Por Redacción Política
06 Julio 2003
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El legislador radical José Ascárate está convencido de que Tucumán se parece cada vez más a ese insólito territorio imaginario inventado por el escritor Gabriel García Márquez, Macondo. "Sólo aquí al juez que defiende la propiedad y los derechos sobre los depósitos que realizaron las empresas mediante la Operatoria FET se lo amenaza con un juicio político", afirmó.
El parlamentario anticipó su oposición a la pretensión del Poder Ejecutivo de solicitar un juicio político contra el presidente de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Salvador Ruiz. Este habilitó pedidos de embargo contra el erario, por la caída de la Operatoria FET de canje de Bocade. La medida afectó en $ 5,4 millones la disponibilidad de los recursos públicos, y quedarían aún por trabarse nuevos embargos que subirían la cifra congelada a $ 10 millones. "Los legisladores de la UCR no permitiremos este atropello contra Ruiz ni contra la Justicia independiente; más aún, solicitaremos que el fiscal de Estado, Benito Garzón, que investigue el circuito en el que se reciclaron los bonos depositados en el corralito que significó la Operatoria FET", advirtió Ascárate.
Eterno amiguismo
El legislador concentró todas las críticas en Garzón. "Sólo en este Tucumán-Macondo a un fiscal de Estado se le ocurre amenazar a un juez que intenta poner las cosas en su lugar. Mientras, se premia a los magistrados que ayudaron a no investigar los delitos cometidos por funcionarios del Gobierno", acotó sin dar nombres.
"Garzón debe explicarles a los tucumanos por qué razones las empresas depositantes de la Operatoria FET no pudieron participar en el rescate de los bonos y sí lo hicieron las cuevas de los amigos de los funcionarios", dijo.
Aunque cargó las tintas sobre Garzón, Ascárate también cuestión al gobernador Julio Miranda y al ministro de Economía, José Cúneo Vergés. "Beneficiaron a los usureros a costa del sacrificio de todos los tucumanos, que pagamos con el desagio del impuesto al tonto. Este consistió en depositar los Bocade en cuentas que fueron saqueadas, mientras se imprimían bonos mellizos", concluyó.
Advierten sobre los peligros del totalitarismo
En la oposición sostienen que la amenaza del Poder Ejecutivo de someter a un juez a un juicio político por disentir con un fallo del magistrado muestra la pretensiones hegemónicas y totalitarias que crecen en el oficialismo.
José Luis Avignone, concejal electo de la capital por Unión por Tucumán, se quejó de la intención -aún no concretada en la realidad- de enjuiciar políticamente al titular de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Salvador Ruiz. Este habilitó pedidos de embargo contra el erario, por la caída de la Operatoria FET de canje de Bocade. "No puede ser cuando el Ejecutivo concretó una confiscación lisa y llana en contra de aquellos que confiaron en la Operatoria FET al depositar sus bonos. A cambio, sólo les dieron un certificado a largos años", manifestó.
La ciudadanía se pregunta, según el dirigente radical, cuál es el camino que le queda para hacer valer sus derechos si los fallos se impugnan políticamente. "Que expliquen dónde están y qué hicieron con los 60.000 de dicha operatoria", señaló.
"Todos saben que muchos no iniciaron acciones judiciales por temor a represalias del poder. Pero actitudes y amenazas de esta índole son producto de un gobierno débil moralmente y que, en su despedida, no trepida en dejar huellas y en cercenar los derechos de quienes ejercen sus deberes como corresponde", dijo.
Avignone concluyó que el oficialismo insiste en acallar a quienes levantan la voz y no quieren seguir siendo un rebaño de ovejas obedientes al gobierno de turno.
Los abogados no quieren presiones sobre los jueces
El Colegio de Abogados también se sumó a quienes criticaron al Poder Ejecutivo por amenazar con un juicio político al titular de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Salvador Ruiz, en disconformidad con un fallo suyo.
"Exhortamos al Ejecutivo a evitar el uso de herramientas políticas excepcionales -el juicio político- como un simple factor de presión sobre el Poder Judicial. Tales acciones vulneran el principio republicano de la división de los poderes del Estado reconocido en nuestra Constitución". Este es el pedido que efectuaron Carlos Parajón Canteli y Luis Rodríguez Vaquero, presidente y vocal primero de la institución, respectivamente.
El colegio defendió a Ruiz quien, por la caída de la Operatoria FET de canje de Bocade, dictó varios embargos, que significaron una traba para $ 5,4 millones de los recursos del Estado.
Los abogados cuestionaron la tendencia a dictar normas de emergencia económica que, según ellos, vulneran sistemáticamente el ordenamiento jurídico. "Apoyamos las decisiones jurisdiccionales que hacen primar el imperio del Poder Judicial por sobre la emergencia general, como las que tutelan los derechos y garantías de los administrados, porque afianzan la vigencia del estado de derecho. Estas decisiones pueden ser recurridas o impugnadas, en el legítimo ejercicio de derechos y prerrogativas procesales. Pero, en todos los casos, hay que respetar la independencia de la Justicia y la investidura de los magistrados", dijeron.
Cambio de orientación
Parajón Canteli y Rodríguez Vaquero subrayaron que cualquier ciudadano puede instar a la sustanciación de un juicio político contra un magistrado. "Pero lo rechazamos si la intención es dirigida para presionar a la Justicia, para obtener una solución favorable a los planteos del PE o para discrepar con una resolución que, de alguna manera, cambia la orientación de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en asuntos similares", concluyeron.
El parlamentario anticipó su oposición a la pretensión del Poder Ejecutivo de solicitar un juicio político contra el presidente de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Salvador Ruiz. Este habilitó pedidos de embargo contra el erario, por la caída de la Operatoria FET de canje de Bocade. La medida afectó en $ 5,4 millones la disponibilidad de los recursos públicos, y quedarían aún por trabarse nuevos embargos que subirían la cifra congelada a $ 10 millones. "Los legisladores de la UCR no permitiremos este atropello contra Ruiz ni contra la Justicia independiente; más aún, solicitaremos que el fiscal de Estado, Benito Garzón, que investigue el circuito en el que se reciclaron los bonos depositados en el corralito que significó la Operatoria FET", advirtió Ascárate.
Eterno amiguismo
El legislador concentró todas las críticas en Garzón. "Sólo en este Tucumán-Macondo a un fiscal de Estado se le ocurre amenazar a un juez que intenta poner las cosas en su lugar. Mientras, se premia a los magistrados que ayudaron a no investigar los delitos cometidos por funcionarios del Gobierno", acotó sin dar nombres.
"Garzón debe explicarles a los tucumanos por qué razones las empresas depositantes de la Operatoria FET no pudieron participar en el rescate de los bonos y sí lo hicieron las cuevas de los amigos de los funcionarios", dijo.
Aunque cargó las tintas sobre Garzón, Ascárate también cuestión al gobernador Julio Miranda y al ministro de Economía, José Cúneo Vergés. "Beneficiaron a los usureros a costa del sacrificio de todos los tucumanos, que pagamos con el desagio del impuesto al tonto. Este consistió en depositar los Bocade en cuentas que fueron saqueadas, mientras se imprimían bonos mellizos", concluyó.
En la oposición sostienen que la amenaza del Poder Ejecutivo de someter a un juez a un juicio político por disentir con un fallo del magistrado muestra la pretensiones hegemónicas y totalitarias que crecen en el oficialismo.
José Luis Avignone, concejal electo de la capital por Unión por Tucumán, se quejó de la intención -aún no concretada en la realidad- de enjuiciar políticamente al titular de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Salvador Ruiz. Este habilitó pedidos de embargo contra el erario, por la caída de la Operatoria FET de canje de Bocade. "No puede ser cuando el Ejecutivo concretó una confiscación lisa y llana en contra de aquellos que confiaron en la Operatoria FET al depositar sus bonos. A cambio, sólo les dieron un certificado a largos años", manifestó.
La ciudadanía se pregunta, según el dirigente radical, cuál es el camino que le queda para hacer valer sus derechos si los fallos se impugnan políticamente. "Que expliquen dónde están y qué hicieron con los 60.000 de dicha operatoria", señaló.
"Todos saben que muchos no iniciaron acciones judiciales por temor a represalias del poder. Pero actitudes y amenazas de esta índole son producto de un gobierno débil moralmente y que, en su despedida, no trepida en dejar huellas y en cercenar los derechos de quienes ejercen sus deberes como corresponde", dijo.
Avignone concluyó que el oficialismo insiste en acallar a quienes levantan la voz y no quieren seguir siendo un rebaño de ovejas obedientes al gobierno de turno.
El Colegio de Abogados también se sumó a quienes criticaron al Poder Ejecutivo por amenazar con un juicio político al titular de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Salvador Ruiz, en disconformidad con un fallo suyo.
"Exhortamos al Ejecutivo a evitar el uso de herramientas políticas excepcionales -el juicio político- como un simple factor de presión sobre el Poder Judicial. Tales acciones vulneran el principio republicano de la división de los poderes del Estado reconocido en nuestra Constitución". Este es el pedido que efectuaron Carlos Parajón Canteli y Luis Rodríguez Vaquero, presidente y vocal primero de la institución, respectivamente.
El colegio defendió a Ruiz quien, por la caída de la Operatoria FET de canje de Bocade, dictó varios embargos, que significaron una traba para $ 5,4 millones de los recursos del Estado.
Los abogados cuestionaron la tendencia a dictar normas de emergencia económica que, según ellos, vulneran sistemáticamente el ordenamiento jurídico. "Apoyamos las decisiones jurisdiccionales que hacen primar el imperio del Poder Judicial por sobre la emergencia general, como las que tutelan los derechos y garantías de los administrados, porque afianzan la vigencia del estado de derecho. Estas decisiones pueden ser recurridas o impugnadas, en el legítimo ejercicio de derechos y prerrogativas procesales. Pero, en todos los casos, hay que respetar la independencia de la Justicia y la investidura de los magistrados", dijeron.
Cambio de orientación
Parajón Canteli y Rodríguez Vaquero subrayaron que cualquier ciudadano puede instar a la sustanciación de un juicio político contra un magistrado. "Pero lo rechazamos si la intención es dirigida para presionar a la Justicia, para obtener una solución favorable a los planteos del PE o para discrepar con una resolución que, de alguna manera, cambia la orientación de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en asuntos similares", concluyeron.
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