24 Marzo 2002 Seguir en 
La libertad -entre sus diversas acepciones- es la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes y a las buenas costumbres. Hace 19 años, los argentinos volvimos a recuperar la democracia, que trajo consigo la tan ansiada libertad, es decir la posibilidad de expresar libremente el pensamiento y la posibilidad de que una sociedad pueda crecer sin la tutela de regímenes dictatoriales que, afortunadamente, comenzaron a pasar al olvido en la última década. Por falta de gimnasia histórica en este sistema de gobierno, la democracia experimentó constantes tropiezos en estas casi dos décadas y se halla actualmente sin rumbo por la incapacidad de la clase dirigente (políticos, empresarios, economistas, sindicalistas, etcétera) para unirse, consensuar y aplicar un plan que ponga a la Argentina nuevamente de pie y se desligue del pesado lastre de la corrupción, que nos atormenta.
En una democracia todo está permitido, siempre y cuando se respeten las leyes. En este marco de libertad, el disenso, que forma parte de nuestra idiosincrasia, y la protesta han adquirido ya un rostro cotidiano en el país, convulsionado social y económicamente.Hace algo más de dos años surgió una nueva modalidad de protesta: los piquetes y cortes de ruta que, así como la quema de gomas en el centro de nuestra ciudad, se han vuelto cotidianos hasta el punto que pueden parecer normales. Los piqueteros representan la voz de los sin voz, es decir de aquellas personas que, acuciadas por el desempleo, el hambre y también la miseria, no se sienten representadas por ningún dirigente, o que han sido víctimas, en muchos casos, de las promesas de políticos o de funcionarios, y el único modo que encuentran para hacer escuchar su voz es impidiendo el libre tránsito de los demás.
Con esta actitud esperan arrancar una solución inmediata por parte de los gobernantes, pero en general, la respuesta ha sido la indiferencia. Mientras tanto, el perjuicio de los cortes de ruta recae en los mismos comprovincianos que tienen inconvenientes para llegar a sus empleos. Perjudica a los productores que no pueden sacar sus productos; a quienes vienen de otras provincias; al transporte público de pasajeros.
Ante la ausencia de respuestas, los piqueteros hallaron un camino para eludir la indiferencia del Gobierno provincial y comenzaron a cobrar peaje. En diciembre pasado informábamos que en cuatro piquetes de la ruta 38 se recaudaban por día $8.000. Por miedo a las represalias más que por solidaridad, los conductores pagan compulsivamente "el peaje".
Nadie duda de que los reclamos son justos, pero no es menos cierto que nunca es justificable el empleo de la violencia para alcanzar un objetivo; la protesta se desvirtúa cuando invade los derechos de los demás porque ello implica una violación a la ley.
La única respuesta del Gobierno provincial ha sido entregar planes Trabajar y los bolsones de comida ?sin alentar proyectos de desarrollo social y económico- que contribuyen más a la humillación que a la dignidad de nuestros comprovincianos. Sin embargo, poco o casi nada ha hecho hasta el momento para resguardar el derecho de los miles de tucumanos perjudicados diariamente por los cortes de ruta.
Así como en el Gobierno hay una gran fertilidad de ideas en cómo lograr la continuidad en el poder, del mismo modo debería aplicarse esta fecundidad para encontrar soluciones a los problemas básicos de una sociedad, promoviendo tal vez en forma masiva la creación de cooperativas de trabajo o dándoles uso a las tierras fiscales abandonadas.
En un marco de libertad y democracia, el Gobierno tiene la obligación de hacer respetar el derecho de todos los ciudadanos y no apelar a la indiferencia y al silencio, cuando las situaciones lo sobrepasan.
En una democracia todo está permitido, siempre y cuando se respeten las leyes. En este marco de libertad, el disenso, que forma parte de nuestra idiosincrasia, y la protesta han adquirido ya un rostro cotidiano en el país, convulsionado social y económicamente.Hace algo más de dos años surgió una nueva modalidad de protesta: los piquetes y cortes de ruta que, así como la quema de gomas en el centro de nuestra ciudad, se han vuelto cotidianos hasta el punto que pueden parecer normales. Los piqueteros representan la voz de los sin voz, es decir de aquellas personas que, acuciadas por el desempleo, el hambre y también la miseria, no se sienten representadas por ningún dirigente, o que han sido víctimas, en muchos casos, de las promesas de políticos o de funcionarios, y el único modo que encuentran para hacer escuchar su voz es impidiendo el libre tránsito de los demás.
Con esta actitud esperan arrancar una solución inmediata por parte de los gobernantes, pero en general, la respuesta ha sido la indiferencia. Mientras tanto, el perjuicio de los cortes de ruta recae en los mismos comprovincianos que tienen inconvenientes para llegar a sus empleos. Perjudica a los productores que no pueden sacar sus productos; a quienes vienen de otras provincias; al transporte público de pasajeros.
Ante la ausencia de respuestas, los piqueteros hallaron un camino para eludir la indiferencia del Gobierno provincial y comenzaron a cobrar peaje. En diciembre pasado informábamos que en cuatro piquetes de la ruta 38 se recaudaban por día $8.000. Por miedo a las represalias más que por solidaridad, los conductores pagan compulsivamente "el peaje".
Nadie duda de que los reclamos son justos, pero no es menos cierto que nunca es justificable el empleo de la violencia para alcanzar un objetivo; la protesta se desvirtúa cuando invade los derechos de los demás porque ello implica una violación a la ley.
La única respuesta del Gobierno provincial ha sido entregar planes Trabajar y los bolsones de comida ?sin alentar proyectos de desarrollo social y económico- que contribuyen más a la humillación que a la dignidad de nuestros comprovincianos. Sin embargo, poco o casi nada ha hecho hasta el momento para resguardar el derecho de los miles de tucumanos perjudicados diariamente por los cortes de ruta.
Así como en el Gobierno hay una gran fertilidad de ideas en cómo lograr la continuidad en el poder, del mismo modo debería aplicarse esta fecundidad para encontrar soluciones a los problemas básicos de una sociedad, promoviendo tal vez en forma masiva la creación de cooperativas de trabajo o dándoles uso a las tierras fiscales abandonadas.
En un marco de libertad y democracia, el Gobierno tiene la obligación de hacer respetar el derecho de todos los ciudadanos y no apelar a la indiferencia y al silencio, cuando las situaciones lo sobrepasan.





