El Pami, modelo de corrupción

El Poder Ejecutivo Nacional resolvió intervenir el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por 180 días, con el fin de lograr su saneamiento, después de haber constatado una serie de graves irregularidades que amenazan con el colapso del Plan de Asistencia Médica Integral de la clase pasiva. El PAMI, nombre por el que se conoce a la mayor obra social del país, es una institución fundada en 1971. Cuenta con 3,4 millones de afiliados y con un presupuesto anual de 2,6 millones, de los que el 20% se consume en gastos administrativos. Se trata de una institución pública no estatal que en los últimos veinte años tuvo 18 intervenciones -más la que acaba de disponerse- por parte de todos los gobiernos que se sucedieron hasta la fecha.
Tan sólo en cuatro ocasiones fue estatutariamente normalizada, pero por cortos lapsos. El Instituto fue en algún tiempo eficiente, pero sufrió las plagas administrativas de las familias políticas y sindicales que lo redujeron a su precaria situación.
En poco se diferencian los considerandos oficiales que en esta ocasión han fundado la medida oficial pues, dato más o pretexto menos, han repetido las viejas causas del castigo a la clase pasiva, que financia con sus aportes la protección de su salud.
Sin embargo, entre todas esas razones apareció una muy testimonial de lo que puede llegar a constituir el abuso corruptor sostenido en el tiempo sobre una institución de bien público. En el PAMI hay un delegado gremial por cada diez empleados que cobra sueldo y no realiza tareas para los afiliados. Ello, a pesar de que por ley no deberían exceder de 117 delegados. Otras referencias escandalosas cuya extensión impide que sean reproducidas aquí están revelando bastante más de lo que se suponía, a la vez de poner en evidencia el alto grado de responsabilidad concurrente de autoridades de los sucesivos gobiernos. La obra social de los jubilados y pensionados fue, a través de esas repetidas intervenciones, un reducto rentado de las clientelas políticas y sindicales de turno. Entre estas se repartieron durante los recientes años 40 empleos en sus dependencias con rangos de gerencias y subgerencias y sueldos entre 3.300 y 4.400 pesos, así como un excepcional plantel de ñoquis con remuneraciones que duplican el salario promedio en la Capital Federal.
La intervención del PAMI se ha dispuesto con el compromiso de adoptar una serie de reglamentaciones que difícilmente puedan aplicarse en el previsto plazo de seis meses. Sin embargo, no es esa la preocupación mayor, por más que sea importante, que sigue a la decisión adoptada tras la breve normalización del pasado año. El problema fundamental es determinar cómo habrá de hacerse para impedir que la obra social de la clase pasiva deje de ser el reducto rentado de corporaciones partidarias y sindicales que invocan reivindicaciones sociales para sus beneficios políticos y personales.
Ese estado de descomposición denunciado por el Gobierno a la hora de su inevitable intervención, no debe ser tampoco el punto final del problema en lo que concierne a responsabilidades directas por hechos de defraudación malamente amparados en ficticios actos administrativos. La sociedad -especialmente los jubilados y pensionados- no sólo ha de ser informada sobre la evolución de esa reorganización de la obra social, sino igualmente acerca de la marcha de una ineludible investigación que no puede dejar impunes los hechos de corrupción puestos en evidencia.
Por lo demás, el PAMI debe mantener su autonomía institucional y debe ser preservado de las tentaciones estatistas, cuyos frutos amargos constituyen la penosa cosecha de sus intervenciones.