La futura Legislatura

El vicegobernador electo de la provincia formuló hace pocos días declaraciones que hemos publicado. Estas se refieren a los propósitos y a los objetivos que habrán de enmarcar su acción futura como presidente del Poder Legislativo. Interesa comentarlas brevemente. Es sabido que sobre esa rama del Estado, en los últimos años, han menudeado los más fuertes cuestionamientos, justificados en una apreciable proporción.
Afirma el electo que la Legislatura "va a cambiar" bajo su conducción. Se propone un achicamiento drástico del personal político, y un proceso de transparencia que habrá de alcanzar a las cuentas del cuerpo. Se propone que la comunidad sepa perfectamente cómo y en qué se invierte. Bancarizará al personal para establecer cuántos empleados tiene el Poder Legislativo. Anuncia, asimismo, una reducción "a la mínima expresión" del personal político, es decir el que tiene a sus órdenes cada legislador.
Nadie puede dudar de que estas medidas no sólo resultan por demás necesarias, sino que debieron haberse tomado desde siempre. En efecto, no existe ninguna razón por la cual los fondos que maneja ese poder, en cualquiera de los rubros, estén al margen del celoso control que, de acuerdo con la ley, debe existir en las cuentas públicas. Si hasta la fecha no se ha contado con la transparencia que anuncia el vicegobernador, ello debe anotarse como una seria irregularidad, desde cualquier ángulo que se la mire.
Nos parece que las medidas anunciadas debieran complementarse con otras, que resultan igualmente necesarias. Hablamos, en primer lugar, de bancarizar no sólo al personal de la Legislatura sino también, y principalmente, a los mismos legisladores, cuyo monto efectivo de retribución mensual por diversos conceptos alguien llegó a calificar, no sin ironía, como "secreto de Estado". No puede aceptarse, como resulta obvio, la falta de precisión acerca de esas sumas y de su respectivo desglose hasta el último centavo. Una medida de esa índole constituiría un poderoso aporte a la confianza del ciudadano acerca de su Poder Legislativo.
El esclarecimiento del número de empleados no debiera limitarse, por cierto, a la planta permanente, sino también al personal político. Y por cierto que este último debiera estar también bancarizado en lo que atañe a su retribución. De esa manera, la Legislatura se colocaría en la situación que le corresponde como rama del Estado provincial, ya que ninguna norma le autoriza regímenes de excepción. Ha dicho también el vicegobernador electo que los miembros del Poder Legislativo que asumirán próximamente brindarán soluciones a la gente a través de su "equipo de trabajo social". Pensamos que en este punto resultaría positivo poner las cosas en claro. De acuerdo con la Constitución provincial -estatuto que regla las funciones de cada poder- la ayuda social, por significativa que sea, no está específicamente incluida dentro de las atribuciones de esa rama del Estado. Y bien sabemos que el rótulo de "ayuda social" ha servido con demasiada frecuencia para disfrazar actitudes de clientelismo y de retribución de favores, como también para justificar los extras de la dieta legislativa. Existe sobre este tema un amplio y duro cuestionamiento de la población, al que es igualmente urgente dar respuestas.
La función de la Legislatura es legislar. Es decir, presentar y estudiar minuciosamente proyectos que tiendan al bienestar general, y transformarlos consecuentemente en leyes. Una Legislatura laboriosa, que sesione todas las veces que sea necesario y que lo haga fructíferamente, formalizará sin duda alguna esa "ayuda social" que debe proporcionar a sus conciudadanos, por las vías correspondientes. Convendría tener en cuenta estas puntualizaciones.