BUENOS AIRES.-El sugestivo mensaje presidencial a las Fuerzas Armadas y la simultánea solicitud del juez español Baltasar Garzón para que se detenga a 46 militares con fines de extradición, han constituido una pesada atmósfera política que, paso a paso, se está instalando en el debate público. Un debate recargado de urgencias -y de oportunismos- que el jefe del gobierno, al introducirlo a poco de asumir en su agenda pública, debe atender ahora sin mayor demora. Son muchas las conjeturas que siguen a esa actitud oficial; desde suponer que Néstor Kirchner quiere dar vuelta a la solución no compartida de la guerra sucia replanteándola, hasta imaginar que esa discusión permite restar atención a otras cuestiones de orden socioeconómico. El gesto de Garzón obligará al Presidente a definirse en alguna medida antes de llegar a Madrid en los primeros días de la semana próxima, pues seguramente la inquietud fundamental de la prensa no será allí la agenda oficial que lo lleva, sino la movilización que en estos momentos realizan los grupos que promovieron la acción judicial. Debe observarse como muy llamativo el hecho de que el pedido del juez español haya coincidido con aquél mensaje. Al menos, Garzón demuestra tener muy oportunos contactos informativos en Buenos Aires.
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Por cierto que la velocidad que se espera de Kirchner para resolver sobre la extraterritorialidad de los juicios a militares, tropieza con las crecientes indefiniciones que han comenzado a advertirse en el propio gobierno y en sectores partidarios oficialistas. Entre estos, los vinculados al justicialismo bonaerense, a pocas horas del retorno de Eduardo Duhalde del exterior y de su reunión en Olivos con el Presidente. El más resuelto hasta hace semanas a favor de liberar las extradiciones fue el canciller Rafael Bielsa, pero ahora se lo observa muy reflexivo y partidario de remitir cada decisión particular a los jueces, con la aprobación posterior del Poder Ejecutivo. Por su parte, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, que pareció acompañar sin reservas la extraterritorialidad judicial, actúa ahora más reflexivo al advertir que el debate puede alcanzar perturbadores efectos políticos y dividir a la sociedad.
No ha sorprendido que el gobierno optase al fin por la intervención del PAMI. Motivos para hacerlo sobran, mientras la larga lista de irregularidades anunciadas y por anunciar tampoco sorprende. La diferencia con las 18 intervenciones precedentes desde la fundación de la obra social de los jubilados por el ex ministro de Bienestar Social de Alejandro Lanusse, Francisco Manrique, es que ahora se está trabajando en el Poder Ejecutivo sobre el proyecto de convertir a la institución en un organismo estatal. Esa, al menos, ha sido la pauta que el Presidente a fijado al ministro de Salud, Ginés González García y que contempla además la descentralización del futuro organismo. (De nuestra Sucursal)
