La tentación de ejercer el poder es muy grande, como lo saben todos los que pasaron por él. El triunfo histórico del justicialismo de la semana pasada fue relativizado por el propio gobernador electo, José Alperovich, al aclarar que la victoria no le da más derecho que el de conducir los destinos de la provincia por 4 años. De su desempeño depende que Tucumán ingrese al tercer milenio o quede relegada en la historia social con datos estadísticos de finales del siglo XIX.
La tolerancia y el respeto a los disensos integran la primera encomienda que recibió el futuro mandatario. En ese sentido, se impone la necesidad imperiosa del diálogo hacia dentro del peronismo y con las fuerzas de la oposición, en una tarea de construcción que debe ser compartida por todos, más allá de la responsabilidad de cada uno. El silencio no es aceptación: es el fracaso más contundente del intento de acercar posiciones.
La tarea no es escasa en un territorio acostumbrado a los desbordes, donde cualquier cosa puede ocurrir en el momento menos pensado. La imprevisibilidad tucumana está incorporada a la vida cotidiana como un dato más, pero podría desquiciar a cualquier visitante. Nada sorprende desde que hace 4 años se pasó un mes sin saber quién era el gobernador elegido por las urnas, o, ahora mismo, cuando es más fácil deshojar una margarita por un amor imposible que anunciar quién estará al mando de la naufragante intendencia capitalina.
Un nuevo frente
En medio de las dudas sobre los resultados electorales, el Poder Ejecutivo abrió un nuevo frente, con el anuncio del pedido de juicio político al camarista Salvador Ruiz. La decisión hecha pública por el fiscal de Estado, Benito Garzón, no tiene numerosos antecedentes. Y es considerada en círculos judiciales como un claro mensaje a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, por donde pasan todas las causas que tienen como parte a algunos de los poderes del Estado, desde el embargo de las cuentas públicas por la Operatoria FET (decisión de Ruiz que enardeció al Gobierno) hasta las impugnaciones a los comicios, pasando por causas irresueltas como la nulidad de la ley que habilitó la reforma de la Constitución provincial.
En la Casa de Gobierno saben que el planteo tendría poco futuro en la Legislatura. Si la comisión de Juicio Político es coherente con sus anteriores resoluciones, el planteo debería ser rechazado de plano al estar la causa todavía en trámite judicial. Desde hace tiempo, los legisladores sólo aceptan pedidos de destitución cuando los casos ya fueron cerrados por la Justicia hasta en su máxima instancia, lo que aún está pendiente en el tema de los fondos congelados por la Operatoria FET caída en 2002.
Aun si la denuncia prosperase en la comisión de Juicio Político y llegase al Tribunal de la Legislatura, todos se preguntan qué legislador hará punta y enfrentará a un integrante del Poder Judicial como Ruiz, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría perderá los fueros en octubre.Garzón envió tres notas a Ruiz antes de decir que iba a pedir su destitución. Las cartas fueron remitidas por el camarista, indignado, a la Corte Suprema de Justicia y a la Asociación de Magistrados, buscando amparo y denunciando indirectamente que era objeto de una presión. También el Colegio de Abogados y Jueces por la Democracia sabían de los escritos, que están incorporados formalmente a las causas.
Hasta que LA GACETA no publicó la primera esquela, el 27 de junio, ninguna entidad había salido públicamente a respaldar al camarista. La Asociación de Magistrados mantuvo contactos reservados con Garzón, tratando de evitar que se repitieran las notas. Como muestran los hechos, las gestiones de Augusto Avila fueron vanas, y la tensión aumentó justo en el momento en que se llama al consenso.
