es que De Ezcurra revise los nombramientos de personal.
Para el futuro, con el nuevo gobierno, la asistencia anual de $ 25 millones se reduciría casi la mitad. Esto no alcanzará ni para disminuir el déficit municipal mensual de $ 2,5 millones ni para pagar parte de los $ 200 millones de deuda que hoy registra la Municipalidad. El ajuste dirá si la comuna es viable o si continuará al borde del precipicio.
