La clave está en el escrutinio de las mesas. El dispositivo que se planificó para el domingo pasado está en entredicho. La ausencia de datos accesibles a los fiscales de sublemas, tras la conclusión del conteo de cada urna -en la página web oficial sólo se consignaron los totales por sección electoral- llenó de incertidumbre a más de un político, independientemente de su ubicación oficialista u opositora. La sorpresiva retirada de la página web de Internet agregó más inquietud a una dirigencia hipersensibilizada.
Si las actas de cada mesa hubieran sido pegadas en las paredes de las escuelas se habría dado más claridad al proceso y se habrían disipado los malos entendidos. Los sublemas caídos en desgracia con las jerarquías de los lemas padecen las consecuencias de la exclusión de sus representantes cuando se computaban los sufragios.
Si los votos metidos en las urnas no se reflejan en las actas elaboradas por las autoridades de mesa, a los perjudicados no les queda otro remedio que quejarse durante la etapa que está ahora en desarrollo. No tienen garantía, sin embargo, de que sus reclamos vayan a ser atendidos por la Junta Electoral Provincial (JEP).
La realidad, empero, es más compleja. En la oposición, por ejemplo, temen que sectores del peronismo se aprovechen de los quejosos para impulsar aperturas masivas de urnas. Mediante ese procedimiento se incorporarían votos a candidatos de determinados sublemas oficialistas y perderían posiciones otros de Unión por Tucumán.
El oficialismo buscaría alcanzar así el número mágico de 27 legisladores propios. No es una cuestión baladí esa pretensión del peronismo gobernante: con 27 representantes leales podría autorizar al futuro gobierno a tomar créditos sin necesidad de avales opositores o a destituir jueces que puedan afectar los intereses del Estado con sus sentencias.
Se salvaría así el escollo que significa reunir el quórum exigido por la Constitución de 1990 para que se aprueben determinados asuntos. A la administración mirandista le costó algún tiempo y un cuantioso despliegue de recursos políticos construir la mayoría de 27 en la Legislatura actual.
El sesgo que puede tomar el escrutinio definitivo motivó que el titular de la UCR, José Ricardo Ascárate, le advirtiera al presidente de la JEP, Antonio Gandur, que iba a desatar una borrasca si concedía una apertura generalizada de urnas. Del otro lado se le respondió que se aplicaría a rajatabla el Código Electoral Nacional, lo que supone un criterio restrictivo. Se tranquilizó esa parcela del mundo político con la definición de Gandur, cuyos procederes están bajo la lupa en estos días agitados.
El bussismo mostraba síntomas de relajación con la recuperación de votos en la pelea de su jefe con el peronista Gerónimo Vargas Aignasse por la intendencia municipal de esta ciudad. La situación del ex gobernador Antonio Bussi es de extrema debilidad política, por el desplazamiento de su partido a la tercera posición, tras 15 años de permanencia en los dos primeros puestos de la tabla de los partidos.
Si, finalmente, Bussi llegara a la intendencia sería prisionero del peronismo por partida doble: estaría en franca minoría en el Concejo Deliberante y dependería financiera y políticamente de la buena voluntad de la Casa de Gobierno. Esa hipótesis aún es discutible porque no están cerradas las cuentas electorales en la capital, dado que la liza con Vargas Aignasse permanece sin resolución.
El flanco judicial, por otra parte, se le agitó inesperadamente con la confirmación de que se elevará a juicio oral una causa que le promovió el ex fiscal Anticorrupción Esteban Jerez por el cobro de gastos reservados - están prohibidos por la Constitución del 90-. No obstante, queda abierta la apelación ante la Corte Suprema de Justicia. La oposición sospecha que Bussi está cerca de conciliar con el PJ.
