06 Agosto 2011
MADRID.- "No pueden 200 personas poner patas arriba la ciudad", afirmó ayer el candidato socialista a la Presidencia española, Alfredo Pérez Rubalcaba, al defender la actuación de la Policía contra los indignados que marcharon hasta el Ministerio del Interior que ocupó hasta hace pocas semanas.
Los enfrentamientos del jueves causaron una veintena de heridos con contusiones y golpes (siete de ellos son agentes policiales) y cuatro detenidos, entre los que se cuenta un periodista. Los movilizados, en tanto, anunciaron que denunciará a las fuerzas de seguridad por los incidentes y reclamaron la inmediata renuncia del actual ministro, Antonio Camacho, y de la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión.
Pérez Rubalcaba negó que los efectivos tengan cualquier tipo de responsabilidad: "si las manifestaciones son pacíficas, la Policía es tolerante, porque son inteligentes; pero si hay violencia, tiene que actuar". En cambio, desde los indignados se refutó ese criterio, al señalar que se debería haber evitado el ataque policial, calificado de repentino y desproporcionado ante una movilización que, según los convocantes, era pacífica.
"Fue una carga indiscriminada contra la sociedad civil. No hubo ningún ataque de los manifestantes; se puede ver en los videos y fotos que fue la Policía la que reprimió sin aviso", dijo Joan Aguirre.
El diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, acusó al bipartidismo que integran los socialistas y la derecha del Partido Popular (PP) de querer acabar con el símbolo de la indignación. Sin embargo, desde el PP también se criticó al Gobierno. "No actúa cuando debe hacerlo y sobreactúa donde no debe", aseveró su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons.
Las marchas se vienen repitiendo diariamente desde que el martes se desalojó a los últimos acampantes de la Puerta del Sol. En reiteradas ocasiones, sin éxito, los movilizados intentaron recuperar esa plaza, símbolo de la protesta que comenzó el 15 de mayo por un cambio político, social y económico. (DPA-Télam)
Los enfrentamientos del jueves causaron una veintena de heridos con contusiones y golpes (siete de ellos son agentes policiales) y cuatro detenidos, entre los que se cuenta un periodista. Los movilizados, en tanto, anunciaron que denunciará a las fuerzas de seguridad por los incidentes y reclamaron la inmediata renuncia del actual ministro, Antonio Camacho, y de la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión.
Pérez Rubalcaba negó que los efectivos tengan cualquier tipo de responsabilidad: "si las manifestaciones son pacíficas, la Policía es tolerante, porque son inteligentes; pero si hay violencia, tiene que actuar". En cambio, desde los indignados se refutó ese criterio, al señalar que se debería haber evitado el ataque policial, calificado de repentino y desproporcionado ante una movilización que, según los convocantes, era pacífica.
"Fue una carga indiscriminada contra la sociedad civil. No hubo ningún ataque de los manifestantes; se puede ver en los videos y fotos que fue la Policía la que reprimió sin aviso", dijo Joan Aguirre.
El diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, acusó al bipartidismo que integran los socialistas y la derecha del Partido Popular (PP) de querer acabar con el símbolo de la indignación. Sin embargo, desde el PP también se criticó al Gobierno. "No actúa cuando debe hacerlo y sobreactúa donde no debe", aseveró su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons.
Las marchas se vienen repitiendo diariamente desde que el martes se desalojó a los últimos acampantes de la Puerta del Sol. En reiteradas ocasiones, sin éxito, los movilizados intentaron recuperar esa plaza, símbolo de la protesta que comenzó el 15 de mayo por un cambio político, social y económico. (DPA-Télam)
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