Por Redacción Política
06 Julio 2003
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El viernes los niños tucumanos sufrieron la peor de las confusiones. Orgullosos del mejor guardapolvos fueron a clase exhibiendo una escarapela en el pecho y protagonizaron con anticipación los festejos de la Declaración de la Independencia, porque el cronograma de vacaciones dispuesto por el Gobierno provincial así lo ordenaba. Para ellos el 9 de Julio pasará inadvertido porque sus escuelas estarán cerradas. Curiosamente, el viernes no era ninguna fecha importante para el país, pero sí para los Estados Unidos, que ese día celebran su independencia. Triste equivocación -¿o será una metáfora?- permitir que los niños se confundan de cuna... de la Independencia.
Puma desorbitado
El desconcierto de los niños no fue el único papelón de la semana. Más grave aún fue ver cómo el puma decidió mostrar sus garras y, como buen felino, rugió contra la Justicia que lanzó fallos en contra del Poder Ejecutivo exigiendo la devolución de bonos que el Estado prácticamente había confiscado a algunas empresas. Ocurre que el camarista Salvador Ruiz puso su firma en sentencias que disgustaron al Ejecutivo. Nada menos que en un tema como el de los Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade). Muchos tenedores vieron cómo el Gobierno, casi burlescamente, no les canjeaba por efectivo los casi 60 millones de bonos depositados a través de las operatorias FET y seguía reciclando y haciendo uso de esos bonos que ellos habían depositado confiando en la gestión del Estado. No sólo no les efectivizaron esos fondos, sino que se negaron a devolverles lo que les pertenecía, es decir, los bonos que habían depositado. El acto de justicia que ordena su reintegro es lo que avaló con su firma Ruiz. Lejos de aceptar sus errores administrativos -por llamarlos de alguna manera- el puma del Ejecutivo amenazó con iniciarle un juicio político, institución que sólo tiene como objetivo la destitución del magistrado. Dejó la sensación de que cuando no gusta lo que fallan los jueces hay que despedirlos. Otra triste figura que, lamentablemente, ya tiene antecedentes en esta gestión mirandista.
El Ejecutivo provincial ya había mostrado sus garras el 17 de junio pasado. En esa fecha, el fiscal de Estado, Benito Carlos Garzón, le había dicho a Ruiz que, por decreto de necesidad y urgencia N 1208/3 del 5 de junio de 2003 se "prohíben tanto los embargos como las medidas cautelares dictadas en causas judiciales en contra de los fondos públicos del Gobierno". Además, el fiscal de Estado planteó que le estaba "prohibido expresamente" al magistrado cualquier medida que afectara el proceso que se había iniciado para que desaparezcan los Bocade. Garzón le advirtió a Ruiz que, en caso de desobediencia, "tendría el reproche de desconocimiento de la legalidad vigente". La advertencia prácticamente se convirtió en amenaza cuando se anunció que se le haría un juicio político a Ruiz. La decisión causó estupor en los Tribunales, y todo el ámbito judicial salió en defensa del magistrado. Inclusive hubo pronunciamientos de políticos ante la gravedad institucional que representaba este anuncio. Curiosamente, el Colegio de Abogados -que también tendría bonos para canjear- no hizo ningún pronunciamiento inmediato y tuvo que pensar 48 horas para expresar su defensa del magistrado.
Con las uñas poco afiladas
Pero las garras del puma no estaban bien afiladas. En su planteo da a entender que un decreto vigente impediría a un magistrado el cuestionamiento de la legalidad o no de esa norma. E incluso da la sensación de que un decreto de necesidad y urgencia tiene mayor validez que la Constitución de la Provincia o de la Nación. Más grave aún es la sugerencia de que le está prohibido al magistrado dictar una medida cautelar. No debería pretender que un decreto emanado desde el Ejecutivo no pueda ser refutado, como si la suprema voluntad de ese poder del Estado no pudiera ser revisado. Una posición que se asemeja más a la de un emperador que a la de un Estado democrático con división de poderes. Tal vez el estilo K que se viene poniendo de moda en la Nación haya mareado al Gobierno de la provincia. Pero no es el caso. La expulsión de Nazareno de la Corte es un caso teñido de los más escandalosos actos de corrupción en el máximo tribunal de la República. Es un alivio para la población. El caso de Ruiz suena mucho más a un acto de prepotencia del Ejecutivo contra alguien que simplemente aplicó su criterio jurídico y que recibió el apoyo de varias instituciones tucumanas.
Esta confusión -una más, como la del festejo de la Independencia argentina- parece no contar, sin embargo, con el aval de otros miembros del gabinete, quienes intentarían evitar el juicio político para que el gobernador Julio Miranda no sume un papelón más por sus ataques contra la independencia de poderes.
Otra vez Tucson
Así terminó la semana. Indudablemente, las elecciones no alcanzan para cambiar a Tucumán.
El triunfo histórico que obtuvo el senador José Alperovich es inobjetable. Fue una apabullante victoria por una diferencia de 100.000 votos que hasta minimiza el reclamo de fraude. Sin embargo, una vez más las mañas, las picardías y otras cosas más graves empañaron los comicios de los tucumanos. A tal punto, que el domingo pasado no hubo festejos, no hubo algarabía; hubo una sensación de misión cumplida. De trabajo concretado, no de algarabía ciudadana. Por eso, a medida que avanza el escrutinio definitivo, se instala cierta incertidumbre. Los hechos que se produjeron desde el domingo hasta ahora son propios de Tucson, donde las leyes y las cuestiones lógicas se ven forzadas por la voluntad de algunos, y no por la de todos, bajo el interés personal, y no en beneficio del bienestar general.
Se repartieron miles de bolsones. Se compraron votos. Se presionó a empleados con situación irregular diciéndoles que, a cambio de una boleta, obtendrían un nombramiento o una recategorización. El clientelismo político no admite la justificación que hizo el secretario general de la Gobernación, Ronal Troncoso. "Se trata de una vocación solidaria", dijo el ex socio de Julio César Aráoz. Sobran ejemplos que lo contradicen. Uno de ellos es el del impresentable intendente Antonio Alvarez, quien consiguió los votos para ser legislador pero ni siquiera puede caminar por las calles de la ciudad que él no supo ordenar.Hubo muchísimos votos-cadena, por medio de los cuales se fuerza la voluntad del ciudadano. Se llegó al paroxismo de que personas muertas se hayan levantado de sus tumbas para sufragar. Se violó la física y se superó la ciencia ficción, al hacer que una persona vote antes de que ella misma haya ido a la escuela para hacerlo. No faltaron los clonados que decidieron no ir a votar y sin embargo figuran en la planilla como si hubieran cumplido con su deber cívico. El lunes por la madrugada, después de soportar todos estos engaños y tentaciones -innecesarios en una provincia seria-, los tucumanos tuvieron una cobertura responsable por parte de la empresa Magic, que puso en Internet hasta el último dato del más desconocido de los sublemas. Pero la transparencia duró 48 horas, y los datos se evaporaron, precisamente, por arte de magia. A esta inexplicable decisión de la Junta Electoral y de la propia firma que hizo el escrutinio provisorio y lo expuso en Internet se agrega el garrafal error del viernes por la noche, cuando, a medida que se sumaban más mesas, los candidatos sacaban menos votos. Sin dudas se trató de una falla, porque no se debía a que hubiera votos que perdiera uno y se sumaran a otro; simplemente todos parecían jugando al "chinchón electoral" y todos obtenían un -10. Pero, en circunstancias como las que se están viviendo, estas fallas crean un manto de sospecha innecesario. Y mientras los resultados se demoran y crean más incertidumbre, ya aparecieron los que piensan en los próximos comicios. Miranda reconoció que será el presidente Néstor Kirchner quien pesará a la hora de definir al futuro candidato a senador. Stella Maris Córdoba, Malvina Seguí y José Ricardo Falú figurarían antes que muchos adlátares del propio Miranda que se autodenominaron menemistas. Por ahora, Miranda no decidió si intentará llegar al Senado, pero lo está pensando.
Ricardo Bussi también piensa en Buenos Aires, y tal vez por eso trató de evitar roces con el mirandismo. Incluso habría llamado al propio gobernador para acordar discursos y reconocer el triunfo del peronismo. Ese gesto horrorizó a algunos bussistas, como Roberto Lix Klett, quien apuesta a pelear contra viento y marea en las denuncias de fraude. Lo cierto es que, mientras se dan estas disyuntivas, ni Gerónimo Vargas Aignasse ni Antonio Bussi saben quién ganó la elección de la intendencia. El secreto se guarda en la Junta Electoral.
Han pasado las elecciones, en las que normalmente la ciudadanía apuesta a un cambio y a mejorar lo que tiene. Indudablemente el proceso en la provincia será largo, y esa es la tarea que se le delegó a Alperovich y a Fernando Juri. Con hechos como los descriptos la ayuda no es mucha.
Puma desorbitado
El desconcierto de los niños no fue el único papelón de la semana. Más grave aún fue ver cómo el puma decidió mostrar sus garras y, como buen felino, rugió contra la Justicia que lanzó fallos en contra del Poder Ejecutivo exigiendo la devolución de bonos que el Estado prácticamente había confiscado a algunas empresas. Ocurre que el camarista Salvador Ruiz puso su firma en sentencias que disgustaron al Ejecutivo. Nada menos que en un tema como el de los Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade). Muchos tenedores vieron cómo el Gobierno, casi burlescamente, no les canjeaba por efectivo los casi 60 millones de bonos depositados a través de las operatorias FET y seguía reciclando y haciendo uso de esos bonos que ellos habían depositado confiando en la gestión del Estado. No sólo no les efectivizaron esos fondos, sino que se negaron a devolverles lo que les pertenecía, es decir, los bonos que habían depositado. El acto de justicia que ordena su reintegro es lo que avaló con su firma Ruiz. Lejos de aceptar sus errores administrativos -por llamarlos de alguna manera- el puma del Ejecutivo amenazó con iniciarle un juicio político, institución que sólo tiene como objetivo la destitución del magistrado. Dejó la sensación de que cuando no gusta lo que fallan los jueces hay que despedirlos. Otra triste figura que, lamentablemente, ya tiene antecedentes en esta gestión mirandista.
El Ejecutivo provincial ya había mostrado sus garras el 17 de junio pasado. En esa fecha, el fiscal de Estado, Benito Carlos Garzón, le había dicho a Ruiz que, por decreto de necesidad y urgencia N 1208/3 del 5 de junio de 2003 se "prohíben tanto los embargos como las medidas cautelares dictadas en causas judiciales en contra de los fondos públicos del Gobierno". Además, el fiscal de Estado planteó que le estaba "prohibido expresamente" al magistrado cualquier medida que afectara el proceso que se había iniciado para que desaparezcan los Bocade. Garzón le advirtió a Ruiz que, en caso de desobediencia, "tendría el reproche de desconocimiento de la legalidad vigente". La advertencia prácticamente se convirtió en amenaza cuando se anunció que se le haría un juicio político a Ruiz. La decisión causó estupor en los Tribunales, y todo el ámbito judicial salió en defensa del magistrado. Inclusive hubo pronunciamientos de políticos ante la gravedad institucional que representaba este anuncio. Curiosamente, el Colegio de Abogados -que también tendría bonos para canjear- no hizo ningún pronunciamiento inmediato y tuvo que pensar 48 horas para expresar su defensa del magistrado.
Con las uñas poco afiladas
Pero las garras del puma no estaban bien afiladas. En su planteo da a entender que un decreto vigente impediría a un magistrado el cuestionamiento de la legalidad o no de esa norma. E incluso da la sensación de que un decreto de necesidad y urgencia tiene mayor validez que la Constitución de la Provincia o de la Nación. Más grave aún es la sugerencia de que le está prohibido al magistrado dictar una medida cautelar. No debería pretender que un decreto emanado desde el Ejecutivo no pueda ser refutado, como si la suprema voluntad de ese poder del Estado no pudiera ser revisado. Una posición que se asemeja más a la de un emperador que a la de un Estado democrático con división de poderes. Tal vez el estilo K que se viene poniendo de moda en la Nación haya mareado al Gobierno de la provincia. Pero no es el caso. La expulsión de Nazareno de la Corte es un caso teñido de los más escandalosos actos de corrupción en el máximo tribunal de la República. Es un alivio para la población. El caso de Ruiz suena mucho más a un acto de prepotencia del Ejecutivo contra alguien que simplemente aplicó su criterio jurídico y que recibió el apoyo de varias instituciones tucumanas.
Esta confusión -una más, como la del festejo de la Independencia argentina- parece no contar, sin embargo, con el aval de otros miembros del gabinete, quienes intentarían evitar el juicio político para que el gobernador Julio Miranda no sume un papelón más por sus ataques contra la independencia de poderes.
Otra vez Tucson
Así terminó la semana. Indudablemente, las elecciones no alcanzan para cambiar a Tucumán.
El triunfo histórico que obtuvo el senador José Alperovich es inobjetable. Fue una apabullante victoria por una diferencia de 100.000 votos que hasta minimiza el reclamo de fraude. Sin embargo, una vez más las mañas, las picardías y otras cosas más graves empañaron los comicios de los tucumanos. A tal punto, que el domingo pasado no hubo festejos, no hubo algarabía; hubo una sensación de misión cumplida. De trabajo concretado, no de algarabía ciudadana. Por eso, a medida que avanza el escrutinio definitivo, se instala cierta incertidumbre. Los hechos que se produjeron desde el domingo hasta ahora son propios de Tucson, donde las leyes y las cuestiones lógicas se ven forzadas por la voluntad de algunos, y no por la de todos, bajo el interés personal, y no en beneficio del bienestar general.
Se repartieron miles de bolsones. Se compraron votos. Se presionó a empleados con situación irregular diciéndoles que, a cambio de una boleta, obtendrían un nombramiento o una recategorización. El clientelismo político no admite la justificación que hizo el secretario general de la Gobernación, Ronal Troncoso. "Se trata de una vocación solidaria", dijo el ex socio de Julio César Aráoz. Sobran ejemplos que lo contradicen. Uno de ellos es el del impresentable intendente Antonio Alvarez, quien consiguió los votos para ser legislador pero ni siquiera puede caminar por las calles de la ciudad que él no supo ordenar.Hubo muchísimos votos-cadena, por medio de los cuales se fuerza la voluntad del ciudadano. Se llegó al paroxismo de que personas muertas se hayan levantado de sus tumbas para sufragar. Se violó la física y se superó la ciencia ficción, al hacer que una persona vote antes de que ella misma haya ido a la escuela para hacerlo. No faltaron los clonados que decidieron no ir a votar y sin embargo figuran en la planilla como si hubieran cumplido con su deber cívico. El lunes por la madrugada, después de soportar todos estos engaños y tentaciones -innecesarios en una provincia seria-, los tucumanos tuvieron una cobertura responsable por parte de la empresa Magic, que puso en Internet hasta el último dato del más desconocido de los sublemas. Pero la transparencia duró 48 horas, y los datos se evaporaron, precisamente, por arte de magia. A esta inexplicable decisión de la Junta Electoral y de la propia firma que hizo el escrutinio provisorio y lo expuso en Internet se agrega el garrafal error del viernes por la noche, cuando, a medida que se sumaban más mesas, los candidatos sacaban menos votos. Sin dudas se trató de una falla, porque no se debía a que hubiera votos que perdiera uno y se sumaran a otro; simplemente todos parecían jugando al "chinchón electoral" y todos obtenían un -10. Pero, en circunstancias como las que se están viviendo, estas fallas crean un manto de sospecha innecesario. Y mientras los resultados se demoran y crean más incertidumbre, ya aparecieron los que piensan en los próximos comicios. Miranda reconoció que será el presidente Néstor Kirchner quien pesará a la hora de definir al futuro candidato a senador. Stella Maris Córdoba, Malvina Seguí y José Ricardo Falú figurarían antes que muchos adlátares del propio Miranda que se autodenominaron menemistas. Por ahora, Miranda no decidió si intentará llegar al Senado, pero lo está pensando.
Ricardo Bussi también piensa en Buenos Aires, y tal vez por eso trató de evitar roces con el mirandismo. Incluso habría llamado al propio gobernador para acordar discursos y reconocer el triunfo del peronismo. Ese gesto horrorizó a algunos bussistas, como Roberto Lix Klett, quien apuesta a pelear contra viento y marea en las denuncias de fraude. Lo cierto es que, mientras se dan estas disyuntivas, ni Gerónimo Vargas Aignasse ni Antonio Bussi saben quién ganó la elección de la intendencia. El secreto se guarda en la Junta Electoral.
Han pasado las elecciones, en las que normalmente la ciudadanía apuesta a un cambio y a mejorar lo que tiene. Indudablemente el proceso en la provincia será largo, y esa es la tarea que se le delegó a Alperovich y a Fernando Juri. Con hechos como los descriptos la ayuda no es mucha.
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