29 Julio 2011 Seguir en 
La inseguridad se ha convertido en un tema cotidiano de muchos tucumanos. Los hechos muestran que el miedo de que cualquiera puede ser asaltado en cualquier lugar y hora, no es una "sensación", sino una realidad. El crimen de Elda Hovannes, ultimada el 19 de julio por un motoarrebatador en la puerta de su casa, en el barrio Ampliación Kennedy, cuando se aprestaba a subir a un taxi, provocó la indignación de una buena parte de la sociedad, así como de los vecinos de ese y otros barrios que padecen a diario la acción de los malvivientes. El comisario de la seccional 12ª le dijo el miércoles al casi centenar de manifestantes de los barrios Kennedy, Ampliación Kennedy, Feput y O'Connor que ahora cuentan con 89 policías, con más autos y motos. "Ese personal es de la comisaría, llegó para quedarse aquí. Son policías de ustedes", afirmó y acotó que los agentes tienen asignada una parada, y un sector por el cual deben patrullar de a dos. Las inquietudes vecinales fueron: "¿Siguen los mismos números de teléfono?", "¿Cómo son los policías que se incorporaron porque algunos no tienen estado físico para andar por la calle?", "¿Por qué no se los ve a toda hora?"
Otros que viven diariamente con el corazón en la boca en el barrio, ubicado a la altura de San Lorenzo al 2.700, detrás del predio donde estaba la firma Cootam. Los delitos más comunes ocurren en la vía pública, aunque desde el año pasado los delincuentes roban en las casas. Estos ciudadanos se cansaron de cortar la avenida Mate de Luna, presentaron notas en la Policía y solicitaron reunirse con representantes del Ministerio de Seguridad, pero no les dieron respuestas. Se quejan además que los agentes no les toman las denuncias. La sensación de desprotección llegó a tal extremo que una mujer les pidió permiso a sus vecinos para electrificar el perímetro de su casa. Sin embargo, el comisario de la seccional 3ª sostuvo que todos los oficiales están para recibir denuncias y desde que asumió a fines de mayo pasado, el delito disminuyó. Dijo que con la aplicación del Programa de Protección Ciudadana, concentrado en la prevención, las denuncias se redujeron.
El lunes pasado, vecinos de los barrios El Bosque y Don Bosco presentaron una nota con 800 firmas en el Ministerio de Seguridad, solicitando que el Gobierno les garantice vivir en paz en la zona. "Queremos que los delitos se prevengan. La Policía nos pidió que nos organicemos y lo hicimos. Estamos para cooperar con ellos y para encontrar una solución a la inseguridad. Como el Gobierno no hace caso a los cortes de calle ni a las protestas, decidimos seguir los pasos administrativos y legales que corresponden. Nos respaldamos en la Constitución Nacional, no para hacer un juicio, sino para que se nos garantice seguridad", aseveró una vecina.
Esta secuencia se repite en los últimos años con distintas variantes. Mientras los ciudadanos reclaman mayor seguridad y justicia, y hostigados por la delincuencia y ante la falta de respuestas, efectúan manifestaciones, cortan calles, rutas para ser escuchados, del lado de las autoridades, se responde que el delito está disminuyendo, que un nuevo plan está en marcha, que habrá más policías en las calles. Da la impresión de que unos y otros viven realidades diferentes. Más que preocupante es grave si la autoridad no escucha el clamor la ciudadanía y no diseña una política de Estado integral que permita enfrentar el delito con mayor eficacia.
Otros que viven diariamente con el corazón en la boca en el barrio, ubicado a la altura de San Lorenzo al 2.700, detrás del predio donde estaba la firma Cootam. Los delitos más comunes ocurren en la vía pública, aunque desde el año pasado los delincuentes roban en las casas. Estos ciudadanos se cansaron de cortar la avenida Mate de Luna, presentaron notas en la Policía y solicitaron reunirse con representantes del Ministerio de Seguridad, pero no les dieron respuestas. Se quejan además que los agentes no les toman las denuncias. La sensación de desprotección llegó a tal extremo que una mujer les pidió permiso a sus vecinos para electrificar el perímetro de su casa. Sin embargo, el comisario de la seccional 3ª sostuvo que todos los oficiales están para recibir denuncias y desde que asumió a fines de mayo pasado, el delito disminuyó. Dijo que con la aplicación del Programa de Protección Ciudadana, concentrado en la prevención, las denuncias se redujeron.
El lunes pasado, vecinos de los barrios El Bosque y Don Bosco presentaron una nota con 800 firmas en el Ministerio de Seguridad, solicitando que el Gobierno les garantice vivir en paz en la zona. "Queremos que los delitos se prevengan. La Policía nos pidió que nos organicemos y lo hicimos. Estamos para cooperar con ellos y para encontrar una solución a la inseguridad. Como el Gobierno no hace caso a los cortes de calle ni a las protestas, decidimos seguir los pasos administrativos y legales que corresponden. Nos respaldamos en la Constitución Nacional, no para hacer un juicio, sino para que se nos garantice seguridad", aseveró una vecina.
Esta secuencia se repite en los últimos años con distintas variantes. Mientras los ciudadanos reclaman mayor seguridad y justicia, y hostigados por la delincuencia y ante la falta de respuestas, efectúan manifestaciones, cortan calles, rutas para ser escuchados, del lado de las autoridades, se responde que el delito está disminuyendo, que un nuevo plan está en marcha, que habrá más policías en las calles. Da la impresión de que unos y otros viven realidades diferentes. Más que preocupante es grave si la autoridad no escucha el clamor la ciudadanía y no diseña una política de Estado integral que permita enfrentar el delito con mayor eficacia.







