El Presidente llegó en una mañana fría y le puso su impronta a la celebración patria. Néstor Kirchner hizo todo lo posible para romper los dispositivos de seguridad y acercarse a la gente. Quiso que los medios de todo el país difundieran la imagen de un jefe del Estado que no le teme a la reacción social. Sucede que está capitalizando al máximo el efecto de las decisiones políticas que ha tomado en el primer mes de gobierno.
En las casi cuatro horas y media que permaneció en Tucumán pudo palpar de cerca el clima social y político. Cuando habló de la elección de Antonio Bussi como intendente, no hizo otra cosa que ratificar lo que se presumía. "No me gusta nada, no sé mentir", dijo. Corta y tajante, la sentencia presidencial abre múltiples caminos y no admite dobles lecturas. El futuro del ex gobernador se columpia entre el frente judicial y el político. Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional de España, reactivó el pedido de extradición del presidente de Fuerza Republicana por presuntos delitos de lesa humanidad.
La globalización mostró que tiene brazos largos -no sólo en la faz económica, que es la más visible-. El caso Bussi es uno de los 46 que debe resolver la Justicia luego de la embestida de Garzón. Los máximos jerarcas de la administración federal -con Kirchner en la cima- delinearon esa estrategia, que desempolva viejos expedientes y echa por tierra un decreto de De la Rúa. La palabra presidencial tentó a un ala del peronismo a reactivar la puja por el gobierno municipal de San Miguel de Tucumán. El exiguo margen que separa a Bussi de Gerónimo Vargas Aignasse -median 17 votos- dejó intranquilos a los dirigentes que creen que llegó la hora de retirar de la escena provincial al ex gobernador.
La debilidad electoral de Fuerza Republicana -el frente de Esteban Jerez la desplazó al tercer lugar- incentiva el reclamo de elecciones complementarias en las ocho urnas anuladas. Antonio Guerrero fue uno de los impulsores de esta posición. La Casa de Gobierno, en cambio, no quiere modificar el esquema que le dio buenos resultados. Es mejor tener a Bussi próximo que en la vereda de enfrente.
La palabra eclesiástica
El Presidente es otro, pero el arzobispo Luis Villalba mantuvo imperturbable su línea de filoso análisis de la realidad provinciana.
El 9 de julio de 2002 desnudó Ante Eduardo Duhalde el drama de la mortalidad infantil y reclamó conductas éticas a la dirigencia. El dignatario eclesiástico rescató conceptos de aquel mensaje y los profundizó, ante Kirchner, Julio Miranda y José Alperovich. La clave de la crisis de las instituciones es esencialmente moral y sus responsables son las principales figuras públicas. Villalba denunció sin medias tintas que esos procederes son imitados por los ciudadanos comunes. El mal ejemplo cunde sin que se le ponga contención cultural desde el lado de la política. Detectó así "una perversa inclinación a vivir en la ilegalidad", que se ha extendido por toda la sociedad.
"La educación es todavía una cuestión pendiente. Parecería que el Estado no apuesta a ella", planteó el prelado. "La educación debe ser una política de Estado", agregó. La puesta del problema en el centro de la agenda pública revela que la administración mirandista fracasó. Y que el nuevo gobierno hereda una situación calamitosa, como señalan los índices de deserción en la escuela primaria, que en los últimos años fue del 32,50%. Repitió Villalba un concepto que espantó en 2002: unos 25.000 niños no van a la escuela porque trabajan en las cosechas del limón, de la frutilla, del tabaco y de la papa.
La queja del poder moral de la nación se reitera porque los cimientos de la vida política están erosionados por la ausencia de pautas de ética pública. A las autoridades futuras les cabe el desafío de cambiar el cuadro.
