La sociedad argentina está angustiada por su presente y por su porvenir. El ritmo alucinante al que se depreció el peso en las pizarras de las casas de cambio implicó una devaluación salarial del 113% hasta el viernes pasado.
La paridad de un peso igual a un dólar es cosa del pasado. Hace 48 horas, el billete estadounidense valía 3,20 pesos en la plaza tucumana.
La cotización del dólar es quizás el síntoma más espectacular de una crisis que se profundiza día a día. El incremento del desempleo es el costado más doloroso de ese panorama.Con los valores del viernes pasado, se calculaba que la Provincia triplicaría el costo de la porción de la deuda pública emitida en eurobonos, que se negocia en el mercado externo.
Según estimaciones extraoficiales, esta habría crecido a $ 420 millones, al compás enloquecido del dólar.
Los vaivenes financieros no tapan la raíz política del problema. El presidente Duhalde está tironeado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el sindicato de gobernadores.
La presión por un llamado anticipado a elecciones generales, que nace dentro del propio PJ, conspira contra la estabilidad del propio Duhalde.
El FMI está muy duro con sus exigencias de reducción del gasto público en las provincias, mientras que los gobernadores defienden a muerte la financiación de sus clientelas políticas.La hiperinflación es una perspectiva que no deja de estar presente en ningún análisis realista.
Los esfuerzos para ganar tiempo se agotan. Duhalde está ante una disyuntiva: o arregla con el FMI o elige una Argentina autárquica. La opción por uno u otro polo implica sacrificios.
La acumulación de poder
El mirandismo reacomoda sus piezas en estos días críticos, pero las discrepancias internas no desaparecieron. Los brotes de descontento en el sector público por el retraso salarial llegaron a alterar la tranquilidad de los despachos oficiales. Esa postal, que parecía archivada con el final del gobierno de Antonio Bussi, se actualizó imprevistamente.Las movidas en las esferas legislativa y sindical tienden a aceitar los engranajes del aparato oficialista. Los artífices de ellas son Sisto Terán y Julio Miranda. Se trata, en suma, de concentrar el poder en manos que respondan incondicionalmente a la Casa de Gobierno.
Los desplazamientos de opositores de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Obras Públicas bloquean las opiniones divergentes en asuntos que implican movimientos de fondos. De la comisión de Peticiones, Poderes y Acuerdos (dictamina sobre los pliegos de jueces) se excluyó a los disidentes. Sólo salvaron la ropa Gumersindo Parajón -Derechos Humanos- y Federico Romano Norri -Drogadicción-.
La alianza que aprobó la ley que autoriza la reforma constitucional necesita más espacios de poder y recursos en la Cámara.
Emilio Salvatierra pagó con su expulsión del Frente para Todos el voto que le dio el triunfo al mirandismo.
La estrella de esa nueva mayoría es el ex bussista Gustavo Rojas Alcorta, en quien recaen ahora muchas responsabilidades. Mariano Poliche es el otro político que ejecuta operaciones.
El permanente uso de los decretos de necesidad y urgencia transforma a la Legislatura en una agencia que convalida los actos del Gobierno. Con esas herramientas, el oficialismo obstruye el diálogo y la valoración crítica.
El decreto que ordena la emisión de $ 55 millones en bonos es la última muestra de esa vocación. Hay 50 millones de esa moneda que serán de libre disponibilidad para el Gobierno.
La oposición impugna la vía elegida por el oficialismo, basándose en el artículo 15 de la Constitución que ordena aprobar con dos tercios -27 votos- la toma de empréstitos o emisión de fondos.
Ninguno de los políticos enfrentados con el mirandismo ignora que se convalidará el decreto, pero se resisten a convertirse en apéndices de la Casa de Gobierno. Les espanta la idea de ser los responsables de una mayor devaluación de los bonos.Más temor les causa el hecho de que la Casa de Gobierno pueda disponer de esa masa de bonos para controlar el proceso preelectoral de la Convención Constituyente.
El hielo roto
Las cavilaciones en el oficialismo abundan. Aún tiene tiempo para definir cuándo se citará a elecciones de convencionales constituyentes.
Los graves problemas socioeconómicos de ahora abren un interrogante serio. La admonición del obispo José María Rossi acerca de la existencia de irregularidades en los consejos consultivos que administran los planes sociales metió al oficialismo en una polémica inesperada. El espinazo del aparato mirandista quedó dañado.
Y la apertura de la investigación del patrimonio de los 27 legisladores que votaron por la reforma constitucional quebró el precedente de los gastos de bloque. El juez Víctor Pérez deberá hacer lo que no emprendió con esa espinosa cuestión.
Al fiscal Esteban Jerez no se le cayó la sonrisa de la boca cuando se enteró de la noticia, porque su proceder se había ajustado a derecho. Las idas y vueltas procesales, sin embargo, demoraron el despegue de las averiguaciones. Durante ese lapso podrían haberse registrado transferencias de bienes. Incluso, hay quienes deslizan que también deberían declarar los 13 que no votaron, porque podrían testimoniar sobre ofertas de favores.
Hasta que Pérez no concluya su labor, la sospecha seguirá signando la votación en favor de la reforma.
