Es tiempo de controles. En pocos días llegarán a Tucumán los técnicos del Ministerio de Economía de la Nación a establecer si la gestión mirandista hizo los deberes para hacerse acreedora a nuevas asistencias financieras. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo consumió casi $ 40 millones de los $ 86,5 millones previstos por el Programa de Financiamiento Ordenado (PFO), destinado a financiar parte del déficit. Ese plan contemplaba el giro por parte de la Nación de otros $ 91 millones que irán directamente a atender el pago de intereses de la deuda pública provincial durante todo 2003.
Una primera observación es que la actual administración de Gobierno consumió la parte que le correspondía de ese crédito federal. Al firmar el pacto con la Nación, el 5 de marzo pasado, la Provincia acordó para el primer semestre desembolsos de fondos por $ 45 millones. Sin embargo, tomó a cuenta de la coparticipación otros $ 30 millones que tendrán que ser pagados en los próximos meses. Esos recursos, equivalentes a una planilla salarial mensual de los estatales, son negociados actualmente por el Gobierno ante el Palacio de Hacienda para que se abone en ocho cómodas cuotas, de modo que no incida negativamente en la caja mensual.El PFO fue rubricado por el vicegobernador Sisto Terán y en ese convenio se preveía un anticipado optimismo oficial de que el futuro gobernador sería del mismo signo político que el del gobernador Julio Miranda. Terán y el entonces ministro del Interior, Jorge Matzkin, pactaron que para la próxima gestión quedaran disponibles unos $ 30 millones para cerrar el año sin problemas financieros. Lo que no contemplaba el texto del PFO eran los incrementos salariales que el Poder Ejecutivo otorgó, vía ayudas sociales, a los empleados públicos. Ese ítem generará dolores de cabeza a las autoridades provinciales, que deberán explicar a los técnicos federales que no significará el incumplimiento de las metas. Como un alivio no proyectado, el Gobierno comenzó el segundo semestre con fuertes ingresos en materia de coparticipación federal y de recaudación de impuestos provinciales que, de alguna manera, compensará la pérdida de un crédito social sin intereses que eran los bonos de cancelación de deudas (Bocade). Sin embargo, esas proyecciones de ingresos están jaqueadas por los embargos judiciales solicitados por aquellas empresas que quedaron atrapadas en el "corralito de los bonos". Esta es una cuestión que divide las bibliotecas, usando la terminología jurídica. Mientras el Estado insiste en que se encuentra vigente la emergencia económica provincial, los acreedores sostienen que su reclamo se basa pura y estrictamente en un acto de recuperar lo que les pertenece y que el Gobierno les confiscó para atender sus necesidades financieras más urgentes.
Con todo este escenario, el ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, considera que la solución está en "cerrar el grifo" al gasto público hasta la asunción del nuevo Gobierno.
Esto significará que el Poder Ejecutivo sólo hará inversiones en educación, salud y posiblemente en seguridad. Para ello necesitará de la mano nacional con apoyos financieros no reintegrables disponibles para las provincias de las cuentas del Ministerio del Interior.
Por las dudas, Cúneo Vergés ordenará al equipo de auditores del Ministerio de Economía la realización de una auditoría integral en cada área del Estado. "Es la única manera de brindar cierta credibilidad a la acción del Gobierno de transición", reconoció el titular del área económica.
Esos controles ya se iniciaron en el ámbito del personal estatal. Según trascendió, existiría una orden ministerial para frenar los nombramientos y, también, controlar a los empleados para que trabajen y justifiquen el sueldo, sin importar si se trata de agentes permanentes o contratados políticos.
