Por Redacción Política
03 Julio 2003
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Según el PE, la Justicia perjudica las finanzas
En el Poder Ejecutivo se recibe con malestar cada fallo de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativa que dispone embargos al Estado para devolver bonos a empresas que recurren a la Justicia por la paralización de la Operatoria FET.
Ayer, el ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, manifestó que la Cámara se equivoca. "En mi opinión los fallos no tienen fundamentos adecuados", dijo al aludir al último embargo de $ 2 millones de bonos en favor de una empresa de servicios.
"Me llama la atención, porque se trata de vocales que tuvieron una larga trayectoria en el Derecho Administrativo. Creo que los fallos podrían ser revisados por la Corte Suprema de Justicia. Estimamos que podríamos obtener una decisión favorable", señaló. De hecho, la Fiscalía de Estado apeló los fallos.
Cúneo Vergés aseguró que se está produciendo un daño a las finanzas provinciales. ¿Le resulta sospechosa la conducta de los vocales?, se le preguntó. "No podemos juzgarlos porque no tenemos elementos, sólo el hecho concreto del daño patrimonial que se le produce al Estado con sus fallos, en momentos en que las finanzas están en un equilibrio delicado", señaló.
Preocupación
La Asociación de Magistrados de Tucumán expresó su preocupación por la versión de posibles juicios políticos contra magistrados del fuero Contencioso Administrativo. "La Justicia no es responsable de las dificultades económicas del Estado", apuntó.
Rechazan un recurso por los gastos reservados
Antonio Bussi sufrió otro revés en la Justicia. Crece la posibilidad de que sea sentado en el banquillo de los acusados por el presunto uso de gastos reservados, prohibidos por la Constitución provincial, durante su gestión como gobernador. La sala VI de la Cámara Penal rechazó el recurso de casación que interpuso su defensa ante la resolución que ordenó la elevación a juicio de la causa en la que está imputado por supuesto peculado. Los otros acusados son los ex ministros Alberto Raúl Germanó (Gobierno), Franco Augusto Fogliata (Producción) y Ramón Nereo Arnedo (Economía).
El 4 de abril, los camaristas Francisco Ruiz Vargas y Jorge Duhart rechazaron el recurso de apelación interpuesto contra el pedido del ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, de que se eleve a juicio la causa.
El juez de Instrucción Eudoro Albo (hoy camarista) había decidido cerrar la causa y sobreseer a los imputados con el argumento de que no estaba probada la sustracción de fondos públicos, pero Jerez insistió en el planteo y la sala VI le dio la razón. El lunes pasado, los mismos vocales rechazaron el nuevo planteo de la defensa de Bussi, que apuntaba a impugnar la sentencia anterior. Ahora les queda deducir una queja por casación denegada.
En la investigación, Jerez concluyó que, aparte de sus salarios, cobraron sumas especiales como gastos reservados o como compensación de gastos (en concepto de cortesía y homenaje), pero sin rendir cuentas. Las sumas ascenderían a $ 5 millones.
Un candidato no apoyó el derecho a la información
El proyecto de ley que impone el derecho de acceso a la información pública, con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, fue apoyado por tres de los cuatro principales candidatos a gobernador, una semana antes de las elecciones. Sólo uno, José Alperovich, se negó a firmar la adhesión, según informó la Fundación Poder Ciudadano, que impulsa esta iniciativa de transparencia en la provincia, promovida por la Organización de Estados Americanos (OEA) a nivel continental.
Poder Ciudadano confeccionó un acta compromiso de nueve puntos para que, cualquiera que resultara ganador durante las elecciones pasadas, garantice que impulsará las medidas antes de los 180 primeros días de gobierno. Algunos de los planteos proponían "impulsar la sanción de la ley de Acceso a la Información Pública, nacional y provincial"; implementar una base única de beneficiarios de planes"; "crear un organismo anticorrupción independiente"; "garantizar la publicidad de las agendas públicas de los funcionarios"; y "establecer un regimen para hacer efectivas las responsabilidades de los funcionarios políticos, exluidos hoy de los regimenes disciplinarios y sancionatorios", entre otras medidas de transparencia.
Entre el 23 y el 25 de junio firmaron el acta de compromiso Osvaldo Cirnigliaro, Ricardo Bussi y Esteban Jerez. El 26 de junio, Alperovich, rechazó reiteradas requisitorias a adherirse, según informó Poder Ciudadano.
En el Poder Ejecutivo se recibe con malestar cada fallo de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativa que dispone embargos al Estado para devolver bonos a empresas que recurren a la Justicia por la paralización de la Operatoria FET.
Ayer, el ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, manifestó que la Cámara se equivoca. "En mi opinión los fallos no tienen fundamentos adecuados", dijo al aludir al último embargo de $ 2 millones de bonos en favor de una empresa de servicios.
"Me llama la atención, porque se trata de vocales que tuvieron una larga trayectoria en el Derecho Administrativo. Creo que los fallos podrían ser revisados por la Corte Suprema de Justicia. Estimamos que podríamos obtener una decisión favorable", señaló. De hecho, la Fiscalía de Estado apeló los fallos.
Cúneo Vergés aseguró que se está produciendo un daño a las finanzas provinciales. ¿Le resulta sospechosa la conducta de los vocales?, se le preguntó. "No podemos juzgarlos porque no tenemos elementos, sólo el hecho concreto del daño patrimonial que se le produce al Estado con sus fallos, en momentos en que las finanzas están en un equilibrio delicado", señaló.
Preocupación
La Asociación de Magistrados de Tucumán expresó su preocupación por la versión de posibles juicios políticos contra magistrados del fuero Contencioso Administrativo. "La Justicia no es responsable de las dificultades económicas del Estado", apuntó.
Rechazan un recurso por los gastos reservados
Antonio Bussi sufrió otro revés en la Justicia. Crece la posibilidad de que sea sentado en el banquillo de los acusados por el presunto uso de gastos reservados, prohibidos por la Constitución provincial, durante su gestión como gobernador. La sala VI de la Cámara Penal rechazó el recurso de casación que interpuso su defensa ante la resolución que ordenó la elevación a juicio de la causa en la que está imputado por supuesto peculado. Los otros acusados son los ex ministros Alberto Raúl Germanó (Gobierno), Franco Augusto Fogliata (Producción) y Ramón Nereo Arnedo (Economía).
El 4 de abril, los camaristas Francisco Ruiz Vargas y Jorge Duhart rechazaron el recurso de apelación interpuesto contra el pedido del ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, de que se eleve a juicio la causa.
El juez de Instrucción Eudoro Albo (hoy camarista) había decidido cerrar la causa y sobreseer a los imputados con el argumento de que no estaba probada la sustracción de fondos públicos, pero Jerez insistió en el planteo y la sala VI le dio la razón. El lunes pasado, los mismos vocales rechazaron el nuevo planteo de la defensa de Bussi, que apuntaba a impugnar la sentencia anterior. Ahora les queda deducir una queja por casación denegada.
En la investigación, Jerez concluyó que, aparte de sus salarios, cobraron sumas especiales como gastos reservados o como compensación de gastos (en concepto de cortesía y homenaje), pero sin rendir cuentas. Las sumas ascenderían a $ 5 millones.
Un candidato no apoyó el derecho a la información
El proyecto de ley que impone el derecho de acceso a la información pública, con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, fue apoyado por tres de los cuatro principales candidatos a gobernador, una semana antes de las elecciones. Sólo uno, José Alperovich, se negó a firmar la adhesión, según informó la Fundación Poder Ciudadano, que impulsa esta iniciativa de transparencia en la provincia, promovida por la Organización de Estados Americanos (OEA) a nivel continental.
Poder Ciudadano confeccionó un acta compromiso de nueve puntos para que, cualquiera que resultara ganador durante las elecciones pasadas, garantice que impulsará las medidas antes de los 180 primeros días de gobierno. Algunos de los planteos proponían "impulsar la sanción de la ley de Acceso a la Información Pública, nacional y provincial"; implementar una base única de beneficiarios de planes"; "crear un organismo anticorrupción independiente"; "garantizar la publicidad de las agendas públicas de los funcionarios"; y "establecer un regimen para hacer efectivas las responsabilidades de los funcionarios políticos, exluidos hoy de los regimenes disciplinarios y sancionatorios", entre otras medidas de transparencia.
Entre el 23 y el 25 de junio firmaron el acta de compromiso Osvaldo Cirnigliaro, Ricardo Bussi y Esteban Jerez. El 26 de junio, Alperovich, rechazó reiteradas requisitorias a adherirse, según informó Poder Ciudadano.
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