Vigilantes rigurosamente vigilados

El brutal asesinato de Elda Ana Hovannes ha desestabilizado el precario equilibrio con que las autoridades mantenían la sensación de seguridad/inseguridad en la provincia. La muerte de la vecina del Barrio Ampliación Kennedy -de cuyos autores nada se sabe, excepto que son dos motoarrebatadores sin rostro ni figura llamativa- desnudó la tremenda orfandad del sistema: sucedió en un vecindario de clase media que venía padeciendo desde hace mucho los ataques de los asaltantes, que no tenía ningún tipo de vigilancia policial y que, para colmo de males, era ignorado por los comisarios. Estos no actuaban porque, según dijeron, no habían recibido denuncias. El enojo vecinal podría brotar en cualquier momento, si ocurriera otro ataque violento o si no fueran atrapados los agresores. Ese es uno de los significados de la marcha del viernes a la noche.

La sensación de inseguridad fue tremenda en la semana que pasó. Un muchacho fue asesinado el jueves en el barrio Ejército Argentino, zona periférica y conflictiva, donde los vecinos están abandonados a su suerte. Un día antes, el miércoles, tuvo lugar la enésima queja de la gente que vive junto a Villa Piolín, que a lo largo de este año hizo de todo para que cambie la endémica crisis de seguridad del sector: se cortó la avenida Mate de Luna, se pusieron carteles en los postes de luz, se enviaron videos a YouTube... y nada. La Policía, que tiene instalado un puesto fijo con patrullero en una esquina clave (San Lorenzo y Ernesto Padilla), no tiene mayor registro de denuncias.

Pocos días antes, se habían quejado en el Ministerio de Seguridad Ciudadana 800 habitantes de los barrios Don Bosco y El Bosque. Estos se anoticiaron por el comisario Héctor Medina de que desde el 21 de junio hay 80 agentes destinados a la zona. El clima de inquietud no disminuyó, porque -denuncian- los agentes no responden cuando llaman a los teléfonos previstos.

En todos esos barrios el vecindario asumió un rol exigente: "vamos a controlar que todo lo que dijeron se cumpla"; "esperamos que patrullen y no se vayan dentro de 15 días", advierten. El mismo gobernador, José Alperovich, dejó ver la incomodidad que le genera la crisis. "Hay que tomar el toro por las astas", dijo, y le ordenó al ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, que ponga más efectivos en el barrio Ampliación Kennedy y que vaya personalmente a la zona. Los comisarios se reunieron con los vecinos y les pidieron que sean los ojos y oídos de la Policía. "Nos tienen que llamar por teléfono", dijo el comisario Antonio Quinteros, jefe de la Regional Capital.

La verdad es que están atrapados entre sus estrategias de seguridad y la realidad de los barrios. López Herrera anuncia convenios con los taxistas para poner GPS a los autos, ordena que los agentes lleven libretas para anotar novedades en sus recorridos y en algún momento irá al barrio de Elda Hovannes para mostrar presencia. Pero con esto no se van a aplacar las inquietudes. Los comisarios no pueden dar respuestas integrales porque siguen esperando que el Programa de Protección Ciudadana se termine de implementar (no lo tienen muy claro, por eso a veces hay agentes en las calles y otras veces no); y que los vecinos llamen a las comisarías para que se les entreguen los complicados números de celular a los que deberán llamar si ocurren situaciones de inseguridad.

Sobre todo, están esperando que la gente empiece a confiar. Pero el vecindario no está dispuesto a confiar así nomás. Antes quiere controlar lo que hacen los policías y el equipo de Seguridad Ciudadana, hasta que muestren en serio cómo van a hacer para tomar el toro por las astas.