La corrupción como estilo político

Nunca como en la actualidad los argentinos hemos estado tan sensibilizados ante los compromisos oscuros de la política. Especialmente por los hechos donde los poderes públicos y los partidos políticos son, directa o indirectamente, responsables de la corrupción, hasta hacer de ella el factor más decisivo de la crisis. Una encuesta de Transparency Internacional en 47 países ha colocado al nuestro en primer lugar, donde el 52,2% de los consultados señaló a los partidos, mientras que el 93% opinó que esa situación afecta "muy significativamente" a la vida política. Puede afirmarse en ese orden sin caer en error que la corrupción configura un estilo de nuestra vida pública que, al afectar la vida privada como lo ha hecho durante los recientes años, ha roto los lazos de confianza de la sociedad con sus representantes formales. Si hubiera que buscar un símbolo ejemplar de esa ruptura, el más apropiado sería el instante en que un presidente provisional anunció en la asamblea legislativa del Congreso la insolvencia de la Nación frente a sus compromisos financieros, siendo acogida su declaración con una ovación de la mayoría del auditorio. A partir de ese gesto, siguieron otros hechos como la devaluación sin previsiones razonables y la pesificación, que dejaron la marca de la inseguridad jurídica sobre la República. Los casos de la Corte Suprema, envuelta en un desprestigio histórico por la docilidad de la "mayoría automática" a los requerimientos del poder político, y del PAMI, son los más reveladores de los grandes modelos de corrupción que agobiaron al país. El primero, por someter la Justicia a la voluntad gubernamental en situaciones fundamentales para los intereses generales. El segundo, por el manejo discrecional de los recursos de la clase pasiva hasta formalizar un estilo defraudador de quienes invocan las necesidades de los más débiles al servicio de sus propios bolsillos. Hasta último momento, el sindicalismo oficial y la partidocracia de turno, protagonistas de esa satrapía, retacearon las medidas de transparencia que el Gobierno se ha propuesto formalmente ejecutar. ¿Será posible que, lo mismo que la comisión de Juicio Político de Diputados resolvió remitir a la Justicia para su elucidación las eventuales responsabilidades del ex presidente de la Corte, se proceda en la obra social de los jubilados?
Esos grandes modelos de corrupción no son los únicos que merecen mención puntual. Existen otros que tratan de encubrirse en los formalismos institucionales. Entre ellos, los testimonios de nepotismo que en provincias como Santiago del Estero o San Luis han institucionalizado el poder familiar en la vida pública, a veces con un perfil anacrónico más propio del país en ciernes que precedió a la Organización Nacional. No menos reveladores como testimonios de corrupción republicana son los renovados afanes de perpetuar en los poderes públicos el caudillaje, que representan las reformas constitucionales de Formosa o de Salta para entronizar como sistema la reelección ilimitada de gobernadores. Tales ejemplos no cierran la larga lista de vicios políticos que jalonan la repudiable tesis del poder desmedido, sostenida en el tiempo mediante esa red corruptora de intereses que clausura los partidos a los reales intereses de la sociedad. No se trata, por cierto, de sanear a la República pasando por encima de principios y normas que son parte esencial del orden institucional, sino de aplicar procedimientos inobjetables, evitando revanchismos ideológicos que tanto daño han causado igualmente al país. El prestigio de la autoridad para consolidar la confianza sólo se gana con el respeto que se debe a sí misma como representante imparcial de toda la sociedad.