La decisión del Poder Ejecutivo de pedir a la Legislatura la remoción del camarista Salvador Ruiz causó una fuerte conmoción en Tribunales. El planteo de juicio político aún no fue efectuado, pero organizaciones vinculadas a ejercicio del Derecho cuestionaron el anuncio, que fue considerado por algunos como un mensaje a quienes fallen contra el Estado.
Ruiz optó por el silencio ante la consulta de LA GACETA. "Todo lo que tenía por decir lo dije en la sentencia. Si las partes no están de acuerdo con mi pronunciamiento, tienen las vías judiciales para efectuar sus planteos", destacó el magistrado cuestionado por el fiscal de Estado, Benito Garzón.
Los embargos
El presidente de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo habilitó pedidos de embargo contra el erario, por la Operatoria FET caída. La medida afectó en $ 5,4 millones la disponibilidad de los recursos públicos, y quedarían aún por trabarse nuevos embargos que subirían la cifra congelada a por los menos $ 10 millones.
Intimaciones
Garzón le envió varias notas a Ruiz, intimándolo a no insistir en los embargos y con la advertencia velada de que podría pedir su juicio político. El jueves, el fiscal de Estado anunció que solicitará la remoción del camarista por considerar que desconoce el Derecho y la doctrina judicial, y que sus fallos son incongruentes.
Magistrados, con Gandur
La Asociación de Magistrados cuestionó el anticipo de Garzón. Su titular, Augusto Avila, destacó que las resoluciones de los jueces no pueden ser evaluadas por los juicios políticos, conforme reiterados pronunciamientos de la comisión parlamentaria. "Es muy riesgoso que el motivo de un planteo en la Legislatura sea una decisión judicial, genera un grave precedente", señaló el titular de los magistrados.
Avila se reunió ayer con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, para informarle de la posición oficial de la Asociación de Magistrados.
Disconformidad
"La disconformidad con las decisiones judiciales debe discutirse a través de los procedimientos previstos en los códigos. Otra forma de entender el funcionamiento del sistema republicano se traduce en una grave afectación del principio de independencia del Poder Judicial", advirtió el doctor Avila.El magistrado afirmó que la asociación que preside "no aboga ni a favor ni en contra de los aciertos o errores que puedan contener las decisiones jurisdiccionales atacadas, pero sí defiende enfáticamente los principios de independencia y de la división de los poderes del Estado".
"El poder político no debe entrometerse"
El legislador Gumersindo Parajón (Pueblo Unido) reaccionó airadamente ante la decisión del Gobierno de pedir juicio político al camarista Salvador Ruiz, por haber dispuesto embargos contra fondos del Estado, en juicios iniciados por tenedores de bonos atrapados en el corralito de la operatoria FET. "Después de haber ganado en forma aplastante las elecciones del domingo pasado, quieren atemorizar a la Justicia", advirtió ayer en declaraciones a LA GACETA. "Hace 12 años que vivimos con prórrogas de la Ley de Emergencia Económica", se quejó. Parajón es integrante de la comisión de Juicio Político, hacia donde se canaliza toda demanda de destitución.
"Voy a defender al juez Ruiz, porque el poder político no puede entrometerse en las sentencias judiciales, ni menos amenazar con juicios políticos porque un fallo no le gustó", aseveró. El legislador de Pueblo Unido precisó, además, que la Corte Suprema de Justicia rechazó un "per saltum" (salteo de instancia) por la misma cuestión.
Ruiz optó por el silencio ante la consulta de LA GACETA. "Todo lo que tenía por decir lo dije en la sentencia. Si las partes no están de acuerdo con mi pronunciamiento, tienen las vías judiciales para efectuar sus planteos", destacó el magistrado cuestionado por el fiscal de Estado, Benito Garzón.
Los embargos
El presidente de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo habilitó pedidos de embargo contra el erario, por la Operatoria FET caída. La medida afectó en $ 5,4 millones la disponibilidad de los recursos públicos, y quedarían aún por trabarse nuevos embargos que subirían la cifra congelada a por los menos $ 10 millones.
Intimaciones
Garzón le envió varias notas a Ruiz, intimándolo a no insistir en los embargos y con la advertencia velada de que podría pedir su juicio político. El jueves, el fiscal de Estado anunció que solicitará la remoción del camarista por considerar que desconoce el Derecho y la doctrina judicial, y que sus fallos son incongruentes.
Magistrados, con Gandur
La Asociación de Magistrados cuestionó el anticipo de Garzón. Su titular, Augusto Avila, destacó que las resoluciones de los jueces no pueden ser evaluadas por los juicios políticos, conforme reiterados pronunciamientos de la comisión parlamentaria. "Es muy riesgoso que el motivo de un planteo en la Legislatura sea una decisión judicial, genera un grave precedente", señaló el titular de los magistrados.
Avila se reunió ayer con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, para informarle de la posición oficial de la Asociación de Magistrados.
Disconformidad
"La disconformidad con las decisiones judiciales debe discutirse a través de los procedimientos previstos en los códigos. Otra forma de entender el funcionamiento del sistema republicano se traduce en una grave afectación del principio de independencia del Poder Judicial", advirtió el doctor Avila.El magistrado afirmó que la asociación que preside "no aboga ni a favor ni en contra de los aciertos o errores que puedan contener las decisiones jurisdiccionales atacadas, pero sí defiende enfáticamente los principios de independencia y de la división de los poderes del Estado".
"El poder político no debe entrometerse"
El legislador Gumersindo Parajón (Pueblo Unido) reaccionó airadamente ante la decisión del Gobierno de pedir juicio político al camarista Salvador Ruiz, por haber dispuesto embargos contra fondos del Estado, en juicios iniciados por tenedores de bonos atrapados en el corralito de la operatoria FET. "Después de haber ganado en forma aplastante las elecciones del domingo pasado, quieren atemorizar a la Justicia", advirtió ayer en declaraciones a LA GACETA. "Hace 12 años que vivimos con prórrogas de la Ley de Emergencia Económica", se quejó. Parajón es integrante de la comisión de Juicio Político, hacia donde se canaliza toda demanda de destitución.
"Voy a defender al juez Ruiz, porque el poder político no puede entrometerse en las sentencias judiciales, ni menos amenazar con juicios políticos porque un fallo no le gustó", aseveró. El legislador de Pueblo Unido precisó, además, que la Corte Suprema de Justicia rechazó un "per saltum" (salteo de instancia) por la misma cuestión.







