La reforma política sigue esperando

Será ilusorio todo proyecto de recuperación nacional si no se encara previamente la reforma del sistema representativo y de sus organizaciones intermedias, los partidos políticos. Hace más de quince años que ese compromiso se está renovando, pero cada vez que se acercaron las periódicas elecciones, desde el oficialismo y la oposición se manifestó invariablemente la imposibilidad de cumplirlo en esa instancia, olvidándoselo después de las urnas. La situación se ha repetido nuevamente, anunciándose a la vez la creación de una subsecretaría de Reforma Institucional que debe comenzar el análisis del tema sobre el que, por cierto, se acumulan más proyectos e investigaciones en el Poder Ejecutivo y en el Congreso que sobre cualquiera otra cuestión.
La reforma política tiene dos grandes partes: el sistema electoral y las organizaciones partidarias. La primera concierne al régimen de selección para cargos electivos, afectado en nuestro caso por modalidades anacrónicas que impiden una comunicación adecuada entre el ciudadano y sus representantes, e imponen a estos, listas que no pueden controlar. La segunda, a las estructuras partidarias, incorporadas formalmente a la Constitución en la reforma de 1994, para constituir las organizaciones intermedias obligatorias de la participación ciudadana.
La combinación de ambos aspectos del sistema representativo conformó una realidad política ineficiente y finalmente perversa, que derivó en la crisis múltiple que todavía afecta al país, hasta quebrar la relación de confianza de la sociedad con su clase política. En los comicios legislativos de octubre de 2001 esa crítica situación habría de manifestarse en el histórico nivel de ausentismo y voto de protesta que, dos meses después, provocaría el colapso del gobierno bajo la presión popular. Desde entonces, la República ha tenido un tránsito institucional tortuoso y de alta peligrosidad, superado tan sólo por la voluntad democrática de las grandes mayorías ciudadanas. Alguna tímida reforma incorporó controles de gastos políticos y trató de imponer las elecciones internas abiertas en los partidos, mas el propio Gobierno de transición practicó malabares para dejarlas sin efecto en su partido, dando lugar así al penoso ballottage frustrado, por el que accedió a la Presidencia el candidato que obtuvo el segundo lugar en la primera ronda.
Ese cuadro de situación -apenas superado por el crédito de esperanza que la ciudadanía concedió rápidamente a Néstor Kirchner- no fue suficiente para que entre los compromisos más urgentes del nuevo Presidente, se incluyera la imprescindible reforma como tarea inmediata y de certeza para una sociedad que observa cómo su clase política repite situaciones y estilos de conducta que tratan de preservar su perdurabilidad. Cierto es que la proximidad electoral no permitiría un proceso electivo con nuevas reglas, más de haberse colocado el tema bajo la misma urgencia atribuida a otros, constituiría una garantía de que quienes hasta el momento lo frustraron en el Congreso se dispondrían a considerarlo. La designación de un nuevo organismo específico en el Poder Ejecutivo parece innecesaria más allá de la conveniencia oficial de ganar tiempo, después de que, desde 1992, no menos de medio centenar de proyectos reformadores partieron hacia el Congreso, donde se acumuló también otra cantidad excepcional con distintos orígenes. Evidentemente está faltando voluntad política para esa decisión, frente al difícil panorama de gestión del partido oficialista, cuya interna condiciona fatalmente los actos políticos del Gobierno.
Por lo demás, debe ponerse fin a que los argentinos permanezcan cautivos de esas verdaderas corporaciones políticas que, por acción u omisión, han contribuido decisivamente a nuestra decadencia.